Marcelo Galindo

Cadena perpetua para el líder de una facción del Tren de Aragua pedirá la Fiscalía, al cerrar en Puerto Montt la investigación por trata de personas con fines de explotación sexual, descubierto hace dos años y que tuvo como resultado inicial la detención de cinco personas, todos venezolanos, cuatro de ellos hoy en prisión preventiva en el penal de Alto Bonito.

La causa, que data del 21 de octubre de 2021, se mantiene por el delito de trata de personas para la explotación sexual, lavado de activos y asociación ilícita en contra de Héctor Almérida Osto, quien sería el líder de esta organización criminal y para quien se pide presidio perpetuo.

Para su hijo, Héctor Almérida Robles, y el coimputado Yexon Santiso, se solicitan penas de 20 años. Y para Jean Carlos Ustariz Mendoza piden 17 años de cárcel.

Las diligencias desde ese entonces consideraron escuchas telefónicas y la participación de un agente encubierto de la PDI.

Los cuatro extranjeros detenidos, que permanecen en el módulo 21 de imputados de mediana complejidad en la cárcel de Puerto Montt, fueron aprehendidos en marzo de 2022 tras un operativo de la PDI que consideró varias ciudades del sur, pero que tuvo como principal foco del delito a Puerto Montt. ¿El inicio? Fue en la capital regional que un cliente que solicitó los servicios sexuales de una extranjera, quien denunció el delito de trata de personas, luego que la víctima le contara su calvario en Chile y las amenazas de las cuales era víctima para ejercer la prostitución.

Querellantes

La audiencia de preparación de juicio oral está contemplada para el lunes 11 de diciembre, a las 08:30 horas en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

Debido a la gran cantidad de prueba que deberá ser analizada es posible que la audiencia sea extienda por más de un día. En la causa figuran tres querellantes: una agrupación llamada "Mi Abogado", el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La última audiencia en este caso en el Juzgado de Garantía fue el lunes 6 de noviembre y consideró la revisión de la prisión preventiva del imputado Jean Carlos Ustariz Mendoza.

El magistrado Cristian Alfonso, en esa oportunidad, mantuvo la cautelar de prisión preventiva y no dio a lugar a la solicitud de la defensa de levantar la reserva de la causa.

Trata de personas

El hecho fue develado por un cliente de los servicios sexuales de la víctima. El propio sujeto denunció el delito en la PDI de Puerto Montt. Con esa información, los detectives corroboraron la existencia de una agrupación conformada por venezolanos, los cuales captaban mujeres en Colombia y Venezuela para traerlas a Chile a ejercer el comercio sexual y que ofrecían sus servicios a través de sitios en Internet Si bien al momento de su captación se fijaban ciertas condiciones de trabajo y de vida, una vez en el territorio nacional estas no se cumplían, siendo sometidas a explotación sexual, amenazas, intimidación, restringiendo su libertad de tránsito, además de ser sometidas a sucesos denigrantes.

Hechos

En marzo del año pasado se llevó adelante la audiencia de formulación de los cargos penales contra los imputados, y en esa oportunidad, y antes que la causa fuera declarada como reservada, el fiscal Marcelo Maldonado entregó antecedentes de la investigación.

De acuerdo con la indagatoria serían al menos 12 las víctimas. "Una víctima venezolana, que vivía en ese país necesitaba generar dinero. Uno de los imputados le ofreció venir a trabajar a Chile como escort. Inició su viaje a Chile con una menor de edad. Se utilizaron pasos fronterizos no habilitados para ingresar al país y la víctima, en noviembre de 2021, ingresó a Chile por Arica y una vez en Santiago fue contactado (por uno de los imputados). Una vez en Santiago durmió en la calle con la menor, porque el imputado encontró muy caro el alojamiento. No recibió pagos por sus servicios sexuales", señala parte de la indagatoria.

El relato de Maldonado consigna que "la víctima podía salir del lugar siempre acompañada de un tercero, y el dinero era depositado en una cuenta de una empresa de nombre "Luna Manicure". Instaladas en las cabañas FX en Puerto Montt continuó siendo escort a la fuerza y los dineros obtenidos eran depositados en la citada empresa. Amenazaban que sus familiares recibirían represalias en Venezuela. La víctima pagó su deuda y, sin embargo, siguió trabajando para los imputados", señaló el fiscal en su oportunidad.

Dignidad humana

Mauricio Maya, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, confirmó que ellos adhirieron a la misma solicitud de penas del Ministerio Público, es decir, cadena perpetua para el líder, y 20 y 17 años de cárcel para el resto.

"La acusación de este instituto se funda en 12 hechos por los que se formalizó a cuatro imputados, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita para cometer dicha trata, respecto de 12 víctimas, la mayoría mujeres de nacionalidad venezolana".

Según Maya, los hechos se fundan en diversas conductas que al menos desde agosto de 2021 desarrollaban los acusados en Puerto Montt, y que "implicaba la captación y traslado de las víctimas para prácticas que implicaban la explotación sexual de las mismas, a veces también desarrollados en otras ciudades del sur de Chile".

Revela Maya que, adicionalmente, la Fiscalía acusó a "los mismos cuatro acusados por los mismos delitos ya mencionados, y además, por el delito de lavado de activos".

Para el representante del INDH "el delito de trata de personas es muy grave. Se considera pluriofensivo de la dignidad humana, una moderna clase de esclavitud. Los Estados están llamados a investigar y perseguir estos delitos, así como brindarles la máxima protección a sus víctimas".

Derechos

Pablo Sanhueza, defensor penal público que asumió la representación de 2 de los 4 imputados dijo que "luego de 1 año y medio de tramitación, creo que hemos reunido antecedentes suficientes para poder afrontar de buena forma el juicio oral; y ejercer en esa instancia los derechos de nuestros representados. Lo anterior, bajo la presunción de inocencia y el derecho a un juicio oral, público y contradictorio".

Para el diputado (RN) Mauro González el gobierno debe avanzar en sus políticas de inteligencia, para perseguir a estas bandas, recordando el legislador que la "célula del Tren de Aragua en Puerto Montt no fue descubierta por el trabajo de inteligencia, sino que a raíz de una denuncia particular".

12 son las víctimas de esta banda que trasladaba mujeres desde Venezuela y Colombia para prostituirse en Puerto Montt.

21 de octubre de 2021 data la causa que terminó en una primera etapa con la detención de 5 personas, 4 hoy en prisión preventiva.