Hasta no hace mucho, se daba por sentado que vivir en el campo era garantía de tranquilidad. Fue el mismo supuesto por el que centenares de familias, durante la pandemia, decidieron cambiar la rutina santiaguina a cambio de los verdes prados del sur, donde podrían sobrellevar con relativa comodidad el encierro de la pandemia y disfrutar del aire limpio y de la lluvia tan tradicional de este territorio. Pero, el doble crimen cometido en una zona agrícola de Graneros hace dos semanas dejó en evidencia que la realidad en los sectores rurales dista bastante de esa imagen, como lo han venido advirtiendo hace tiempo los gremios del agro de Los Lagos.

En el plano discursivo, el creciente fenómeno del crimen organizado en las ciudades ha acaparado los debates de las autoridades y la natural preocupación de la opinión pública, pero en los campos se ha venido acumulando una tensión que ahora ha aflorado. A decir de los dirigentes de los gremios agrícolas, el abigeato es un temor constante, a lo que se ha unido el robo de maquinaria, a las casas e incluso atentados incendiarios en la zona norte de la región.

Hay aquí una evidente brecha de desigualdad, al menos en la esfera de las prioridades. El Gobierno ha puesto sus esfuerzos en combatir las nuevas modalidades de delito que se han expresado en las ciudades, entre ellas, el sicariato, la extorsión, los secuestros y la trata de personas, pero lo que ocurre en los sectores rurales ha pasado algo más desapercibido, y cuando emerge por algún hecho en particular, el ministro del ramo comete el desatino de llamar a los alcaldes a "dejarse de llorar" y usar los recursos de fondos especiales del Gobierno.

Los Lagos es la cuarta región con mayor población rural del país, después de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, y a eso hay que agregar que por su especial condición geográfica, llegar a las áreas rurales muchas veces supone esfuerzos mayores que en la zona central del país, tanto por su insularidad como su propia extensión territorial. Las advertencias de los gremios y alcaldes tienen que tomarse en serio y generar cambios necesarios para que acá, al menos, el fenómeno de la delincuencia, que es muy probable que crezca, encuentre a las autoridades y a la población con algo más de preparación.

El Colegio de Profesores de Chile convocó a una movilización nacional el lunes 24 de marzo, en respuesta a la seguidilla de agresiones físicas y sicológicas contra docentes. Se trata de un fenómeno complejo que ha crecido en el país en las últimas décadas y Osorno no es la excepción.

Uno de los aspectos más preocupantes de la violencia escolar hacia los docentes es que, en muchos casos, este comportamiento se normaliza dentro del entorno educativo. Los profesores, en su labor de educar y guiar a los alumnos, se están convirtiendo en blanco de agresiones, golpizas, burlas y descalificaciones. Esto no sólo impacta su salud mental y emocional, sino también puede llevar a una disminución en su efectividad profesional. La falta de respeto y la agresividad hacia los docentes puede provenir de los mismos estudiantes, pero también de padres de familia que, en ocasiones, no comprenden el rol de los profesores o desestiman su autoridad.

Las causas de esta violencia son multifactoriales. En algunos casos se relacionan con la falta de disciplina en el hogar, donde los niños y adolescentes no aprenden a respetar la autoridad. Otros factores incluyen el entorno social y económico, la influencia de los medios y la cultura de la violencia que se ha normalizado a través de las redes sociales. En un mundo donde la agresividad es a menudo glorificada, es fácil que los niños y jóvenes adopten comportamientos violentos como una forma de resolver conflictos o expresar frustración.

Las consecuencias de la violencia escolar hacia los profesores son devastadoras. Muchos docentes sufren de estrés, ansiedad y depresión como resultado de estas experiencias. Algunos llegan a abandonar la profesión debido a la insostenibilidad del ambiente laboral. Esto, a su vez, repercute en la calidad educativa, ya que la desmotivación y el miedo pueden afectar la manera en que los profesores se relacionan con sus alumnos y el compromiso que tienen con su trabajo.

Es fundamental abordar este problema desde múltiples frentes. Las instituciones educativas deben implementar programas que promuevan el respeto y la convivencia pacífica, así como ofrecer apoyo sicológico a los docentes que enfrentan situaciones de violencia. La formación en competencias socioemocionales tanto para alumnos como para profesores puede ser una herramienta valiosa para fomentar un clima escolar positivo.

Asimismo, es crucial involucrar a los padres en este proceso. La comunicación entre la escuela y el hogar es clave para crear un entorno en el que se valore el respeto y la empatía. Solo a través de un esfuerzo conjunto se puede erradicar la violencia escolar y garantizar un espacio seguro y saludable para todos los actores involucrados en el proceso educativo. La educación debe ser un espacio de aprendizaje y crecimiento, no de miedo y agresión.