Consejeros, concejales y la fiscalización del gasto
"El volumen de dinero que se mueve y, por lo tanto la responsabilidad de las autoridades en su ejecución, es enorme". Ricardo Alt Hayal,periodista
La escena se repite hace años. Acusaciones de "actos constitutivos de delitos" en municipios y los concejales giran sus teléfonos hacia sí mismos para hacer indignadas y sorprendidas performances en redes sociales. Misma situación ocurre con los consejeros regionales, pero ya nadie cuestiona que así sea.
De acuerdo a la ley, los consejeros regionales son los encargados de coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región. Los concejales, en tanto, son también los responsables de fiscalizar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo, el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal, como también la ejecución del presupuesto. ¿En qué momento creyeron que pueden sencillamente unirse al coro de los acusadores y no sumarse al banquillo de los acusados, considerando que fallaron en su rol fiscalizador mandatado por ley?.
Chile cuenta con 16 gobernadores regionales y 345 alcaldes, y los encargados de fiscalizar sus actos son 302 consejeros regionales y 2.252 concejales. Si hicieran bien su trabajo, es probable que la Contraloría General de la República, cuyo rol es examinar las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal, no estaría permanentemente en la palestra por la escasa cobertura de sus 17 oficinas regionales -dos de ellas en la Metropolitana-.
El volumen de dinero público que se mueve y, por lo tanto la responsabilidad de las autoridades en su ejecución, es enorme. Para muestra un botón: de un presupuesto fiscal total de unos US$90 mil millones, sólo el ítem compras del sector público, superó los US$16 mil millones. De estos, el sector salud sumó US$5.441 millones, mientras que el sector municipios mostró el mayor aumento en comparación con 2022, con una variación real de 20,5%. Los rubros que más se transaron fueron medicamentos y productos farmacéuticos, servicios de construcción y mantenimiento, y equipamiento y suministros médicos.
El año pasado, el Consejo de Defensa del Estado dio a conocer que el 51% de los 345 municipios eran investigados por corrupción y la Contraloría desarrolló nueve indagaciones especiales en nueve gobiernos regionales. En octubre, a la hora de votar, es necesario informarse del estado de las cuentas de cada municipio y gobierno regional, y evaluar el trabajo del gobernador, alcalde y de los respectivos cuerpos de fiscalizadores.