Dos son los grandes desafíos que este nuevo año 2025 traen para el país y la Región de Los Lagos. Uno de ellos, quizás si el más urgente, es el de aplacar la crisis de seguridad que se vive en todo el territorio, y que se expresa brutalmente cada fin de semana con homicidios muy marcados por el enfrentamiento de bandas criminales que cada vez actúan sin mayor pudor. El segundo es lograr un mayor dinamismo económico, la base primigenia para cualquier mecanismo de justicia social que se quiera implementar.

En lo que concierne a Los Lagos en esta segunda urgencia, el año 2024 no cerró de la mejor forma. Mientras el sector privado está sufriendo por el camino de piedras que provoca la permisología para concretar cualquier iniciativa de inversión, hay sectores específicos y extremadamente relevantes para el sur austral, como la salmonicultura, que desde un tiempo a esta parte están dando señales de estancamiento. Una muestra evidente de esto último lo arrojan las últimas cifras de exportaciones del país: el salmón se ubicó como el segundo producto más exportado del país, pero los números, como lo señalan los gremios, revelan que no se está creciendo lo suficiente: los registros entre enero y noviembre de 2024 son similares a los de igual período de 2023, cuando los envíos aumentaron en 3%.

Para explicar esta desaceleración pueden esgrimirse muchos factores, aunque parece evidente que el principal se explica en la inestabilidad normativa que ha envuelto al sector en los últimos años. Baste recordad la inquietud que generó hace poco la creación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la confusión que se ha generado con el trabajo prelegislativo de la nueva Ley de Acuicultura, y los perniciosos efectos de la Ley Lafkenche.

El rubro inmobiliario tampoco pasa por su mejor momento. Este medio informó en su edición del domingo 29 de diciembre sobre el estancamiento en el mercado de corretajes en Osorno, que cerró 2024 con escasa venta de propiedades nuevas y usadas. Ello demuestra la falta de dinamismo que exhiben sectores clave del país y la zona, que hace unos años eran motores generadores de empleo y encadenamiento productivo.

A propósito de mi última columna, referida a la consagración normativa de la reformalización de la investigación, trataré en el presente texto un tema íntimamente ligado con dicha reforma, esto es, las innovaciones introducidas por la ley N° 21.694 a la figura de la reapertura de la investigación y, especialmente, la creación de una nueva causal de reapertura.

La reapertura de la investigación se encuentra consagrada en el artículo 257 del Código Procesal Penal, norma que nos exige para poder plantear la reapertura de una investigación (cerrada), como primer requisito, que la solicitud sea realizada dentro de un plazo máximo de 10 días, contado desde la comunicación del cierre.

Asimismo, la misma disposición exige que la reapertura se funde en diligencias precisas, las cuales deben haber sido solicitadas al Ministerio Público dentro del plazo de investigación y deben haber sido rechazadas por el persecutor o carecer de pronunciamiento por parte de este último.

Actualmente, con la publicación de la ley N° 21.694, se crea una segunda causal de reapertura de la investigación, la cual se funda en el hecho de que, a partir de la reformalización de la investigación realizada por Fiscalía, nace la necesidad de realizar nuevas diligencias de investigación, las cuales sólo surgieron con la reformalización de la investigación. Entonces, esta nueva causal de reapertura sólo permite solicitar diligencias específicas o precisas, descartándose la posibilidad de solicitar alguna diligencia que, por pasividad de los intervinientes, no fue pedida oportunamente. En cuanto al plazo para solicitar la reapertura fundada en la nueva causa, éste es el mismo plazo de 10 días de la causal original, ya que ambas hipótesis se encuentran consagradas en el mismo articulado.

Otra innovación de la reforma es que, anteriormente, sólo el Ministerio Público podía solicitar, por una sola vez, una ampliación al plazo que le otorga el juez de garantía para la realización de las diligencias que fueron rechazadas o que carecieron de pronunciamiento. Actualmente, esta solicitud de aumento del plazo judicial puede ser solicitada también por la defensa o por el querellante, ampliándose con ello los sujetos legitimados respecto de ambas causales de reapertura.