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Durante los últimos 30 años, miles de familias han consolidado su vida en barrios que están fuera de las zonas urbanas reconocidas en los planes reguladores, las cuales están destinadas para uso habitacional, equipamiento e infraestructura y para el desarrollo de actividades productivas.

Estas villas y poblaciones ya construidas han quedado al margen del territorio urbano de las 7 comunas de la provincia, lo que genera que estos sectores tengan un desarrollo postergando con la llegada de servicios como supermercados, farmacias, sucursales bancarias e incluso más establecimientos educacionales y cuarteles policiales, principalmente en áreas altamente pobladas y fuera del límite urbano.

Esta realidad agudiza la segregación social y favorece el colapso de calles y avenidas que llevan a las personas justamente hacia la zona centro, donde se concentran este tipo de infraestructura social, educacional, laboral, salud, etcétera. Incluso, detiene el desarrollo en comunas más pequeñas donde simplemente muchos de estos servicios no están presentes, como San Juan de la Costa, que carece de farmacias, bancos, notarías, entre muchos otros servicios.

La importancia de un plan regulador está en que reúne normas que son aplicables para espacios urbanos y edificaciones, lo que permite determinar el ordenamiento y crecimiento de las ciudades teniendo claridad dónde se pueden instalar restaurantes, farmacias, establecimientos educacionales, centros de salud, locales comerciales, supermercados, cuarteles policiales, entre muchos otros.

Además, tiene como objetivo mantener la mayor organización posible de la comuna, permitiendo a la municipalidad tener claridad respecto a las mejores opciones para el desarrollo de proyectos, sin irrumpir en la calidad de vida de los habitantes de la zona. También busca que todos los vecinos sepan cómo pueden construir y qué actividades realizar en su domicilio o negocio.

Comunas

A pesar que las 7 comunas de la provincia cuentan con planes reguladores vigentes, tienen un promedio de antigüedad de 37 años, siendo el instrumento de Río Negro el de mayor data, con 58 años; y el más reciente el de San Pablo, con 14 años.

La normativa vigente estima que un plan regulador debe tener una proyección de máximo 25 años y actualizaciones cada 10 años. En promedio, lograr pasar todo el largo y complicado proceso que significa poder modernizarlos toma 6 años en los territorios que no tienen mayores complicaciones (básicamente sin cuerpos de agua), mientras que en el resto pueden pasar incluso más de 10 años.

En la comuna de Puerto Octay, su plan regulador tiene 30 años (es de 1994), lo que ha generado que algunas zonas vayan en expansión por la construcción de viviendas que obligatoriamente han quedado fuera de la zona urbana, aun teniendo continuidad territorial, tal como la Villa Alto Octay, parte de la población Carelmapu, entre otras. Están en proceso de actualización desde 2017.

Margarita Carrillo, presidenta de la Unión Comunal de Vecinos de Octay, explicó que "el problema de la demora en la actualización para comunas como la nuestra es que se frena la inversión pública y privada. Y se genera un crecimiento que va dejando a las familias cada vez más en la periferia, lo que si no se ordena cuando estamos en proceso de expansión, después resulta complicado. Es una preocupación, porque estos nuevos barrios van quedando cada vez más lejos de recintos educacionales, centros de salud y para qué decir de servicios que ni la propia comuna tiene y obligamos a nuestra gente a viajar hasta Osorno", señaló.

En Puyehue, el instrumento de planificación territorial tiene 31 años (es de 1993), tiempo suficiente para que la zona delimitada, que básicamente se concentra en Entre Lagos, haya crecido fuera del área urbana, principalmente con la construcción de viviendas sociales. Actualmente están buscando convenios con alguna entidad estatal que los ayude para actualizar su plan regulador.

"Finalmente las ciudades terminan construyendo y creciendo de acuerdo a las necesidades del mercado".

Ismael Rivera, arquitecto