Erwin Schnaidt

Con cautela reaccionaron autoridades locales, al conocer que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) aplicar una multa total a beneficio fiscal de 171.354 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a unos US$151.9 millones, en contra de los casinos Enjoy, Marina del Sol y Dreams, este último titular de la licencia para operar en Puerto Varas.

La acusación de la FNE se basa en una investigación que comenzó en 2022 y que consideró allanamientos a domicilios de altos ejecutivos de esas compañías. Al concluir, acusó de coludirse a esas tres sociedades para manipular los resultados de las licitaciones de permisos otorgados a la industria entre los años 2021 y 2022, lo que ocurrió después del permiso asignado en 2018 por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), para el funcionamiento del casino municipal de Puerto Varas.

En la indagatoria que llevó a cabo la FNE, amparada por una solicitud de delación compensada de Marina del Sol, se definió que esas tres cadenas "celebraron y ejecutaron un acuerdo consistente en afectar el resultado de las licitaciones convocadas por la SCJ para el otorgamiento o renovación de catorce permisos de operación de casinos de juego en el territorio nacional, con una duración de quince años", lo que incluyó a 12 permisos de la licitación 2020; y, otros dos de la licitación 2021.

La primera de ellas, con audiencias de recepción de ofertas en noviembre de 2021 y enero de 2022, incluyó la renovación por vencimiento de los permisos de operación de los casinos ubicados en Calama, Antofagasta, Copiapó, San Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas.

Mientras que el segundo proceso, de febrero de 2022, correspondió a la renovación de licencias de operación en las salas de San Antonio y Rinconada de Los Andes.

Pronta aclaración

El candidato a la reelección para la alcaldía de Puerto Varas, Tomás Gárate (Ind), consideró que se trata de "una situación bastante grave y delicada", ante lo que dijo esperar "que los organismos correspondientes puedan aclarar a la mayor brevedad posible la situación, no solamente en Puerto Varas, sino que en distintas comunas de nuestro país".

Gárate aseguró que la municipalidad lacustre ya ofició a la FNE "para poder entender el procedimiento que se efectuaría, en cuanto a la concesión otorgada en nuestra comuna".

Desde su actual posición como postulante a la reelección, opinó que "la municipalidad debe resguardar siempre los recursos e intereses de nuestra comuna en todos estos procesos".

"batallas legales"

En tanto que el concejal Marcelo Salazar (UDI) apuntó que "los únicos perjudicados con estas 'batallas legales' son nuestros vecinos", ante la posibilidad de ver afectados los ingresos por concepto de aportes del casino.

Recordó que "por un tema judicial" sigue detenido el pago en beneficio municipal de la boleta de garantía de Enjoy, por su fallido proyecto de casino en la licitación de 2018, por lo que exigió dejar "de utilizar subterfugios y, de una vez por todas, cumplan con la normativa".

Salazar advirtió que estas situaciones pueden llegar a tener efecto en los contratos, convenios o negociaciones de los trabajadores del casino.

Aporte regional

La ley definió el pago de un impuesto específico al juego, mediante el que los casinos deben disponer de un 20% de sus ingresos brutos del juego a la municipalidad en donde se localiza el casino y la otra mitad al gobierno regional correspondiente, lo que se distribuye en partes iguales, dinero que debe ser utilizado para financiar obras de desarrollo.

El gobernador regional Patricio Vallespín relativizó la importancia de esos ingresos para los gobiernos regionales, que en el caso de Los Lagos "son del orden de los $1.500 millones por año".

Resaltó que ese aporte socioeconómico de los casinos "es una de las pocas fuentes de ingresos que por ley están establecidas para los gobiernos regionales y que refuerzan un proceso de descentralización. Porque no depende de la voluntad buena, regular o mala del nivel nacional a través del Ministerio de Hacienda, de aportar recursos a la descentralización. Porque luego de que son recaudados por el Ministerio de Hacienda, bajan a través de la Dirección de Presupuesto a los gobiernos regionales. Eso es fundamental que siga existiendo".

Ante ello, Vallespín estimó que "cualquier acción que afecte a aquello, no es buena para la descentralización y el desarrollo de las regiones".

Sobre la investigación de la FNE, el jefe del Gobierno Regional expuso que "no puede ser que exista colusión en esa actividad, que se repartan las regiones entre los pocos proveedores de los servicios de casinos. Sin duda que no es bueno para nadie. Creo que se debe avanzar en esa perspectiva, debe resolverse a la brevedad para poder garantizar el uso de los recursos que -entiendo- no se ven afectados, porque los casinos probablemente van a seguir funcionando".

Con todo, expuso que cualquier acción de ese tipo "es lesiva para las personas, para los usuarios. Ojalá que se resuelva prontamente", reiteró.

Grupo de whatsapp

Como expuso la FNE, a través del grupo de WhatsApp "Coord. Temas Industria ", altos representantes de esas tres sociedades "acordaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos de sus respectivos casinos de juego, sin enfrentar competencia de los otros partícipes del ilícito en sus respectivas plazas".

Con todo, la FNE pidió imponer una multa de 126.806 UTA a Dreams (case US$ 112,4 millones); de 41.498 UTA (cerca de US$ 36,8 millones), a Enjoy; así como a cuatro ejecutivos involucrados, entre los que aparece Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, para quien solicitó aplicar una multa de 941 UTA (unos US$ 834 mil). Los involucrados de Marina del Sol quedaron exentos de responsabilidad penal, al acogerse a la delación compensada.

También pide poner término a los permisos de operación obtenidos por esas empresas en los procesos licitatorios 2020y 2021, hasta el inicio de operaciones de otros casinos que "resulten adjudicados en un nuevo proceso licitatorio que se lleve a cabo en términos competitivos".

"No puede ser que exista colusión en esa actividad, que se repartan las regiones entre los pocos proveedores de los servicios de casinos. Sin duda que no es bueno para nadie"

Patricio Vallespín, Gobernador regional