El Presidente de la República, Gabriel Boric, fue uno de los seis líderes que expresaron la declaración conjunta de la Cumbre para la Paz en Ucrania -celebrada en Suiza- al cierre de la cita ayer.

"Esta cumbre, y estas convicciones, no se tratan de la OTAN, no se tratan de ideas políticas de izquierda o de derecha, no se trata de países de norte o del sur; esto se trata de respetar el derecho internacional y los derechos humanos: esos son los principios rectores para poder vivir juntos", señaló el Mandatario.

"Y esto es aplicable para Ucrania, en Gaza y en cualquier otro conflicto en el mundo. Los niños de todas partes deben ser protegidos", agregó Boric.

El Jefe de Estado dio estas declaraciones acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen; la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Ahora Boric iniciará la última etapa de su gira: llegó a París (Francia), donde participará en un plenario sobre educación organizado por la Unesco y también de una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron.

En la Cuenta Pública, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la presentación de dos proyectos de ley: uno sobre el aborto legal y otro sobre la eutanasia. Estos temas, profundamente sensibles, han generado un intenso debate en la sociedad chilena, no solo por su implicancia moral, sino también por sus consecuencias sociales y políticas.

La Conferencia Episcopal de Chile (CeCh), en su declaración oficial, ha expresado su rechazo a estas iniciativas, argumentando que atentan contra el valor inviolable de la vida humana. La Iglesia sostiene que la dignidad de todo ser humano es intrínseca, valiosa desde la concepción hasta la muerte natural, y no puede ser sujeta a decisiones que busquen resolver problemas eliminando vidas humanas.

El concepto de "cultura del descarte", introducido por el Papa Francisco, es clave para entender que nuestra sociedad tiende a clasificar a las personas en categorías, descartando a quienes no cumplen con ciertos estándares de utilidad o productividad. Este fenómeno, exacerbado por el individualismo y la búsqueda del confort inmediato, se refleja claramente en el debate sobre el aborto y la eutanasia.

El aborto no es solo una cuestión de derechos reproductivos, sino una amenaza directa a la vida de un ser humano en su etapa más vulnerable. La declaración de la CeCh enfatiza que cada ser humano, incluso en su fase embrionaria, posee una dignidad que debe ser protegida. Este argumento se refuerza con la afirmación de que la ciencia reconoce al embrión como un individuo humano, diverso de la madre y del padre.

Por otro lado, la eutanasia se presenta como una solución errónea al sufrimiento. La Iglesia propone que, en lugar de eliminar la vida para acabar con el dolor, se deben implementar cuidados paliativos adecuados que alivien el sufrimiento sin recurrir a la muerte inducida. La dignidad humana, incluso en condiciones dolorosas, exige respeto y protección.

El presidente Boric, en su discurso, llamó a expulsar el monstruo de la desesperanza y a construir un futuro compartido basado en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la Conferencia Episcopal advierte que no se puede lograr esto si se olvida a los más vulnerables, incluyendo a los no nacidos. La defensa de la vida por nacer es vista como un pilar fundamental para la protección de cualquier derecho humano.

Este debate invita a reflexionar profundamente sobre los valores que queremos sostener como sociedad. Más allá de las políticas y las ideologías, se trata de una cuestión de principios éticos y morales que definirá el futuro de nuestra convivencia social. Promover el respeto por la vida en todas sus etapas no solo es un desafío para las autoridades, sino una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.

*Centro de Estudios de la Comunicación (ECU) Universidad de los Andes

Redacción

El ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, Jaime Gajardo, fue enfático para afirmar que los daños causados por miembros del Tren de Aragua en la Cárcel de Alta Seguridad, con el objetivo de presionar para que se flexibilicen las medidas a las que están sometidos, no hará ceder a las autoridades.

Los hechos de violencia fueron dados a conocer por funcionarios de Gendarmería, quienes advirtieron que han sufrido agresiones amenazas de muerte y que los recientes disturbios de internos han provocado graves daños en la infraestructura y el mobiliario del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

En uno de los incidentes, el conocido sicario Hernán Landaeta, apodado "Satanás", protagonizó un enfrentamiento con una veintena de otros reos la semana pasada.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) denunció que los hechos de los últimos días "involucran agresiones directas al personal penitenciario, amenazas de muerte, destrozos en la infraestructura y al mobiliario de dicha Unidad, provocado por internos refractarios al sistema".

Las estimaciones del ministro (s) Gajardo es que los daños ascienden a unos 150 millones de pesos y han dejado destruidas 47 de las 60 celdas de una unidad de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, en las que se encuentran presos los miembros de dicho grupo criminal.

"Buscan desestabilizar"

En entrevista con Meganoticias, el representante del Gobierno, dijo que "el objetivo que ellos tienen es que nosotros flexibilicemos el régimen interno. El objetivo que ellos tienen, eventualmente, es ser trasladado a otros establecimientos penales con menos vigilancia, con posibilidad, eventualmente, de que puedan fugarse de los establecimientos penales y eso nosotros no lo vamos a permitir".

"Aquí hay un régimen intenso, porque las personas que tenemos (en esa cárcel) están dispuestas a hacer este tipo de desmanes y otros delitos más graves como los que ya han cometido para obtener sus objetivos. El Estado no puede ceder", agregó la autoridad.

"Acá tenemos presas a 48 personas, todas ellas integrantes de bandas criminales extranjeras. Lo que buscan es que puedan recibir visitas de personas indocumentadas, que puedan eventualmente conectarse o tener contacto telemático con personas del extranjero, tener visitas íntimas. Lo que pueden es tener visitas en un locutorio como en cualquier cárcel de alta seguridad en el mundo", detalló Gajardo.

El ministro recordó que "en algún momento se permitió por vía judicial que pudieran ingresar extranjeros indocumentados que estuvieran enrolados o que tuvieran contacto telemático con el extranjero. Nosotros apelamos y la Corte nos dio la razón".

"Este tipo de daños es inédito en nuestras cárceles y menos el la cárcel de alta seguridad. Nos estamos preparando para enfrentar este tipo de criminales que tenemos presos. Ahora vamos a tener que reforzar el mecanismo de control para evitar este tipo de daños", afirmó la autoridad.

Y sobre las demandas de los reos, expuso que "se quejan de que no tienen agua, pero ellos han destruido todo el sistema para hacer armas o desestabilizar la cárcel de máxima seguridad. Ante ello estamos tomando las medidas".