Una profunda crisis viven los hospitales en todo el país debido a la falta de recursos y la creciente inseguridad que rodea a recintos asistenciales. Funcionarios de la salud denuncian que una "asfixia presupuestaria", ante lo cual el senador socialista Juan Luis Castro emplazó al Gobierno a liberar los recursos necesarios.

Según expusieron el parlamentario y asociaciones gremiales, el Hospital Carlos van Büren de Valparaíso cuenta con dineros sólo para octubre, el Hospital Sótero del Río de Puente Alto que tiene recursos hasta noviembre, mientras que el Hospital Padre Hurtado de San Ramón y el Hospital de La Florida no reciben financiamiento desde junio y agosto, respectivamente.

El senador Castro, miembro de la comisión de salud de la Cámara Alta, manifestó ante este escenario que "quiero hacer un llamado a que el ministro de Hacienda (Mario Marcel) y la directora de Presupuestos (Javiera Martínez) entreguen los recursos de una vez por todas. No es posible que estos recintos no cuenten con 330 mil millones de pesos al mes, que es lo que necesita la operación del sistema".

La comisión de Salud citó al ministro Marcel y a la directora Martínez a su sesión del lunes, para que den respuesta a las demandas de los funcionarios.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, complementó que "en salud estamos acostumbrados a vivir con menos recursos y a elegir dónde se ponen. Lo que no podemos hacer es seguir adelante con una operación hospitalaria si no hay plata en la cuenta corriente de los hospitales".

En la actualidad, esta situación impide que los recintos puedan realizar "compras de servicios, pagar a los proveedores, tener cajas para las cirugías, pagar los contratos, e incluso los sueldos", dijo la líder gremial.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, afirmó ayer que "nos preocupa mucho" la colusión en las licitaciones de los casinos Marina del Sol, Enjoy y Dreams, detectada entre 2020 y 2021 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). A estas palabras se unió la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) al declarar que los hechos "nos parecen gravísimos". El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que "es muy contundente" el trabajo de los persecutores.

"En el fondo, (los tres casinos de juegos) están haciendo trampa, y cuando alguien hace un comportamiento de este tipo, daña las instituciones, y por tanto es relevante que las sanciones sean fuertes", afirmó el secretario de Estado en Radio Bío-Bío, ante los chats de WhatsApp revelados en la jornada anterior, donde se ve cómo exgerentes acordaban qué empresa ganaría cada proyecto, motivo por el que las cotizaciones eran por sobre el valor real.

Mewes, en tanto, señaló en radio Cooperativa que "hace algún tiempo hemos planteado que todo lo que sea corrupción y todas estas situaciones que se producen hay que investigarlas, hay que llegar profundamente a revisarlas".

"Los conceptos que están detrás claramente nos preocupan, porque nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo importante para ir avanzando en buenas prácticas en todas las empresas, en los gremios y en estos dos años hemos desarrollado una labor tremendamente importante y amplia en ese sentido", agregó el líder gremial.

Para esto, dijo Mewes, "hemos estado en regiones hablando de estos temas y por lo tanto, nos impacta esta información y tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla la investigación", porque "tenemos una Ley de delitos económicos vigente hace muy poco tiempo y tendrá que aplicarse con todo el rigor, porque estas son las cosas que, de comprobarse, son las que afectan no solamente al sector privado, sino que también le afectan al país, porque va mirando la fe pública".

La Sofofa, junto con destacar la "gravedad" de la denuncia, indicó que según el resultado de las pericias se "activarán todos los mecanismos pertinentes del gremio pues, además de distorsionar la libre competencia", estas situaciones "tienen fuertes consecuencias en la imagen que proyectan las empresas a la ciudadanía".

Dreams responde

La firma Dreams respondió ayer a la acusación de la Fiscalía que "rechaza cualquier actuación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria", y "lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención".

"La compañía colaboró en la investigación desde un comienzo al proporcionar todos los antecedentes disponibles para el esclarecimiento de los hechos", subrayó la empresa, porque "en esta etapa procesal hará valer todos sus medios de defensa a fin de que el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) desestime el requerimiento".

La multa anunciada por la FNE es de US$151 millones, un hito en el sistema judicial chileno. Las empresas, no obstante, en la última jornada ya se vieron afectadas en la bolsa de valores, donde las acciones de Enjoy, por ejemplo, cayeron a $0,40, lo cual equivale a -11,11%.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señaló que, "si bien yo respaldo la FNE y todas las denuncias que se hacen, ¿por qué se olvidan que dentro de nuestra legislación el decreto de Ley 211 considera la disolución de estas sociedades? Puede solicitar la disolución de las sociedades y nunca la FNE lo ha solicitado".

"Van a aplicar la sanción, pero van a seguir los mismos abusadores", señaló.

La socióloga Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, afirmó haber entregado la información de sus cuentas bancarias la Fiscalía para facilitar la investigación luego de que fuera acusada de hacer abonos a la Fundación ProCultura, fuertemente involucrada en el caso de transferencias ilegales desde organismos públicos a ONG.

De acuerdo con un artículo de El Mostrador, la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió cinco transferencias sospechosas realizadas por la también antropóloga y activista feminista a la fundación durante la campaña presidencial del Mandatario en 2021, lo que ella negó "categóricamente" dos veces.

A través de su cuenta de la red social X, Karamanos insistió en que "respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen. Por eso, en función de la transparencia, he entregado al fiscal mis cartolas bancarias".

Añadió que "rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos".

Desde ProCultura, si bien al comienzo una ex abogada explicó que sí hubo devolución de fondos cuando Karamanos llegó a La Moneda para evitar conflictos, luego la misma jurista aseguró que no hubo abonos.

Tras la denuncia de supuestas irregularidades, el Mandatario dijo confiar en Karamanos y afirmó que "cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que queden todos en el mismo barro".

Esto fue respondido por el diputado Andrés Longton (RN), quien afirmó que "a mí me parece -y lo digo con mucho respeto- que es un caradura el Presidente, porque este tipo de cosas tienen que evaluarse con la misma vara, vengan de donde vengan. No puede pretender pronunciarse con dureza con respecto a casos cuando hay personas vinculadas a la derecha y hacer casos omiso o pretender que hay una finalidad política cuando son personas que están en la misma Moneda".