El Gobierno anunció que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya si se confirma la participación del número dos del chavismo y brazo derecho de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en el asesinato hace casi un año del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue secuestrado, torturado y enterrado bajo cemento en una toma de Maipú, aseguró ayer la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá.
"Son antecedentes preliminares, porque la investigación está todavía en curso, pero los tomamos con toda su gravedad porque son relevantes y reiterados. Si la investigación los confirma, el Estado de Chile no lo dejará pasar", dijo la jefa del gabinete.
"Habrá muchas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que recurriremos al Tribunal Penal Internacional", afirmó la ministra refiriéndose a la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos.
Poco antes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que uno de los testigos del crimen señala que "el encargo y el pago (de la operación para asesinar a Ojeda) habría venido de Diosdado Cabello", actual ministro de Interior venezolano.
Las declaraciones de Valencia apoyan así la tesis que el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, ha mantenido desde las primeras etapas de la indagatoria y que vincula al régimen de Nicolás Maduro y a la organización criminal Tren de Aragua con el asesinato de Ojeda en febrero pasado.
Disidente del Gobierno chavista y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en la periferia, sepultados bajo una lápida hechiza de cemento.
"El Estado de Chile ha mostrado cuán seriamente se toma estos temas y la persistencia con que trabajamos para que funcione la justicia y no exista impunidad, incluso cuando hay tantos obstáculos como ha habido en este caso", concluyó Tohá.
Las pruebas
La Fiscalía informó el miércoles de la detención de hombres perteneciente al grupo 'Los Piratas', una facción del Tren de Aragua "directamente relacionada" con el homicidio de Ojeda.
El Tren de Aragua, nacido en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y nuestro país, y en todos se le acusa de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
Según indicó Valencia en T13 Radio, "el fiscal Barros confirmó hay tres personas que declaran en la investigación que asignaron el encargo a autoridades del gobierno venezolano (...) Al menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello (...) Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo (…) con motivaciones políticas".
El jefe de la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), subprefecto Hassel Barrientos, dijo a Radio Universo que "hay información levantada que está en la carpeta investigativa y que da luces" de que Cabello fue quien ordenó el crimen a través "de la línea de mando (...), en este caso del líder máximo del Tren de Aragua, el Niño Guerrero (Héctor Rusthenford), y él es el que de una u otra forma baja las instrucciones o las órdenes o las aprobaciones para realizar estos secuestros con homicidio u homicidios en nuestro país".
Muñoz pide llevar a Maduro a la CPI
Junto con respaldar la advertencia que realizó la ministra Carolina Tohá, el excanciller Heraldo Muñoz dijo ayer a Emol que ó que "Chile debería solicitar ahora a la Fiscalía de la CPI que investigue eficazmente a Nicolás Maduro por las denuncias en su contra por delitos de lesa humanidad".
