Los accidentes de tránsito bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad suelen tener una amplia cobertura noticiosa. Sin embargo, hay otras sustancias que son igual de peligrosas a la hora de manejar, pero respecto a las cuales la población todavía no toma real conciencia. Es el caso de la marihuana, cada vez más extendida en nuestro país y en el mundo, cuyas consecuencias al volante pueden ser nefastas.

La Asociación Médica para la Prevención dio en su momento la voz de alerta al decir que "conducir después de haber consumido marihuana es tan peligroso como hacerlo después de haber ingerido alcohol, porque el consumo afecta la capacidad de tomar buenas decisiones, baja el tiempo de reacción y pone más lentos los reflejos, por lo que implica un peligro cuando hay cualquier actividad que puede poner en riesgo la vida de otros".

Dependiendo del tipo de droga que se consuma, ésta puede actuar de formas distintas. Por ejemplo, algunas provocan estados de estimulación o euforia, en cuyo caso la persona se impacienta y podría no esperar la luz verde sino que acelerar antes. Otras deprimen la actividad cerebral, y el conductor podría no alcanzar a reaccionar ante un peatón que se cruza repentinamente. En otros casos, es posible que el conductor cometa una infracción pero no recuerda qué ocurrió.

Los efectos del consumo de alcohol y otras drogas siempre son un riesgo en la conducción, no existen cantidades de bajo o menor riesgo.

En ese sentido, la autoridad pretende intensificar controles con el fin de seguir transmitiendo el mensaje sobre la importancia de prevenir accidentes y establecer una buena convivencia vial.

Las dos máximas autoridades policiales del país serán próximamente formalizadas por su supuesta participación en delitos.

Primero, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien se ha mantenido en su función a pesar de que en mayo enfrentará una formalización por delitos de apremios ilegítimos en el contexto del 18-O. A él ahora se suma el director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien a las pocas horas de conocerse la futura imputación por violación de secretos, abandonó el cargo "voluntariamente", después de reunirse en La Moneda con la ministra del Interior.

Dos soluciones diferentes del Gobierno para el mismo dilema. ¿Cuál? Decidir si los mantiene o no en sus cargos ante el sólo anuncio de una formalización de investigación.

En este sentido, hasta antes del día en que cayó el jefe de la PDI, la posición del Gobierno, en la misma situación, había sido distinta con el general de Carabineros, quien ha sido respaldado manteniéndolo en su cargo. ¿Seguirá el Gobierno ahora prestándole ropa a Yáñez? ¿Por qué dejó caer en el mismo estadio procesal a Muñoz y a Yáñez no?

Es más, el tratamiento diferenciado parece al menos curioso si se observan los delitos en juego, que en el caso del jefe de la institución uniformada representarían una lesividad mayor atendido los bienes jurídicos involucrados asociados a derechos humanos, sin dejar de mencionar que tienen en abstracto mayor pena y, sobre todo, que son el plato preferido para saciar la voracidad de una izquierda radical que forma parte del Gobierno y que avaló la violencia del año 2019.

De ahí que sólo queda concluir que la decisión de mantener a Yáñez en su posición, incluso hasta el día que será formalizado como general director en ejercicio, respondería en buena medida al hedor a precariedad de la imputación que pretende hacérsele por la Fiscalía, lo que no sucedería con el ex titular de la PDI.

Pero hay algo más en el análisis. Algo que es especialmente peligroso para la institucionalidad democrática y el estado de derecho, y que se relaciona con la incidencia política que crecientemente tienen las decisiones del Ministerio Público, incluso aquellas anteriores al cedazo del control jurisdiccional.

En otras palabras, y a propósito de estos casos: ¿Basta el sólo anuncio de una formalización para que ello le cueste el cargo a una autoridad? ¿Cuándo si y cuándo no? ¿Aplica el mismo criterio para un funcionario público cualquiera?

Como fuere, sean ciertos o falsos los hechos que se les imputarán a ambos, sean inocentes o culpables, si hay algo que está claro es que en nada ayuda al combate de la delincuencia en medio de la mayor crisis histórica de criminalidad, que los dos máximos jefes policiales se sienten en un tribunal en el puesto reservado a los imputados.