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La Contraloría General de La República frenó el decreto de escasez hídrica para la provincia de Osorno, argumentando que hay falta de antecedentes en uno de los informes técnicos presentados. La declaratoria es emitida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección General de Aguas (DGA), que acredita que las 7 comunas presentan una condición severa de sequía.

El dictamen del organismo contralor tomó por sorpresa a los alcaldes, quienes aseguran que lo relevante es que la entidad técnica constató que la provincia tiene grave problemas de accesibilidad al agua potable, que afecta a más de 6 mil familias que dependen de la entrega del vital elemento en camiones aljibe, así como los suelos agrícolas y ganaderos que son fundamentales para la economía de la zona.

Agregaron que lo urgente es corregir las falencias administrativas que pudo detectar la Contraloría General para que la situación quede regularizada a la brevedad, resultando incomprensible que la burocracia administrativa ponga atajo a decisiones de carácter técnico y que representan soluciones a un problema crítico y básico, como es la falta de agua.

Una situación similar se vivió hace unos meses atrás cuando la misma Contraloría General no dio curso a los decretos de escasez hídrica de la provincia de Chiloé y de las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Los Muermos, Llanquihue, Maullín, Puerto Varas, Fresia y Cochamó en la provincia de Llanquihue.

El dictamen fue apelado por las autoridades de la Delegación Presidencial Regional, que representan al Gobierno del Interior, logrando revertir la situación para ambos casos que cuentan con un decreto vigente desde el 14 de marzo pasado.

Dictamen

El documento precisa que la Contraloría no dio curso (toma de razón) del decreto que declara zona de escasez hídrica a las comunas de Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo. Según precisa, "en el informe técnico N°5 de Condiciones Hidrometeorológicas Provincia de Osorno, emitido por la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas (DGA), no hay pruebas que verifiquen la causal invocada para efectuar la declaratoria".

Se debe considerar que la provincia contaba con una declaratoria de escasez hídrica que fue revocada el 1 de agosto del año pasado cuando la Dirección General de Aguas (DGA) declaró como zona de escasez hídrica sólo a la provincia de Palena mediante el decreto N° 155, dejando fuera a las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé e invalidando así el decreto de abril del 2021 que sí les daba la categoría de zona de escasez hídrica.

La importancia de este instrumento técnico radica en que permite generar las acciones y recursos necesarios para reducir al mínimo los daños generales, derivados por la sequía, especialmente el consumo humano del agua potable, saneamiento y uso doméstico de subsistencia.

Alcaldes molestos

La necesidad de entregar agua potable a familias de sectores rurales está ligada con la inaccesibilidad que desde hace años afecta a la zona, debido al secado de forma paulatina de las fuentes superficiales y subterráneas de abastecimiento de quienes viven en los campos de la provincia. Es decir, el agua para la vida les llega en un camión que pasa una o dos veces a la semana, la cual almacenan en estanques especiales, aunque muchos utilizan lo que pueden como bañeras, bidones, botellas, piscinas inflables, entre otros recipientes.

De hecho, casi la mitad de las personas que viven en zonas rurales de la provincia dependen de la entrega de agua en camiones aljibe (cerca de 25 mil), considerando que son 53.875 personas las que residen en los campos, es decir, el 22% del total de la población provincial que llega a 249.225.

Emeterio Carrillo, alcalde de Osorno, precisó que lo importante es la decisión del organismo técnico, que reconoce que en la zona existe una crisis hídrica que debe ser abordada. En la comuna más de mil familias dependen del paso de camiones aljibe en los sectores rurales.

"Los municipios nunca hemos dejado de entregar agua potable a las familias que no tienen accesibilidad a ella y esa realidad ahora es ratificada por la DGA, que es lo importante. Por lo mismo, las observaciones administrativas que pudo realizar la Contraloría General deben ser subsanadas a la brevedad para activar todo lo que implica un decreto de esta envergadura", explicó Emeterio Carrillo.