Carlos Ilabaca

Con una orden en mano, emanada del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, y que autorizaba la entrada, registro e incautación, el fiscal Marco Muñoz, de la Unidad de Análisis Criminal (Sacfi), llevó a cabo un nuevo allanamiento en diversas dependencias del Gobierno Regional de Los Lagos, el tercero desde que la Fiscalía Regional del Ministerio Público anunció el 28 de junio una investigación por las transferencias de recursos a fundaciones.

Acompañado por personal de la Policía de Investigaciones, las diligencias se concentraron en las oficinas de la División de Administración y Finanzas (DAF), ubicadas en el noveno piso del edificio Torre del Puerto. Allí permanecieron los detectives desde aproximadamente las 13:00 horas hasta pasadas las 14:30 horas.

Recién al término del procedimiento, el fiscal Marco Muñoz explicó escuetamente el motivo para desarrollar esta diligencia. "El día de hoy se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación en dependencias del Gore en sus diversas dependencias. Tenía por propósito incautar documentación necesaria para la investigación. Las investigaciones son dinámicas, uno va descubriendo situaciones que es necesario aclarar o complementar", explicó el persecutor.

Por su parte, desde el Gore Los Lagos, fue la jefa del Departamento Jurídico, la abogada Fabiola Yáñez Rojas, quien se refirió también al operativo. "El día de hoy el fiscal (Marco) Muñoz en conjunto con funcionarios de la PDI concurrieron a dependencias de este Gobierno Regional solicitando incautación de material ordenado por el tribunal, a lo cual este servicio, tal como ha sido la instrucción dada por nuestro gobernador regional, entregó todas las facilidades para acceder a ella con prontitud, con rapidez, con transparencia y con la máxima eficiencia para que pueda obtener toda la documentación que necesitaba".

Yáñez añadió que, dado que los antecedentes solicitados no se encontraban en dependencias del Centro Administrativo Regional, "se coordinó la entrega de documentación que se encontraba en otro edificio, en dependencias de Finanzas, no habiendo ningún inconveniente para tal requerimiento", detalló.

Según trascendió desde el Gore, se procedió a aplicar por primera vez el protocolo establecido por este estamento público para responder a los requerimientos de tribunales, con la finalidad principal de proteger la integridad de los funcionarios que se desempeñan en estas oficinas.

De hecho, trabajadores consultados por este medio reconocieron que la situación se dio de manera mucho más discreta y tranquila que en las dos oportunidades anteriores, e incluso algunos funcionarios recién se percataron del procedimiento cuando ya había concluido, dijeron.

El propio fiscal Muñoz, a través de una declaración enviada posteriormente desde la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional, destacó que, desde la perspectiva de los funcionarios trabajadores del sector público que laboran en dependencias del Gore, siempre ha habido la mayor de las colaboraciones".

No obstante, el persecutor aprovechó la instancia para emitir una crítica a la dictación de este protocolo por parte de las autoridades superiores del servicio, el que -según dijo- "restringen las posibilidades de investigación y se dictaron con infracción a las obligaciones legales que tiene toda repartición pública de colaborar con las investigaciones penales y con las diligencias que realiza el Ministerio Público y la Fiscalía, disposiciones que se encuentran tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley de Lavado de Activos, en que se dictó un reglamento o protocolo, el cual hacía procedente esta diligencia sólo basándose en una autorización judicial previa dictada por un tribunal", explicó.

Responsabilidad penal

El diputado por el distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), quien además es uno de los querellantes por el Caso Convenios, dio su parecer frente a esta nueva diligencia investigativa. "El Gobierno Regional de Los Lagos fue uno de los que más recursos traspasó a fundaciones en todo Chile, por lo que siempre es bienvenido que se realicen diligencias que apunten a determinar si dichos recursos fueron entregados de forma legítima o hubo un mecanismo para defraudar al fisco", enfatizó el legislador.

Del mismo modo, Bórquez se mostró expectante porque pronto pueda haber mayor claridad respecto de eventuales responsabilidades en el caso. "Lo que esperamos es que la investigación continúe su curso y que pronto el Ministerio Público pueda avanzar en determinar responsabilidades penales, tales como lo pedimos en la querella que presentamos hace ya varios meses, cuando se destaparon estos casos", dijo.

Las coincidencias

Cabe precisar que cada diligencia de entrada y registro realizada por el fiscal Muñoz al Gobierno Regional de Los Lagos ha estado precedida por novedades en el Caso Convenios.

El primero de estos allanamientos ocurrió el 20 de julio, y es considerado uno de los más "intrusivos", por cuanto en aquella ocasión tanto el gobernador regional Patricio Vallespín, como la administradora regional y varios jefes de divisiones del Gore debieron hacer entrega voluntaria de sus equipos telefónicos personales, equipos computacionales, electrónicos, además de la documentación que fue requerida por el fiscal. Esta diligencia estuvo precedida por un hecho ocurrido tres días antes, la decisión del Gobierno Regional de poner término anticipado al convenio de transferencia con la Corporación Kimün.

El 11 de agosto se realizó un segundo allanamiento, el cual estuvo precedido por las primeras detenciones y formalizaciones del Caso Convenios a

nivel nacional. El 4 de agosto, sólo una semana antes, fue detenido en Osorno, Diego Ancalao, quien luego fue formalizado por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa. En tanto que el 10 de agosto se entregó a la PDI el representante legal y presidente de la Corporación Kimün, Jaime Huincahue, formalizado por delitos de corrupción pública y lavado de activos.

Como se recordará, días antes de estas detenciones, el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, reconoció la imposibilidad de devolver los $1.200 millones traspasados por el Gore Los Lagos para un programa de saneamiento de títulos, porque éstos recursos habrían sido destinados por Jaime Huincahue al pago de deudas del CFT e IP que administraban desde enero de 2021.

En esta oportunidad, este tercer allanamiento viene precedido por el informe final de la auditoría a las transferencias del Gore Los Lagos a fundaciones, que Contraloría hizo público el pasado 9 de noviembre, en el cual el ente contralor estableció que funcionarios de la División de Administración y Finanzas tuvieron un rol activo en los procesos de selección de las fundaciones, corporaciones y ONGs, a las cuales se les transfirieron millonarios recursos del FNDR para la ejecución de programas.

Más recientemente, este fin de semana, El Llanquihue reveló la existencia de comunicaciones entre Jaime Huincahue y académicos de ULagos, a lo menos un año y medio antes de que esta entidad participara como único oferente del proceso de licitación a través del cual adquirió las acciones del CFT e IP de la Universidad de Los Lagos. En uno de estos correos, se daría cuenta de que Kimün pudo haber contado con información privilegiada del proceso.

"El Gobierno Regional de Los Lagos fue uno de los que más recursos traspasó a fundaciones en todo Chile"

Fernando Bórquez, Diputado UDI por el Distrito 26.

"Tenía por propósito incautar documentación necesaria para la investigación. Las investigaciones son dinámicas, uno va descubriendo situaciones que es necesario aclarar o complementar"

Marco Muñoz, Fiscal del Caso Convenios.