Es cierto que en Chile se han implementado políticas orientadas a la inclusión educativa, logrando así disminuir la brecha de ingreso a los espacios regulares de aprendizaje, pero aún existen barreras que limitan el acceso a una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y no se trata solo de una falta de infraestructura adecuada que, por cierto, es la más visible y a la vez, probablemente la de más fácil solución.

La educación inclusiva en nuestro país enfrenta una dramática escasez de recursos especializados. Para dar respuesta a aquello, se requeriría convocar a todos los agentes involucrados en la materia, para así planificar una ruta de trabajo intersectorial sostenible en el tiempo, abordando la problemática de manera integral y no parcelada.

Un primer elemento es, según Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, la formación docente, ya que el avance en normativas de acceso a la educación no ha ido acompañado de una actualización de las herramientas pedagógicas necesarias para que los profesores logren un aprendizaje efectivo de todos sus estudiantes. Para avanzar, es fundamental que el Estado y la sociedad en su conjunto redoblen los esfuerzos para garantizar una educación inclusiva, que reconozca y valore la diversidad de capacidades.

La inclusión de personas con discapacidad en educación no solo ayuda a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, también nos enriquece. Desarrollarse en una comunidad diversa facilita que todos encuentren su lugar dando espacio a la creatividad, a miradas más amplias, búsqueda de soluciones y consensos. En definitiva, una comunidad diversa es el mejor escenario para aprender a convivir.

La libertad condicional, regulada por el Decreto Ley 321, de 1925, permite que un condenado sea puesto en libertad cuando sólo ha cumplido la mitad de la pena (en algunos casos dos tercios) y, además, haya tenido buena conducta y se cuente con un informe psicosocial de Gendarmería.

Se trata, en general, de delitos gravísimos, como violaciones y abusos sexuales contra menores de edad, entre otros, y que fueron investigados y llevados a juicio oral obteniéndose condenas a altas penas. Sin embargo, atendida la normativa esas penas, en algunos casos, son puestas en entredicho en pos de la reinserción social del delincuente.

Cómo no recordar a Ámbar, quien murió asesinada a manos de un doble homicida, a quien se le había concedido este beneficio, a pesar del informe desfavorable de Gendarmería.

Expuesta a la opinión pública la falibilidad de la normativa y de sus procedimientos por casos escandalosos como éste, la política se vio obligada a reaccionar legislativamente.

La última de estas modificaciones fue la Ley 21.627, de noviembre de 2023, que incorporó a las víctimas en el proceso de tramitación de la libertad condicional. Ahora, hecha la solicitud por el condenado, el tribunal debe notificarla para que en cinco días la víctima "dé a conocer sus alegaciones".

Sin duda resulta un gran avance que las víctimas tengan la posibilidad de ser oídas por quienes resolverán si su victimario saldrá en libertad antes de cumplir su condena. Pero, a esta iniciativa le faltó algo importante: ponerse en el lugar de ellas. ¿Cómo se sentirá una víctima que fue violada cuando era niña al recibir hoy una comunicación escrita que le informa que su violador pidió salir antes en libertad y que, por ello, puede ser oída?

No sólo se trata del dolor, angustia y daño sufrido por el delito. Esas heridas ya fueron reabiertas después por el proceso penal para castigar al responsable. Pero allí hubo la posibilidad de apoyo por parte de diferentes organismos para paliar la revictimización.

Ahora, en cambio, esas heridas años después se vuelven a abrir a propósito de la libertad condicional. Esta vez sin el apoyo de nadie. Quizá, en vez de seguir "parchando" legalmente una normativa que data de 1925, llegó la hora de discutir derechamente su derogación, mientras en el intertanto urge alguna medida que se haga cargo de esta "revictimización condicional" que trae consigo la modificación legal.