Si bien es un mito que los adultos mayores de 65 años son malos conductores de vehículos motorizados, lo cierto es que los datos sostienen lo contrario: la estadística de 2022 indica que no más del 1% de los choferes implicados en accidentes con lesiones graves son adultos mayores. De hecho, este grupo etario se destaca a la hora de conducir un vehículo como uno de los más prudentes y respetuosos. De ahí que el proyecto de Ley Jacinta, que introduce restricciones en el acceso a la licencia de conducir para los adultos mayores, genere algunas críticas.

La tramitación comenzó en mayo y busca modificar la renovación de la licencia de conducir para las personas de la tercera edad. El proyecto se planteó a raíz del fallecimiento de una bebé que fue atropellada en un accidente protagonizado por un conductor de 80 años, que padecía un cáncer en fase IV, lo que lo expuso a un tratamiento que alteró sus capacidades sensoriales y físicas. El proyecto argumenta la asociación de la avanzada edad con un deterioro en la agudeza visual y capacidades cognitivas.

El proyecto de Ley Jacinta plantea la modificación de las exigencias para los adultos mayores al solicitar o renovar su licencia de conducir. Indica que personas sobre los 65 años deben someterse a una evaluación médica, con el objetivo de identificar eventuales dificultades para manejar. Se incluye la indicación de acompañar un certificado médico emitido por un geriatra o neurólogo, que certifique, bajo su responsabilidad, que el solicitante se encuentra con sus capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado, y que no padece alguna enfermedad que requiera un tratamiento que afecte las capacidades al conducir. Asimismo, se denegará la solicitud o renovación de licencia a quienes padecen cáncer en etapa II o superior, o cualquier enfermedad que, con motivo del tratamiento, afecte la capacidad sicomotora. Algunos médicos han señalado que la propuesta representa una restricción severa de la autonomía de las personas mayores y los pacientes con cáncer, lo que puede implicar mayor aislamiento social y peor acceso a servicios médicos. Se trata de una acción discriminatoria, especialmente hacia los que padecen de enfermedades que no necesariamente afectan sus competencias para conducir.

HUn hecho relevante de la discusión política de las últimas semanas tiene relación con la ley de usurpaciones. No me refiero a la autotutela o a la tipificación de penas de cárcel de usurpaciones no violentas, sino a lo que realmente no se habla: la crisis de vivienda.

La discusión ha girado en torno a una triste negación de la crisis habitacional y el aumento de allegamiento y hacinamiento que son una realidad creciente en Chile (CASEN 2022). Según las cifras de TECHO CHILE los campamentos han aumentado en un 33,1% en el periodo 2022-2023 respecto de los años anteriores y según la fundación Déficit Cero cada día 120 personas se van a vivir a un asentamiento irregular.

La pandemia fue una catástrofe de proporciones que profundizó aún más las brechas existentes en materia de vivienda (así como en prácticamente todas las condiciones de bienestar). Sin embargo, hoy la discusión política y las urgencias están centradas en la agenda de seguridad con tanto ahínco, que los hacedores de política dejan de pensar en respuestas concretas a los problemas que subyacen por mucho al delito.

¿Cómo impacta esto en la cohesión social? ¿Cómo el Estado y la política en su conjunto es capaz de ser resiliente y encontrar soluciones que frenen una crisis habitacional que se arrastra por décadas?

La falta de una casa donde vivir no solo impacta en lo individual, sino que permea a una sociedad que es cada vez más frágil, que en lo colectivo se vulnera y el hábitat no se construye. Por lo tanto, una de las respuestas necesarias y urgentes es que las fuerzas políticas de todos los sectores le den cabida a la discusión, sumado a un pacto inversión público-privada que genere espacios dignos donde vivir.