Un nuevo y violento episodio sacudió la Región del Biobío durante la madrugada del domingo. Un grave atentado incendiario contra las instalaciones de la Central Rucalhue, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, dejó una estela de destrucción cuantiosa: cerca de medio centenar de camiones y maquinarias reducidas a cenizas, y dos guardias heridos.
Al respecto, la reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta en la red social X, condenó enérgicamente el ataque. "Tal como lo hemos hecho en otros casos perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia", advirtió.
En paralelo a la declaración presidencial, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, adelantó una decisión clave del Ejecutivo: la presentación de una querella invocando la Ley Antiterrorista. En declaraciones durante la jornada dominical, el ministro explicó que "los hechos son muy graves" y que se ha iniciado la recopilación de antecedentes precisamente para sustentar esta acción legal.
El fundamento para aplicar la Ley N° 18.314, señaló Cordero, radica en "la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio y el lugar donde ocurrió". Pero un elemento crucial en la decisión del gobierno, según el ministro fue la existencia de "leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista, respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la Ley Antiterrorista". Esta decisión se suma a la anunciada querella bajo la misma ley por un ataque incendiario en Contulmo el pasado 7 de abril, reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
Cordero enfatizó que esta medida "es una aplicación de la nueva ley antiterrorista" y representa una señal clara de que la legislación "no se aprobó ni logró ese consenso por una cuestión simplemente formal". Ante la pregunta sobre la continuidad del Estado de Excepción en la zona, el ministro destacó que "los Estados de Excepción han tenido buenos resultados", pero precisó que, por ahora, se abordará principalmente "la estrategia penal como organizaciones terroristas, que es lo que creo que legalmente nos corresponde".
Cronología
El ataque se desencadenó cerca de las 3 de la madrugada del domingo. Según las primeras informaciones y diligencias de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), un grupo de desconocidos, cuyo número se estima entre 5 y 12 individuos, fuertemente armados y a rostro cubierto, ingresaron al recinto de la Central Rucalhue. Allí, amenazaron y redujeron a los cuatro guardias de seguridad que se encontraban vigilando el lugar.
Tras neutralizar a los vigilantes, los atacantes procedieron a incendiar los vehículos y maquinarias estacionados en el predio.
El saldo preliminar informado por el general Renzo Miccono, jefe de Zona de Carabineros Biobío, fue de 45 camiones y 5 maquinarias afectadas, aunque otras fuentes policiales elevan la cifra total a 48 camiones, 1 motoniveladora y 2 excavadoras, sumando 51 vehículos destruidos.
Investigación a cargo de la PDI
La investigación de los hechos quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la dirección del Ministerio Público. El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Los Ángeles, David Meliñir, confirmó que la PDI se encuentra desarrollando diversas diligencias para esclarecer el caso. Mientras, la empresa afectada, Rucalhue Energía SpA, reaccionó condenando "enérgicamente todo acto de violencia", y anunció la presentación de las "querellas respectivas".
