El fiscal Soto no es fiscal. Tiene tan sólo cinco meses de experiencia como abogado asistente y no tiene formación específica para desempeñarse en el cargo. Con esos pergaminos y sin estudiar previamente los antecedentes de la carpeta de investigación, compareció en representación de la Fiscalía a una compleja audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesaba sobre tres imputados por delitos gravísimos vinculados al Tren de Aragua. ¿Qué podía salir mal?
Desatado el escándalo, hasta aquí todo ha girado exclusivamente en torno a lo sucedido al interior de la bizarra audiencia, con la comunicacionalmente ineludible explotación comercial del morbo, en aproximaciones que buscan explicaciones a través de la formulación de las preguntas incorrectas, cuyas respuestas sólo muestran, con suerte, parte del árbol, pero en ningún caso permiten ver el bosque.
En la inexorablemente humana y muy criolla necesidad urgente de encontrar algún culpable, la opinión pública primero apuntó inquisidoramente el dedo a la jueza, pero al poco andar y gracias al audio de la audiencia que, conveniente y oportunamente, fue expuesto por la prensa, el foco del reproche giró hacia el inexperto y hoy vilipendiado pseudo fiscal.
Quedarse en la manifiesta prepotencia de la magistrada o en la evidente incompetencia y desidia del abogado de la Fiscalía no aporta nada para evitar nuevas situaciones similares y mejorar el funcionamiento del sistema.
Por ello quizá la cuestión más relevante sea resolver si se trató simplemente de una anomalía excepcional de procesos de gestión, cuyos diseños e implementaciones permiten asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz de la persecución penal o, por el contrario, el bochorno se debió, al menos en buena parte, a una falla que se repite de tanto en tanto -en casos sin publicidad- debido a modelos de gestión que presentan vacíos, deficiencias y falta de control importantes, abriendo de par en par la puerta al descriterio y al error.
La respuesta a esta interrogante es esta última. Aún más, múltiples nudos críticos a nivel de procesos de trabajo, incluyendo la comparecencia a audiencias programadas, son conocidos hace tiempo por todos los operadores del sistema.
Por eso es tan relevante no quedarse solamente con lo sucedido en el caso concreto o con justificaciones que nada tienen que ver con lo que pasó, incluso aprovechando más de alguno de lograr algún objetivo.
Menos aún, puede olvidarse que el Ministerio Público es una gran institución, cuyos integrantes en su inmensa mayoría tienen una alta capacidad profesional y una enorme entrega, dedicación y compromiso con la justicia.