La expareja del diputado Cristóbal Urruticoechea, admitió al medio Ciper que utilizó una de las tarjetas que el Congreso le entrega a los parlamentarios para cargar combustible en los vehículos que usan en medio de su trabajo legislativo.

Tamara Küpfer, que mantuvo una relación de años con el representante del partido republicano, le señaló al medio de investigación que "esta tarjeta yo la tuve alrededor de cinco años. La tuve desde el primer periodo que salió (electo) el 2018".

Según su versión recibió la tarjeta "por un tema de comodidad cuando vivíamos en Los Ángeles, para que pudiera echar (bencina) con la tarjeta y no andar pagando yo, porque era más rápido".

El auto que utilizaba Küpfer y su RUT quedaron registrados en el sistema de la Cámara de Diputados, mientras que el consumo de combustible del diputado Urruticoechea está consignado entre 2018 y 2022.

La diputada independiente Mónica Arce llevó al parlamentario republicano a la Comisión de Ética de la Cámara Baja y aseguró que, si le cedió por cinco años la tarjeta a su expareja, "está incurriendo en un hecho que presuntamente podría ser considerado delictivo".

"No solamente debe devolver el dinero gastado en bencina", expresó, sino que también debería ser sancionado.

La presidenta de la comisión de Ética, la diputada Ana María Bravo, explicó que el parlamentario podría llegar a recibir una sanción de censura y multa de hasta el 25% de su dieta líquida.

En tanto, el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, señaló que los hechos sucedieron antes de que entrara en vigencia la norma regulatoria del gasto de combustible, "entonces no podemos operar".

A pesar del rechazo transversal que generaron las declaraciones del canciller de Venezuela, Yván Gil, negando la existencia del Tren de Aragua, el Ejecutivo descartó la opción de cortar relaciones diplomáticas con el país llanero.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó en radio Bío Bío que "tanto la migración irregular como el crimen organizado es un problema regional y no solo de nuestro país, que tenemos que abordar con políticas públicas más allá de la mirada nacional".

"Por eso el subsecretario Monsalve viajó y estableció una especie de acuerdo para que las policías, por ejemplo, compartan información", añadió.

Sobre la idea de cortar los vínculos formales con Venezuela, manifestó que "necesitamos que respecto a las relaciones diplomáticas, estas nos sirvan para avanzar en la persecución del delito (...) como también poner orden migratorio en nuestro territorio".

La secretaria de Estado fue consultada por cómo se pudo firmar un acuerdo para perseguir a las organizaciones criminales si el país niega su existencia: "Ese convenio primero se suscribió antes de esta declaración y frente a esta declaración hemos sido sumamente críticos".

"Una cosa son las declaraciones que hemos rechazado y otra cosa es desechar instrumentos que nos permitan lograr de mejor forma el objetivo propuesto, que es prioridad para la gente, que es mayor seguridad", finalizó sobre el tema.

Más tarde, Vallejo expresó en X que "el Presidente Gabriel Boric está evaluando el llamado a consulta de nuestro embajador, para que pueda entregar mayores elementos de lo que está sucediendo con el país vecino".

"Necesitamos que haya voluntad y capacidad de respuesta para hacer frente a un enemigo común que es el crimen organizado y el narcotráfico", selló.

Las palabras de Gil, quien dijo que el Tren de Aragua "es una ficción creada por la mediática internacional", también resonaron en el Congreso, por lo que en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, los parlamentarios determinaron oficiar al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que entregue detalles sobre la colaboración policial con Venezuela y saber cómo ha avanzado el trato.

En las últimas horas se reveló que el abogado Luis Hermosilla, fuertemente cuestionado desde la revelación de audios en los que reconocía sobornos y cohecho, mantuvo un contrato con el Ministerio de Salud firmado en 2022 a causa de acciones que ejecutó durante la administración de Sebastián Piñera.

Los antecedentes fueron revelados por el diputado Daniel Manouchehri, presidente de la comisión investigadora del caso audios, que indaga los presuntos sobornos de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos tras la revelación de audios de Hermosilla con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos.

Según información publicada por radio Biobío en junio de 2022, cuando estaba ya esta administración en curso, el Minsal contrajo un contrato con Hermosilla para pagarle cerca de 10.778.000 pesos, debido a que él habría defendido al exministro Enrique Paris en una acción judicial que se había presentado.

Para que se le pagara tal suma, a tres meses de asumido el actual gobierno se tuvo que indicar que este contrato había sido suscrito el 7 de marzo del 2022, es decir, días antes de que finalizara la administración Piñera. Pero el Minsal no tiene registro del 7 de marzo, por lo que el entonces subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, deberá comparecer ante la comisión de diputados para explicar por qué pagó esta boleta de honorarios al abogado Hermosilla, quien solo tiene justificada la asesoría del Ministerio del Interior de Sebastián Piñera por más de 200 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a un documento expuesto por Biobío, se constata un convenio que contrató en las administración anterior los "servicios jurídicos de defensa judicial y ante el Ministerio Público de don Enrique Paris, actual ministro de Salud, por procesos de carácter penal que se hayan iniciado y se inicien en su contra con ocasión del ejercicio de su función pública durante la pandemia covid-19 y relacionadas al manejo de esta. El costo total de la presente contratación, en el periodo señalado, por la totalidad de los servicios, asciende a UF 325, netos".

Citan a Sichel

También vinculado a la investigación de esta comisión de diputados, ayer se conoció de la citación al exministro y expresidente del BancoEstado Sebastián Sichel, hoy probable candidato a la alcaldía de Santiago.

Esto se basa en un informe de la Unidad de Análisis Financiero que reveló que Luis Hermosilla recibió más de 4.370 millones de pesos en sus cuentas privadas en un periodo de poco más de dos años, de los cuales 21,6 millones fueron depositados por BancoEstado durante la dirección de Sichel, posiblemente como consecuencia de la representación en una acción penal por sabotaje informático que interpuso la entidad bancaria debido a un ciberataque que sufrió en septiembre de 2020.

Y mientras todo esto se investiga, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de reposición del abogado Mario Vargas y declaró admisible el recurso de protección que busca impedir que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tenga acceso a los chats del abogado Luis Hermosilla.

Esta acción había sido rechazado por el mismo tribunal el pasado viernes 5 de abril, resolución que se dejó ayer sin efecto.