Carlos Ilabaca

De los ocho cargos que el Tribunal Regional Electoral (TER) de Los Lagos consideró de manera unánime para acoger la solicitud de destitución por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa por parte del ahora ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes Rojas, quizás uno de los que resulta más llamativos es el que dice relación con la contratación de parientes.

Este fue uno de los temas advertidos por el concejal independiente de Puerto Montt, Juan Carlos Cuitiño, quien durante el año 2021 solicitó a la Contraloría de la República una fiscalización de las licitaciones públicas denominadas "Contratación servicio de mantención y reparación de edificios municipales y otros de la Municipalidad de Puerto Montt" (ID N°2324-284-LR19) y "Contratación del servicio de aseo, mantención y reparación de edificios municipales y otros de la Municipalidad de Puerto Montt" (ID N°2324-388-LR19), respectivamente, adjudicadas a la proveedora Patricia Riquelme Chávez.

Ambos contratos fueron adjudicados por una suma que supera los $6.500 millones.

En su presentación a Contraloría, el edil Cuitiño solicitó investigar una posible negociación incompatible, conflicto de intereses y faltas graves a la probidad. Lo anterior, dado que el ex alcalde Gervoy Paredes -quien fue suspendido por el PS-, sometió a votación ambos contratos en cuestión, y emitió su voto favorable para la aprobación, "en circunstancias que su sobrina, doña Neva Carolina Paredes Paredes, tenía contrato vigente con la mencionada empresa en funciones no especificadas", detalló en el documento.

Argumento y dictamen

En su contestación al requerimiento realizado por el TER sobre este punto, el abogado Isidro Solís, quien representó a Gervoy Paredes ante la instancia, expresó que esta es una situación jurídica que ya había sido resuelta por la Contraloría Regional de Los Lagos.

El jurista citó el pronunciamiento, contenido en el dictamen N° E303859/2023 de la Contraloría Regional de Los Lagos, que señala que "dentro del catálogo de prohibiciones que contempla la norma citada no se encuentra alguna que se refiera a las eventuales relaciones de trabajo -vía contrato laboral- que pudiesen tener parientes de las autoridades en los procesos concursales que lleve a cabo la administración".

A este respecto, Solís argumentó que "es claro que en la actuación del alcalde no hay ninguna acción que constituya una infracción grave como la que se denuncia, y que de los demás actos que se indican, respecto de otras personas, no se puede derivar ningún tipo de responsabilidad de su representado".

No obstante a dicha aclaración, el Tribunal Electoral Regional resolvió por unanimidad que "se estima que el alcalde Gervoy Paredes Rojas quebrantó el principio de probidad administrativa, al intervenir en razón de sus funciones como alcalde en asuntos en que tenía interés su sobrina Neva Paredes Paredes, por mantener esta un contrato vigente con doña Patricia Riquelme Chávez a la fecha en la cual se le adjudicó a esta última la licitación, habiendo intervenido él en la sesión del concejo municipal en la cual se acordó aquello, encontrándose acreditada esta primera causal de requerimiento".

Un caso de 2014

En su requerimiento a Contraloría, el concejal Cuitiño fue aún más atrás en su fiscalización, al detallar que en el año 2014, otro sobrino del alcalde, "Sebastián Carra Paredes, tenía contrato vigente con la empresa, siendo destinado al 3° Juzgado de Policía Local con funciones distintas a la naturaleza de la licitación y en circunstancias que también se realizó otro contrato con la misma proveedora en ese periodo", esgrimió el concejal Cuitiño.

Como prueba de esta última situación, se presentó ante el TER una copia del contrato de trabajo entre don Sebastián Carra Paredes y doña Patricia Riquelme Chávez, de fecha 9 de septiembre de 2013 y finiquito del mismo, de fecha 12 de abril de 2016, fecha en que terminó sus servicios por la causal de renuncia voluntaria.

Otros concejales

La misma proveedora de servicios, Patricia Riquelme Chávez, según se sostiene en la presentación a Contraloría antes citada, tenía relación contractual con otros familiares de concejales que ejercieron en el anterior periodo alcaldicio de Gervoy Paredes.

Una de ellas es Sonia Hernández, actual concejala del PS, cuya hermana -Eugenia Hernández Ascencio- mantuvo contrato vigente el año 2014 con la misma empresa adjudicada. Por este motivo, incluso, la Contraloría Regional de Los Lagos, con fecha 26 de enero de 2023, advirtió "que la Municipalidad deberá adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la vinculación laboral de doña Eugenia Hernández, ya que no pudo ser contratada como asistente de la educación por el municipio, toda vez que le afecta la inhabilidad de ingreso prevista en el artículo 54 letra b) de la Ley 18.575".

Otro caso citado corresponde al ex edil -actual diputado independiente- Héctor Ulloa, cuyo cuñado, Robert Aguayo Rubio, estuvo contratado por la misma empresa proveedora de Patricia Riquelme Chávez, además de prestar servicios hasta hoy como periodista y jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad. Cabe hacer presente, eso sí, que en este caso no existe una relación directa de consanguineidad que contravenga la normativa del Estado.

En último término se menciona el caso del ex concejal RN Fernando Orellana Pérez, quien además de votar favorablemente la licitación, presidió la comisión que recomendó la aprobación del contrato con la empresa de Patricia Riquelme Chávez, en circunstancias que su esposa en ese entonces, doña Mónica Ramírez Villanueva, mantenía contrato vigente con la empresa, prestando servicios al municipio en el área de fomento productivo, funciones totalmente distintas a la naturaleza de la licitación.

El Llanquihue intentó comunicarse vía telefónica con el ex alcalde Gervoy Paredes, sin embargo, no quiso responder las consultas de este Diario, respecto a la remoción ordenada por el Tribunal Electoral Regional y que aún puede ser apelada al Tricel.