El Gobierno descartó ayer convocar, como pide la oposición, al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante el aumento de crímenes violentos en el país y luego de que se produjeran varios secuestros extorsivos que exigieron pago de rescates.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "propuestas rimbombantes podemos tener todos los días en materia de seguridad para tener una entrevista en los medios de comunicación, pero aquí hay que hacer un trabajo responsable (...) y reforzar la política contra el crimen organizado".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, adelantó que "estaba previsto en esa fecha convocar al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, vamos a adelantar esa reunión y convocar a ese Consejo, que tiene la especialidad adecuada para este tipo de delito". También dijo que se presentará un paquete de medidas.

Por otra parte, ayer sesionó la Comisión de Seguridad del Senado, en una cita centrada en los casos de secuestros, instancia que fue declarada secreta por solicitud del senador Felipe Kast (Evópoli) y en la que participaron el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás; y el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, el subprefecto Hassel Barrientos.

En radio ADN, este último se refirió a la revelación de que se había pagado rescate en el secuestro de un empresario: "Nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio, no obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, y triangulan estas extorsiones a familiares de estas mismas víctimas que son extranjeras, hacia el extranjero".

En radio Cooperativa el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que "el secuestro extorsivo en la actividad criminal todavía no es la modalidad más frecuente en Chile. El problema es que la forma de comisión nos indica que podría haber bandas que se dedican a esto, y traen formas de comisión aprendidas en el extranjero. Nos preocupa, porque no estábamos acostumbrados a investigarlos y no teníamos la expertiz necesaria".

En cuanto al aumento de los homicidios, ayer el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que llegaron a 16 en dicha zona durante las últimas dos semanas.

Desde que explotó el Caso Convenios en junio pasado, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se había mantenido fuera de las acciones formales, a pesar de encabezar la cartera desde la que salieron gran parte de los recursos transferidos a fundaciones en operaciones que hoy son cuestionadas. Esto cambió ayer cuando diputados de la bancada Social Cristiana anunciaron una acusación constitucional en su contra para buscar su destitución.

Las irregularidades se descubrieron con el caso que involucró dinero de la seremi de Vivienda de Antofagasta, a la fundación Democracia Viva, y esta revelación generó un efecto "bomba de racimo" en entidades gubernamentales y más tarde en Gobiernos Regionales.

De hecho, esta semana Contraloría informó que habría un "modus operandi" que se repite en al menos 15 regiones.

Ayer los diputados Sara Concha, Yovana Ahumada, Gloria Naivellán, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo aseguraron que presentarán la próxima semana el libelo contra Montes y que ya cuentan con las diez firmas necesarias, pese a que en la bancada son sólo siete.

"Creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado con el sueño de la casa propia (...) Aquellos recursos que podrían ser para cumplir ese sueño, ha sido destinado a fundaciones de los amigos del Presidente", dijo la diputada Concha al realizar el anuncio.

La noticia no fue bien recibida por otros sectores de la oposición, que en su mayoría descartaron apoyar la acción.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI), sostuvo que "no vamos a apoyar la acusación constitucional y la UDI no va a prestar ninguna firma. Nosotros desde hace muchos meses que hemos tomado el camino de los tribunales, el camino penal. Una acusación constitucional hoy podría dar la errada señal de que se busca favorecer alguna opción del plebiscito".

Agustín Romero (Republicanos), sostuvo que "nuestros esfuerzos deben estar puestos en llevar información respecto a un proceso constitucional y preocuparnos de la necesidad de los chilenos".

Francisco Undurraga (Evópoli) dijo que "nosotros no estamos en este instante por acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda", y Frank Sauerbaum (RN) pidió que "no improvisemos una acusación constitucional que pueda terminar enrareciendo el ambiente".

"Una oportunidad"

Ante el anuncio, el ministro Montes dijo ayer que "desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el Caso Convenios necesitamos tener oportunidades de explicar bien lo que ha ocurrido, porque se ha distorsionado mucho. Creo que esta puede ser esa oportunidad".

Como parte de esas distorsiones criticó "esta idea de que en cada una de las regiones hay un caso Democracia Viva es inexacto. El caso Democracia Viva es de Antofagasta y en el resto de las regiones ha habido otro tipo de problemas. Los problemas de las regiones son parte de un modelo general, lo dijimos desde el comienzo, tras la primera investigación que hicimos en que recorrimos todas las regiones".

Finalmente, planteó que "si hay un error de este Gobierno fue no haber corregido este modelo que venía de antes, porque no visibilizamos el conjunto de inconsistencias que tenía".