Bomberos, la PDI y Carabineros. En ese orden, y con valoraciones del 89.3, 57.4 y 56.9%, respectivamente, son las tres instituciones más valoradas por la ciudadanía de la Región de Los Lagos, según la última encuesta que realizó la fundación Gente del Sur con la Universidad San Sebastián, que en esta ocasión se enfocó principalmente en abordar asuntos relacionados con la probidad pública y confianza en las instituciones, aspecto que este año se ha convertido en central, tanto en la agenda nacional como regional y local.

Los primeros lugares expresados en este estudio no están lejanos de los resultados de encuestas de alcance nacional, que suelen, por lo demás, ubicar también en primer lugar a Bomberos. En el caso regional, llama la atención que los tres primeros lugares sean precisamente entidades que están en la primera línea de auxilio de las personas, tanto desde la perspectiva de las emergencias como de la prevención del delito y su persecución. Es un síntoma de los problemas que están afligiendo a la población, que al igual que en el resto del país, está siendo sometida a los efectos de un inédito incremento delictual que ha llegado con fenómenos que hasta hace algunos años eran desconocidos para la zona.

En el último tiempo se ha conocido, sobre todo en Puerto Montt, de secuestros, trata de personas y extorsiones, aderezados con un mayor uso de la violencia y desparpajo por la dignidad de las personas. A ello se suma, además, los reiterados episodios de lo que las autoridades llaman "incivilidades", pero que en los barrios es una tortura cuando hay carreras clandestinas, bullicio nocturno y fiestas desenfrenadas.

Frente a la alta valoración que tienen Bomberos, la PDI y Carabineros, la encuesta muestra la otra cara de la medalla, específicamente en una consulta sobre corrupción, que arroja al gobernador regional y a funcionarios del Gobierno Regional como los principales responsables del Caso Convenios en Los Lagos. Esta semana se decretó la prisión preventiva para la administradora regional (sigue en el cargo directivo), en una indagatoria de largo aliento que indudablemente está complicando la imagen del Gobierno Regional.

En agosto se publicó la ley 21.595 para regular los delitos económicos y medioambientales. Contiene más de 200 nuevos ilícitos, que infraccionan las malas prácticas que cometan las empresas y sus colaboradores. Esta ley comienza su vigencia el 1 de septiembre del 2024 y contempla penas que van en primera y segunda categoría, siendo las de primera categoría aquellas pueden llevar a cárcel a los representantes legales, a los socios de las empresas y a quienes estén involucrados en los delitos.

Lo que expertos ya están recomendando, es que las compañías de todos los rubros evalúen sus brechas, tomen las medidas necesarias para no cometer esos ilícitos y generen un manual de prevención. Con estas acciones pueden levantar anticipadamente sus riesgos con apoyo de profesionales y hacer distintos análisis del tratamiento de estos nuevos delitos, junto a cómo prevenirlos. Estas prácticas sirven a las empresas para estar preparadas ante la imposibilidad de bajar a cero las posibilidades de un ilícito, como también a que, si se comunicó a los trabajadores, pero aun así uno de ellos comete un delito, la empresa presentará una menor culpa ante el hecho perpetrado.

Y con respecto a los estudios de impacto medioambiental, es importante recalcar que en la agricultura hay algunos procesos que pueden verse involucrados en ciertas vulneraciones a la ley y que deben ser estudiados, analizados y buscar todos los medios para prevenirlos.

Dado este escenario, desde el gremio hacemos un llamado al sector lechero, y en particular a nuestros socios, para prepararse con anticipación frente a esta nueva ley. Los agricultores son personas honestas, honradas y trabajadoras, y siempre lo han sido. Y sin embargo, los equipos de personas no son inmunes a estas malas prácticas, sobre todo ante esta nueva ley que amplifica tanto los tipos de delitos, como sus penas.

Esta ley viene sí o sí el próximo año y la agricultura debe estar preparada para un nuevo escenario, donde debemos ser totalmente conscientes de todos nuestros procesos, evaluando cada una de nuestras posibles externalidades y trabajar constantemente para que el agro jamás se detenga, ya que tenemos la enorme responsabilidad de seguir alimentando a Chile y al mundo.