Es un hecho que en las últimas décadas los incendios forestales están aumentando en frecuencia, magnitud y emisiones de CO2 como efecto directo del cambio climático.

Este fenómeno ha sido documentado globalmente por varios estudios. Por ejemplo, los incendios registrados en Canadá en 2023 produjeron aproximadamente 1.800 millones de toneladas de CO2, volumen que supera las emisiones industriales de ese país en el mismo período. Este incremento, según Daniel Vercelli, socio y Managing Partner de la consultora Manuia, representa un ciclo de retroalimentación destructivo que no sólo agrava el calentamiento global, sino que además afecta la salud pública y la estabilidad ecológica.

Particularmente en Chile, las lluvias inesperadas del invierno favorecieron el crecimiento de vegetación densa, la cual -al secarse-, puede convertirse en combustible durante el verano, aumentando significativamente el riesgo de incendios forestales.

Además, hay que considerar que la naturaleza de los incendios forestales varía significativamente entre ecosistemas. Aquellos que ocurren en regiones boreales, por ejemplo, son preocupantes no sólo por la contaminación que generan, sino también por su impacto duradero en la capacidad de suelos y vegetación para absorber carbono. Estos ecosistemas presentan un riesgo elevado de liberación de dióxido de carbono cuando se queman, ya que los bosques maduros tardan décadas o siglos en regenerarse.

Frente a estos desafíos, es prioritario que las empresas en Chile ofrezcan soluciones en sus estrategias y desde su gobernanza corporativa.

Chile necesita prepararse para un futuro donde los incendios forestales puedan amenazar aún más la calidad de vida. Es primordial que se realicen esfuerzos coordinados para abordar estos riesgos inminentes y se promuevan políticas que fortalezcan la resiliencia de comunidades y empresas ante tales desafíos.

El país ha sido testigo las últimas semanas de un episodio jamás visto en nuestra historia republicana. Un alto personero de gobierno, encargado de la seguridad y del orden público de todos los chilenos, fue imputado por una subalterna del delito sexual más repugnante que contempla nuestro derecho: violación, tras una abundante ingesta de alcohol en un restaurante céntrico de Santiago, burlando todas las medidas de seguridad dispuestas a su respecto, partiendo por su propia escolta a quien relevó unilateralmente de su servicio. Lo que pasó después es ampliamente conocido por la opinión pública.

En una sociedad enferma como la nuestra, ya nos hemos tristemente acostumbrado a ver estallar casos de corrupción al interior del Gobierno, de los partidos políticos, municipalidades, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas (FF.AA.) y suma y sigue. Pero no existen anales que se refieran a imputar un delito de violación respecto a la segunda autoridad del Ministerio más importante del Gabinete Presidencial, como lo es el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, quien, atendida la naturaleza de sus funciones, accede a delicada información de inteligencia nacional producida por todos los órganos del Estado con atribuciones sobre la materia.

Ciertamente la investigación está en pleno desarrollo y el principio de inocencia ampara al imputado con todos los derechos que le confiere la ley para hacer efectiva su defensa, pero el hecho concreto es que el subsecretario presentó su renuncia al cargo a las pocas horas de hacerse pública su denuncia, la que, dicho sea de paso, se logró encapsular con la secreta esperanza de que estallara post elecciones municipales para minimizar los daños colaterales.

Pero a mi entender, lo verdaderamente grave del caso Monsalve, es que el mismo Gobierno, que lo elevó a tan alta dignidad, hizo a su vez propia la causa progresista del feminismo, con toda la protección legal y la mayoría de las veces asimétrica respecto a la igualdad de derechos en relación con el hombre, lo que se traduce en el mandato legal al juez de que, en igualdad de condiciones, debe optar por creer la versión de la mujer por sobre la del varón. A esto se le denomina en jerga legal "resolver con perspectiva de género".

Ciertamente que la administración Boric le creyó al hombre por sobre la versión de la víctima en este caso. Monsalve fue peligrosamente blindado por el primer Mandatario y la misma Carolina Tohá, su jefa directa, quienes, al borde de la ilegalidad, convalidaron actos viciados por el mismo imputado, como la manipulación de cámaras y eventuales abusos respecto a las facultades que la ley de inteligencia les confiere. Luego hicieron la vista gorda con las órdenes ilegales que el propio Monsalve impartió a la PDI procurando su impunidad. Bueno ¿dónde quedaron 'Las Tesis' con su himno 'y la culpa no era mía...'". Quizás si el imputado hubiese sido un general de las FF.AA., el Gobierno no hubiese sido tan tibio y a las 24 horas siguientes ese general ya estaría formalizado y en prisión preventiva. Mal que mal "el Estado opresor es un macho violador".