"Mayo, mes del mar", esa era la consigna para quienes habitaron las escuelas en los años '80 y '90. Hoy existen otras fechas en el calendario escolar que gozan de mayor promoción y prestigio; es más, el Ministerio consigna al mes como "Del internet y la ciudadanía digital".

A pesar del contexto anterior, que pone a la baja la figura y hazaña de Arturo Prat, el 21 de mayo se celebra y conmemora el Día de las Glorias Navales y en la comuna de Osorno se dieron cita autoridades civiles y militares que recordaron el aniversario número 145 del combate naval de Iquique.

Al revisar la prensa local y nacional se concluye que el mar, entonces, está ligado en la memoria colectiva directamente a un ideario de confrontación, guerra y muerte; sin embargo, el mar es mucho más que eso, presenta otras dimensiones y ampliar la mirada es un desafío para los docentes que hoy conviven con las nuevas generaciones.

En muchas de las escuelas de la provincia, el mar es utilizado para contextualizar los objetivos de aprendizaje emergiendo con ello la interculturalidad y las comunidades indígenas lafkenche, pues es el espacio natural donde se desarrolla su actividad económica y cultural.

La relación de los huilliches con el mar es de reciprocidad y cuidado, basada en el buen vivir o "küme mongen" y el reconocimiento de los pueblos indígenas sobre los bordes costeros por derecho consuetudinario está plasmado en la llamada "ley lafkenche (20.249)", que establece los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo).

Muchas comunidades indígenas denuncian las deficiencias administrativas que ha tenido el Estado para promover la implementación de la ley; los empresarios de la piscicultura y la industria de la mitilicultura reclaman que detiene el desarrollo; por su parte, los sindicatos de pescadores artesanales tienen sus diversas posiciones y revisar todos los argumentos de los actores involucrados es una tremenda posibilidad para evitar los prejuicios y para devolverle al Mes del Mar su sitial en cuanto a que desde este espacio se configura la vida de muchas familias y estudiantes de la región.

El 21 de mayo para las nuevas generaciones seguramente está vaciado de sentido y atrás quedaron los poemas al héroe nacional, sin embargo, nuevamente somos los adultos quienes convivimos con ellos en el cotidiano y los llamados a promover estos temas en las salas de clases pues, a pesar de los detractores, la "ley lafkenche" ha sido y es un avance en materia de derechos.

Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad presenta una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se ha promovido la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Es necesario reconocer que ha habido avances, pero aún falta mucho. Es posible ver cómo los municipios se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas.