En un país culturalmente tan legalista, burocrático y pirotécnico como el nuestro, la hasta aquí desorientada e ineficaz respuesta estatal a la escandalosa crisis de seguridad no podía terminar siendo otra que una ley para crear un órgano público más y así intentar posicionar la idea de avance.
En este sentido, la creación del Ministerio de Seguridad nos deja claro que el problema del combate a la delincuencia, a diferencia de lo que algún despistado pudiera haber pensado, nunca estuvo situado a nivel de gestión, recursos, cambios normativos, modernización, voluntad política, migración, atribuciones, competencias, rendición de cuentas, etc.
No. El problema siempre fue político y, por ello, lo más urgente y relevante era resolver la reorganización y redistribución del poder público en materia de seguridad a través de la creación de la nueva cartera que, al mismo tiempo -por cierto-, permitiera incorporar uno que otro servidor público.
Es más, dicen que entre las paredes de las cárceles ya comenzaron a escucharse voces de peligrosos reos que, gracias a su vasta experiencia criminal, son capaces de anticipar con temor lo que se les avecina con el nuevo organigrama; mientras que ya se filtró que en la vereda de al frente las policías, algo desconcertadas con el nuevo escenario, comenzaron a realizar cursos de perfeccionamiento para poder dilucidar su futura dependencia de las autoridades civiles en cada caso.
Pero quien podría decir algo si hasta los libertarios, alérgicos al Estado, reconocen en la seguridad una de las pocas funciones que escapan a las soluciones del mercado.
Menos aun cuando se trata de una iniciativa que, como casi siempre sucede en nuestro país, no escatima en gastos y por ello mantiene ministerios que con la nueva secretaría pierden todo sentido.
Ironía aparte, la importancia de avanzar en el rediseño institucional para enfrentar la demanda de mayor seguridad frente a una criminalidad cada vez más compleja, organizada y violenta no puede ser puesta en duda, más allá de algunos problemas que desde ya se visualizan en su estructuración y que debieran ser corregidos.
Pero nada va a cambiar, por más leyes y burocracia que se cree, si no se atacan de una vez por todas los verdaderos nudos críticos que hace años boicotean el combate eficaz del delito, tanto a nivel de los sistemas preventivos, persecutorios y penitenciarios.
Pero para esto último hace falta algo más que fuegos artificiales. Se requiere conocimientos, coraje y real voluntad política.