En una época donde Chile enfrenta desafíos económicos significativos, el sector de la construcción se ve particularmente afectado por un crecimiento estancado. Según Pablo Correa, economista y académico de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez, durante el período 1990-2013, con dos recesiones de por medio, el PIB per cápita creció en promedio 5,3%. Sin embargo, entre 2014 y 2023, este crecimiento se redujo a tan solo 1,8%, una clara muestra de un panorama donde la inversión en construcción ha sido insuficientemente dinámica, reflejando una tendencia de progreso nulo que nos obliga a replantear nuestras estrategias y enfoques.

El estancamiento económico no es sólo un número abstracto; tiene repercusiones tangibles y profundas en nuestras comunidades. Un claro ejemplo de esto es el reciente fallo en la licitación para mejorar la ruta internacional 215 en Osorno, un proyecto clave para el desarrollo regional que ha sido declarado desierto. Este contratiempo no sólo retrasa mejoras críticas en infraestructura, sino que también desalienta la inversión futura y frena el potencial de crecimiento de la región.

El impacto de estos reveses es más que económico; es social y emocional. Cada proyecto de construcción que se retrasa significa empleos que no se crean, oportunidades de negocio que se pierden y, en última instancia, un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. La construcción, un sector que históricamente ha sido un motor de crecimiento, hoy se encuentra en una encrucijada, necesitando cambios urgentes para recuperar su dinamismo.

Este panorama nos lleva a una reflexión ineludible: algo debe cambiar. Necesitamos una política económica que no sólo fomente, sino que priorice la inversión en construcción.

Es esencial que revisemos y ajustemos los marcos regulatorios que actualmente obstaculizan la agilidad y la ejecución de proyectos. Además, es imperativo que fortalezcamos las sinergias entre el sector público y privado para asegurar que los proyectos no sólo se inicien, sino que se culminen con éxito.

Como líderes del sector, debemos también promover una visión a largo plazo que trascienda los ciclos económicos. Invertir en construcción es invertir en el futuro de Chile, y es nuestra responsabilidad garantizar que este futuro sea sólido y sostenible.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción estamos comprometidos con liderar esta transformación, asegurando que cada proyecto construido sea un paso adelante hacia un Chile más próspero.El camino no será fácil, pero es el único posible si deseamos ver un país que crece, innova y lidera en la región.

Estamos frente a una oportunidad única de redefinir el rol de la construcción en nuestra economía y no podemos darnos el lujo de esperar.

Con frecuencia se conocen casos de las amenazas y agresiones a funcionarios de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) en el país y región, de parte de pacientes o sus familiares, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentran colapsados. Trabajar en este ambiente de violencia ya no es una situación aislada y por lo mismo preocupa a los gremios que representan a los trabajadores de la salud primaria.

La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para la población en general, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país. Esto representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos debido a la pandemia de coronavirus.

El pasado martes en la noche se registró una balacera en un Cesfam de San Pedro de la Paz, en el Bío Bío, que produjo pánico y temor en los pacientes, que tuvieron que tirarse al piso y parapetarse tras los muros para evitar ser alcanzados. Se recuerda que con en junio pasado también hubo una balacera frente a ese establecimiento, donde murieron dos mujeres y una tercera persona quedó herida.

El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por diversos organismos estatales.

La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias. Las penas pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. Esta ley ha sido muy importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años.