El vendaval de casos de corrupción de los últimos años, más allá del penoso espectáculo y el daño que representan, debiera llevar a hacernos algunas preguntas mínimas que, lamentablemente, no siempre se hacen.

Es precisamente en estas respuestas que podrían estar algunas de las claves para intentar poner atajo a un fenómeno que pareciera estar desbordado.

Respecto de todos los casos que hemos conocido, la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿funcionaron o no los controles preventivos y de fiscalización, tanto interna como externa, a nivel municipal, del gobierno o la administración, de los gobiernos regionales y de la Contraloría? La respuesta es evidente: no.

Una segunda interrogante interesante consiste en saber cómo se develaron los diferentes casos, donde puede advertirse que no fue producto del buen funcionamiento del diseño institucional contra la corrupción ni producto de fiscalizaciones o controles de propia iniciativa, sino que han sido conocidos por la justicia y la opinión pública gracias a denuncias aisladas, grabaciones clandestinas de conversaciones o derechamente por la prensa, quedando así también en evidencia el importantísimo rol que esta última juega en la materia.

En la misma línea, la siguiente pregunta parece de cajón: ¿Se han hecho efectivas las responsabilidades administrativas y políticas de quienes incumplieron sus roles públicos de prevención y control o lo hicieron de forma negligente?. Una vez más la respuesta es negativa, salvo en contadas excepciones de algún "sacrificio" de algún "mando medio" que sirve de cortafuego.

Por último, teniendo presente que la evidencia empírica nos ha enrostrado una y otra vez que la corrupción se puede mover a sus anchas en nuestro país, gracias a groseros forados normativos y de gestión que forman parte de una estructura institucional que, para prevenirla y controlarla, ha hecho agua, cabría entonces preguntarse con mínima diligencia, ¿qué se está haciendo o se hará para frenarla y así evitar la evidente fragilidad que ha demostrado tener el Estado para cuidar el bolsillo fiscal? La respuesta aquí es, hasta el día de hoy, una incertidumbre.

Hay muchas más preguntas que podrían hacerse, sin embargo, pareciera que todas las respuestas nos guían lamentablemente a las mismas conclusiones.

Sólo queda esperar que quienes tienen la responsabilidad pública de hacer algo al respecto, lo hagan de una vez, dejen sus asientos de comentaristas de la realidad y hagan la pega con seriedad, conocimiento y celeridad para ponerle freno en seco a la corrupción.

En noticia nacional se ha transformó el caso de maltrato animal denunciado a la justicia por la Municipalidad de Valdivia, en la vecina Región de Los Ríos, luego de revisar cámaras de seguridad en las cuales se evidencia a personas trasladando de manera forzada a dos perros vagos que vivían en las calles céntricas de la capital regional.

Grupos de rescatistas habían evidenciado la falta de ambos canes a fines de octubre; pegaron carteles en espacios públicos preguntando por ellos y los buscaron por días. Ahora se sabe que se los llevaron, los mataron y enterraron.

Toda la historia tiene aristas muy complicadas. En primer lugar, el maltrato; inaceptable y penado por la justicia, según las disposiciones de la "Ley Cholito". En segundo, el entierro en el patio de un gimnasio, al amparo de la noche, hecho dado a conocer recién este jueves. En tercero, la reacción violenta de manifestantes que concurrieron al tradicional Café Palace, a cuyo dueño se le vincula al caso, para atacar el recinto violentamente, destruir vidrios, cierres metálicos e incluso intentar un incendio. Cuarto, la enorme intolerancia a través de las redes sociales, las informaciones malintencionadas y falsas hechas circular en distintos medios, tanto para repudiar lo ocurrido, como para cuestionar los argumentos animalistas.

El caso se encuentra en investigación. Por lo mismo, es necesario llamar a la calma y seguir los conductos regulares establecidos, confiando en el funcionamiento de las instituciones; porque existen herramientas legales para enfrentar hechos tan repudiables como el conocido. El Colegio Médico Veterinario se hizo parte y otras entidades también pueden seguir el mismo camino para respaldar la acción legal. No caben aquí escaramuzas, ni tratar de hacer justicia por la propia mano. La violencia sólo agrava todos los problemas.

Por otra parte, se hace urgente reforzar la tenencia responsable de mascotas, pues cada animal en la calle viene de una historia de abandono y descuido. También es preciso prevenir la presencia de jaurías asilvestradas, que tanto daño causan en los campos ganaderos de la provincia de Osorno y en la fauna silvestre, especialmente en aves, pudúes y gastos güiña, y promover la adopción responsable.