La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022 indicó que un 17,6% de la población adulta en Chile presenta algún grado de discapacidad. Esto se traduce en 2.703.893 personas mayores de 18 años. Los hombres, los mayores de 60 años y los quintiles más bajos presentan la mayor cantidad de afectados. Hay 1.746.835 personas (11,4%) que poseen una discapacidad severa, y 957.058 (6,2%) arrastran problemas leves o moderados. Si bien una gran mayoría de las personas afectadas son autovalentes (77,8%), existe un importante porcentaje (9,8%) que depende del cuidado de otros. Esto significa que cerca de un millón y medio de personas dependen de otro para sus actividades básicas.

Hace 15 años, el 10 de febrero de 2010, entró en vigencia la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo inferior al mínimo. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

Esa legislación pretende facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se incorporaron disposiciones para facilitar el acceso de discapacitados al sistema educacional y al mercado del trabajo y se reconoció el lenguaje de señas como medio de comunicación de las personas con limitación auditiva. Se reconoce que ha habido avances, pero aún falta mucho, sobre todo, en la actitud de las personas para reconocer y respetar la discapacidad.

El equilibrio entre extremos, decía Aristóteles, es esencial para una vida plena y ética. Aunque en tiempos de blancos y negros; villanos y depredadores, un lado y el otro, encontrar un punto medio en las discusiones que envuelven al mundo, parece un objetivo cada vez más complejo. Desde un tiempo hasta ahora, hablar de sostenibilidad en la industria de la construcción se ha vuelto un dogma. Los "por qué" es importante construir de manera responsable y reducir nuestra huella de carbono, son razones válidas. Pero la pregunta que aqueja e incómoda es: ¿realmente estamos apuntando a encontrar el equilibrio entre sustentable y desarrollo, o estamos viviendo en un discurso que no aterriza en la realidad productiva del país?.

Actualmente en Osorno, según un informe de la CChC, existe un déficit habitacional cifrado en alrededor de 9 mil viviendas. Mientras tanto los costos de edificación han aumentado por diversas razones, entre ellas, las regulaciones más estrictas, pero ¿cuál es la perspectiva con la que estamos abordando la sustentabilidad?. ¿Con más idealismo del necesario o pragmatismo?. Edgar Glaeser, en El Triunfo de las Ciudades, declaró que la verdadera sostenibilidad pasaba por construir ciudades bien conectadas y con infraestructuras eficientes. Pero en Osorno, como en muchas ciudades intermedias de Chile, seguimos viendo los proyectos de forma aislada, sin una planificación urbana integral, lo que genera expansión descontrolada y mayor demanda de transporte, aumentando así la huella de carbono de cada uno de los ciudadanos afectados.

La eficiencia en el uso de los recursos es también otro punto clave. No basta con reducir el daño ambiental, sino que los ciclos de producción deben repensarse completamente, adoptando (idealmente) modelos de economía circular. En el 2023, el Instituto de la Construcción estimaba que la industria genera 7.2 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD) en Chile, lo que corresponde a más de 10 cerros Santa Lucía al año. Y si los expertos señalan que, más del 90% de los insumos usados en la industria son reciclables, ¿por qué no estamos pensando en ello?.

Chile ha avanzado en regulación, pero la pregunta es si lo hemos hecho estratégicamente. En este sentido, modelos como el de Singapur, donde se ofrecen beneficios tributarios a constructoras que cumplan estándares sostenibles, podrían ser un referente para el país. Los incentivos son recomendados para que las organizaciones adopten estas prácticas.

No se trata de frenar el progreso en nombre de la sostenibilidad ni de ignorar la urgencia climática en favor del desarrollo económico. Se trata de construir con una visión de largo plazo, integrando tecnología, urbanismo inteligente y eficiencia en el uso de los materiales. La sustentabilidad no puede ser un lujo para unos pocos, ni una barrera para el acceso a la vivienda.