El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió ayer, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.

El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.

De esta forma, los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.

Bolsonaro y los otros 7 acusados, entre los que hay militares de alto rango y ministros de su Gobierno, fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía. Agregó que Bolsonaro fue líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.

Al argumentar en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del exjefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos "en forma detallada" y "satisfactoria" por la Fiscalía.

"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", dijo De Moraes.

El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción".

Bolsonaro

Por su parte, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que están acelerando el proceso en su contra para impedirle disputar las elecciones presidenciales de 2026 en las que, afirmó, nadie lo vencería. "Tienen prisa, mucha prisa", dijo Bolsonaro en sus redes sociales.

Añadió que el proceso en su contra "avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão", contra el entonces presidente Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, "y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato", el de desvíos en la petrolera Petrobras.

El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.

"Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme", dijo Bolsonaro.

Bolsonaro siguió el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y tras conocer la decisión, hizo una declaración a la prensa durante una hora, pero no aceptó preguntas.

Refutó los cargos que se le imputan y cuestionó la imparcialidad de los jueces, a los que acusó de tener motivaciones "personales" contra él, y que el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, montó una "historietilla" para acusarlo.

Asimismo, admitió que, tras las elecciones de 2022, discutió con comandantes militares "hipótesis" para declarar el Estado de sitio y de defensa, pero defendió que estos escenarios están previstos en la Constitución. "Discutir dispositivos constitucionales no es crimen", apuntó.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente, aplaudió la decisión del tribunal: "Es un momento único en nuestra historia, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que a partir del 2 de abril se aplicará un arancel del 25% para todos los automóviles que sean exportados a su país, una nueva y agresiva medida que recrudece la guerra comercial iniciada por su Administración.

"De manera efectiva cobraremos un arancel del 25% (a los autos)", afirmó Trump en la Casa Blanca poco antes de firmar la orden ejecutiva para la medida arancelaria, que según él no afectará a las autopartes fabricadas en Estados Unidos.

Trump explicó que prevé que la medida, que afectará también a camiones ligeros, le puede llegar a reportar a las arcas estadounidenses una cantidad entre los 600.000 millones y el billón de dólares en los próximos dos años.

"Entrará en efecto el 2 de abril, y empezaremos a recaudar el 3 de abril," añadió el presidente estadounidense, que quiso incidir en que "si manufacturas tu vehículo en los Estados Unidos, no hay aranceles".

Trump insistió en que esta partida arancelaria atraerá a fabricantes de vehículos extranjeros a levantar plantas en suelo estadounidense para evitar los gravámenes y puso como ejemplo los planes del fabricante japonés Honda, que este mes anunció que fabricaría un nuevo modelo en su planta de Indiana, en vez de en México.

Trump recordó también que el 2 de abril, fecha que ha bautizado como "día de la liberación", está previsto que anuncie una batería de aranceles recíprocos destinada a países que tengan activados impuestos aduaneros sobre bienes y servicios estadounidenses.

Desde que retornó a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha apostado por implementar de manera agresiva aranceles a las importaciones procedentes de diversos socios de EE.UU. y corregir lo que considera déficits comerciales injustos para Washington, tanto para atraer inversión de capital corporativo foránea como medida de presión para reducir el flujo migratorio o de fentanilo.