El robo de vehículos es una de las preocupaciones más grandes para los conductores, y aunque las estadísticas varían, algunas zonas del país son más vulnerables que otras a este tipo de delitos. Conocer las áreas más afectadas y estar informados sobre las formas más comunes de robo es fundamental para prevenir ser una víctima.

En 2023, según cifras de Carabineros, se robaron 28.432 vehículos, de los cuales 10.601 fueron con violencia, es decir, con portonazos, encerronas o robos a aplicaciones del transporte, simulando ser clientes.

De acuerdo a un informe de la Asociación de Aseguradores de Chile, sólo en julio se registraron 1.149 vehículos asegurados robados, lo que equivale a un promedio de 37 por día. Este dato no sólo refleja una tendencia inquietante, sino que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la seguridad urbana por hechos cada vez más frecuentes y violentos, como portonazos, encerronas y sustracción desde estacionamientos.

Este es uno de los delitos que más ha aumentado en la última década, tal vez por el gran crecimiento del parque automotor, y porque las bandas los usan para cometer otros ilícitos. En noviembre de 2023 comenzaron a regir las modificaciones a la Ley de Tránsito, para fortalecer la seguridad vial y la prevención al robo de vehículos. Para ello se aumentaron las penas a quienes no cumplen con la normativa de tránsito, así como a quienes roban automóviles.

La venta de vehículos robados es sancionada ahora con presidio menor en su grado medio a máximo, además de la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla por cinco años.

La actualización de la Ley de Tránsito ayuda, pero también los automovilistas deben adoptar medidas necesarias para prevenir los delitos.

Demasiado a menudo, la población de diversos países se ha visto obligada a sufrir lo indecible a causa de condiciones de pobreza, grandes desigualdades económicas, acciones fraudulentas, así como también a causa de la llamada "injusticia social".

Lo anterior, debido a los altos niveles de corrupción, nepotismo y a la variopinta "pitutocracia" enquistada en los diversos gobiernos y que desangran a las naciones. Estos factores no sólo afectan a una parte importante de Latinoamérica, sino que también carcomen lentamente a nuestro país, donde el cohecho, el fraude al Fisco, el amiguismo, el compadrazgo y el tráfico de influencias parecen reinar a sus anchas.

Mario Waissbluth, en su libro "Tejado de vidrio: cómo recuperar la confianza", señaló en el año 2015 que "la pitutocracia en Chile bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet había alcanzado niveles exorbitantes". Todo indica que desde ese año a la fecha nada ha cambiado, sino que las cosas han empeorado.

De nada sirve pontificar acerca de la necesidad de ser "honestos", "probos", "éticos", etcétera, si esta ética no resulta ser otra cosa que moralina, es decir, moral con anilina. Casos emblemáticos son las famosas "fundaciones", creadas para engañar al Fisco y robar miles de millones de pesos (uno de los casos emblemáticos está en la Región y en Osorno, con la venta del CFT e IP Los Lagos a la Corporación Kimün), así como el "caso audios", una caja de Pandora que continúa golpeando a todos los sectores políticos.

Hoy estamos en una fase que podríamos llamar "de indigestión" y -de continuar así- faltará poco para que comience la fase de "demolición" del poco de justicia, respeto y equidad que aún nos queda. El objetivo de terminar, de una vez por todas, con la corrupción, el nepotismo, el pitutismo, el tráfico de influencias -con el abogado Luis Hermosilla y la diputada Maite Orsini a la cabeza- es evitar caer en una suerte de fase "vomitiva", es decir, con grandes arcadas de rechazo por parte de la ciudadanía.

Aquello que retrasa a nuestro país -y que constituye un lastre que nos hunde un poco más cada día-, incluye a Gobiernos autocomplacientes e indulgentes consigo mismos, cuando, por ejemplo, blindan a sus "amigos ideológicos" que son sorprendidos estafando al Estado, en lugar de frenar el fraude y denunciarlos ante la justicia.