"Tenemos un altísimo nivel de cambios de comportamiento de la ciudadanía para evitar ser víctima de delitos, lo que significa restricciones en muchos aspectos y, lamentablemente, tenemos una evaluación sumamente crítica de las instituciones que tienen la responsabilidad en materia de seguridad y justicia en Chile", fueron las sombrías palabras del director de Paz Ciudadana en la presentación de los resultados de su última encuesta de victimización frente al delito.
Centrando la mirada sólo en robos, la medición indica que en el 36,6% de los hogares algún miembro fue víctima de ese ilícito durante los últimos seis meses, alcanzando el nivel más alto desde que se tiene registro. Añade que el "temor alto" llegó a un 30,5%, también la mayor cifra histórica. El estudio muestra además que, salvo las policías, las restantes instituciones responsables de la seguridad sacan, una vez más, un rojo más cercano al 1 que al 4.
Preocupantemente se concluye que sólo la mitad de los robos son denunciados, lo que evidencia la falta de confianza en un sistema de persecución criminal en el que la Fiscalía este año sólo ha logrado condena en el 4% de los robos no violentos y en el 8% en los robos violentos.
Son malas noticias y a mi juicio previsibles. Es más, todo indica que se pondrá aún peor. A nivel de prevención, se sigue anunciando y haciendo más de lo mismo, con fórmulas gastadas y de alto costo fiscal, cuyo fracaso está sobradamente demostrado. A nivel de persecución penal, en tanto, nada invita a pensar que el actual escenario de impunidad sufrirá cambios en el futuro. Ni soñar que alguna vez ambos ámbitos por fin converjan en una política criminal común y consistente para enfrentar con alguna expectativa de éxito este flagelo, subsanando con ello la mayor falla que presenta el sistema.
No cabe duda de que fenómenos como el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, entre otros, socavan fuertemente las bases de la institucionalidad y que, por lo tanto, deben concentrar los mayores esfuerzos del Estado. Pero nada justifica que se relegue a un segundo plano a los robos, como pareciera estar sucediendo. No sólo se trata de proteger el derecho de propiedad, sino que sobre todo, la libertad personal de una ciudadanía que hoy, en más de un 70%, tiene temor de salir a la calle a ciertas horas, entre otras restricciones que surgen del miedo y que también agreden la convivencia democrática.
Si todo sigue igual, las personas seguiremos perdiendo nuestra libertad a manos de una delincuencia que, paradójicamente, sí la tiene garantizada, convirtiéndonos ante la mirada pasmada de quienes tiene la responsabilidad pública de evitarlo, en esclavos de la inseguridad.