Matías Gatica Lindsay

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió ayer a la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que anuló parcialmente la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga. La empresa a cargo del proyecto celebró la resolución y criticó el actuar del Gobierno en este caso.

Tras largos años de rechazos y aprobaciones al proyecto, en enero el Comité de Ministros decidió nuevamente rechazar la iniciativa, lo que fue revisado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó anular parcialmente uno de los aspectos centrales de la resolución.

El tribunal señaló que el comité había excedido sus atribuciones al incluir argumentos que no estaban contemplados en la resolución original y determinó que en un plazo de 10 días el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debe dictar un acto complementario sobre los puntos que fueron anulados.

Ante ello, el ministro Grau dijo a radio Pauta que "primero, nuestro equipo tiene que analizar el fallo que es muy reciente (...) Yo no tengo todavía el informe de este análisis de nuestros abogados, y posterior a aquello, lo que hay que hacer es cumplir este fallo, como es lo que siempre se ha buscado realizar".

Al ser consultado por el punto de "exceder sus facultades" que se criticó en la resolución, Grau dijo que "entiendo que ese es el tenor del fallo" y reiteró que "lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento, insisto, al fallo por un lado y por otro lado de nuestros deberes en este comité".

A través de un comunicado la empresa a cargo de Dominga, Iron Andes, "manifestó su esperanza en que esta ocasión se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto Dominga está concluida, ya que éste cumple cabalmente con la normativa medio ambiental".

Y agregó que "el fallo demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales (...) el Primer Tribunal Ambiental incluso, deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia" y llamó al comité a "respetar la justicia ambiental".

Un guardia que presta servicios en el Hospital Clínico de la Universidad Católica fue apuñalado por delincuentes en un presunto robo cuando llegaba a su trabajo.

Cerca de las 7:00 horas de ayer, el guardia, quien trabaja para la empresa de seguridad G&N Ltda, la cual presta servicios al hospital, se dirigía a pie hacia su lugar de trabajo y cuando iba por La Alameda con Lira fue abordado por dos antisociales que habrían intentado robarle sus pertenencias.

La víctima, quien tiene 56 años, opuso resistencia y fue apuñalada en tres ocasiones en el abdomen. Los otros guardias del recinto se percataron de lo ocurrido y lo trasladaron inmediatamente a la urgencia del mismo hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En la tarde, la dirección del Hospital Clínico UC Christus, señaló que el trabajador "se encuentra estable dentro de su gravedad, bajo monitoreo continuo y con exámenes en curso para evaluar su evolución".

Un colega de la víctima dijo a 24 Horas que "uno trata de llegar antes (al trabajo) por mejor y te roban" y señaló que los delincuentes serían extranjeros y que "son los mismos de siempre que andan robando" en el sector.

Carabineros busca a los responsables y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que presentarán una querella contra los responsables.

La ocupación del cerro Centinela en San Antonio, por algo más de cuatro mil familias, resume, como en un ejemplo, algunos de los problemas que experimenta la sociedad chilena.

Desde luego, el inicio de la toma es significativo en sí mismo. Comenzó a fines del año dos mil diecinueve, cuando se proclamó o se creyó, o se dejó creer, que las necesidades eran, por sí mismas, un título legítimo para reclamar bienes. Por supuesto las necesidades suelen estar a la base de los derechos (en el jardín del edén los derechos carecen de todo sentido); pero ellas no son una condición suficiente para esgrimir a estos últimos. Ello porque, entre otras cosas, en un mundo de escasez -nuestro mundo- las necesidades deben ser jerarquizadas, hay algunas más urgentes que otras y en esa jerarquización influyen muchos factores distintos de las necesidades, algunos de ellos individuales, a los que es necesario ponderar. Sin embargo, en los días de octubre del diecinueve y los que siguieron se agudizó esta idea de que las necesidades configuraban, por si solas, títulos para reclamar bienes.

Ahora cualquier solución a la toma de San Antonio -ha de haber alguna- exige no validar esa idea que priva de todo sentido a las instituciones.

Las instituciones no están solo para satisfacer los deseos de las personas, por apremiantes que sean, sino también para ordenarlos, contenerlos y orientarlos. Por eso en general las personas están descontentas y riñen con las instituciones, incluso con aquellas que consideradas imparcialmente son justas. Y es que donde hay instituciones, existe una rebaja de las expectativas, una postergación de la gratificación, por urgente y justa que esta última sea. Esta es la razón, dicho sea de paso, de por qué las instituciones judiciales suelen no ser populares. Lo que ocurre es que ellas hacen valer las reglas y donde eso ocurre no hay gratificación inmediata. Hay que parafrasear a Freud: las instituciones y la satisfacción inmediata son opuestas, las instituciones producen insatisfacción.

Pero, por supuesto, si las necesidades no configuran por si solas derechos, sí merecen atención de las políticas públicas. Si las instituciones pierden legitimidad cuando se alienta la creencia de que las necesidades son títulos suficientes para reclamar bienes, también la erosionan y la pierden cuando se descuida el acceso de todos o de la mayor parte a los bienes básicos creyendo que se trata de asuntos que solo corresponde a los individuos resolver. Una sociedad es un entramado de instituciones (y eso obliga a contener las expectativas de las personas); pero al mismo tiempo se trata de una empresa cooperativa en la que se debe atender a las necesidades básicas de quienes no pueden procurarse por sí mismos los bienes más urgentes, esos cuya satisfacción hace posible que los individuos puedan ser tratados en base a su esfuerzo.

Y aquí está el otro problema que este toma de San Antonio (como otros casos semejantes) revela.

Se trata de la incapacidad de las autoridades para resolver el problema de una manera razonable, sin legitimar las tomas; pero a la vez sin desatender a esos miles de personas que una vez desalojadas quedarán a la intemperie ¿Cómo es posible que luego de cuatro o cinco años ese problema siga allí y que como consecuencia de esa inacción ahora parezca casi imposible cumplir una sentencia judicial sin que ello signifique arrojar a miles a vivir en descampado? Porque ese es el problema que ahora se ha configurado: primero se esgrimieron las necesidades para justificar las tomas por encima de la ley, ahora son las necesidades (producto esta vez de la incapacidad del estado) las que se esgrimen para incumplir o retardar una sentencia. Pero todos saben que no son esta vez las necesidades las que impiden cumplir la sentencia, sino la incapacidad y la incompetencia de quienes tuvieron tiempo de sobra para prever una solución, los culpables de que una sentencia de contenido perfectamente previsible esté al borde de no valer nada o muy poco, una incompetencia de las autoridades que llegó al extremo que durante largo tiempo ni siquiera parecieron saber cuál de ellas tenía la responsabilidad de hacerse cargo.

Y ese es el problema de fondo que a veces experimenta el gobierno y que este caso revela: la incompetencia para atender necesidades urgentes y a la vez cumplir escrupulosamente las reglas.