Carlos Ilabaca

Diez meses después de que comenzaran a ejecutarse 35 programas del Gobierno Regional de Los Lagos con recursos transferidos a fundaciones, corporaciones, ONGs y universidades, el gobernador regional Patricio Vallespín comunicó -este martes- su decisión de poner término anticipado a 28 de ellos e iniciar un proceso de liquidación, a través del cual se espera que sean restituidos unos $11 mil millones de los más de $20 mil 238 millones traspasados de forma directa durante 2023.

La decisión del gobernador regional surge una semana después del último Consejo Regional realizado en Los Muermos, donde los cores exigieron al Ejecutivo regional que se tomara una determinación definitiva sobre la continuación o paralización de 29 programas que fueron representados por Contraloría y sobre los cuales finalmente el órgano contralor no tomó razón.

A los 28 programas que el Gobierno Regional le puso término (ver recuadro) se suma el que ya se había decidido finalizar en forma anticipada -el 18 de julio de este año- con la Corporación Kimün, denominado "Saneamiento tenencia irregular de la propiedad Región de Los Lagos".

Explicación

Pasadas las 20 horas del martes, el gobernador regional Patricio Vallespín comunicó la decisión por medio de un video, mediante el que explicó que la medida se tomó por razones "administrativas".

"Más de 20 mil personas ya han sido parte hasta el momento de los beneficios que han traído consigo estas iniciativas. Son estos programas sociales, de fomento productivo y de planificación que hoy sólo por motivos administrativos, por resoluciones de Contraloría General de la República, procederemos a finiquitar y suspender para lo que queda del 2023 y 2024, porque varios de estos proyectos eran de 18 y 24 meses", detalló.

La autoridad agregó que la medida tuvo en consideración el análisis de las respuestas de Contraloría respecto a los programas y la abstención del órgano fiscalizador al proceso de toma de razón "después de tres presentaciones del Gobierno Regional donde evidenciamos la implementación de todas las nuevas exigencias que nos fueron solicitadas. Creemos que todas las observaciones han sido resueltas y servirán de modelo para los nuevos convenios", comentó.

Vallespín puntualizó que cada liquidación y suspensión estará adecuada a la realidad de la ejecución de cada programa, y que el proceso de término ocurrirá en el transcurso de los meses de octubre y noviembre. "Hemos iniciado un diálogo y trabajo coordinado con cada entidad, las cuales se han mostrado llanas a colaborar en el proceso de restitución de los recursos ejecutados. Este dinero, que esperamos sea devuelto en los tiempos más eficaces que se pueda, son del orden de los 11 mil millones de pesos, que serán reintegrados al tesoro público. Sobre este proceso velarán todos los resguardos administrativos y legales para su fiel cumplimiento", recalcó.

Programas con sentido

El gobernador regional no cerró la puerta a que algunos de estos mismos programas puedan volver a ser postulados a partir del próximo año, "adecuándolos a las nuevas exigencias y procedimientos que probablemente vendrán en la Ley de Presupuesto de la Nación".

Acto seguido, Vallespín detalló los alcances y consecuencias que tendrá el término anticipado de varios programas. Destacó, por ejemplo, uno de salud odontológica que se ha ejecutado con éxito junto a la Universidad San Sebastián, el cual alcanzará a atender a 400 personas de escasos recursos de los sectores rurales de toda la región. Respecto a ese programa, el gobernador dijo que otros 1.600 pacientes quedarán sin atención.

De igual modo rescató el programa impulsado con la Universidad Santo Tomás, para la atención integral de personas mayores con dependencias, el cual -dijo- dejará de atender a 750 personas que recibían la atención de salud multidisciplinaria, entrega de insumos, ayudas técnicas y suplementos alimenticios.

Finalmente, se refirió al programa que ejecutó la Corporación Joaquín de Los Andes. "Les quiero decir a las 190 personas con discapacidad que iban a recibir ayudas técnicas para su vida cotidiana, que hoy no lo podrán hacer, que no voy a descansar hasta reactivar su programa y llegar con esas herramientas que Senadis no podía ejecutar por sí solo y por eso recurrimos a una corporación para llevarlo a la práctica. Vamos a encontrar el camino para culminar su proceso y seguir instalando sus necesidades como un tema importante para la región", argumentó.

Reacciones

"La paralización y cierre anticipado de 29 programas de fomento productivo y social por parte del Gore Los Lagos es un golpe fuerte a apoyos directos que llegarían a emprendedores y personas más vulnerables de la región. Iniciativas que fueron diseñadas para apoyar el turismo, la agricultura familiar campesina, la apicultura, la pesca artesanal tendrán que seguir esperando. Lamentablemente, vemos que los ministerios no entregan ningún apoyo a estos rubros productivos que lo están pasando mal", expresó el core de Palena, Fernando Hernández (RN), quien espera que efectivamente el próximo año se pueda retomar varias de estas iniciativas.

Su par de Osorno, Andrea Iturriaga (UDI), lamentó el cierre anticipado de programas, pero agregó que "estoy de acuerdo que es lo que correspondía hacer, ya que existieron procesos administrativos mal realizados. Jamás se deberían haber transferido recursos sin la toma de razón de Contraloría". Su opinión fue reafirmada por María Angélica Barraza (UDI), quien afirmó que "el haber transferido los recursos anticipadamente, sin la toma de razón, implica que hoy esos programas no puedan continuar. Las consecuencias políticas y financieras serán otro problema que se va a ir viendo en el camino", enfatizó.

"EL Acto es nulo"

La consejera de Llanquihue, Patricia Rada (CS), dijo que es una situación muy lamentable, pero reconoció que es un escenario que los propios cores habían previsto. "Porque lo que no correspondió hacer fue un traspaso de fondos sin haberse tramitado totalmente el proceso de toma de razón".

El consejero Rodrigo Wainraihgt (RN) apuntó a que el Gobierno Regional cayó en una equivocación jurídica, pues al no existir toma de razón de parte de Contraloría, "el acto administrativo no ha nacido a la vida del derecho, por lo tanto mal se pueden haber transferido recursos. La consecuencia de esto es que el acto es nulo", dijo.

Según Wainraihgt, el Gore se equivocó al utilizar como norma general para todos los convenios una norma que es excepcional. "Sin perjuicio de la nulidad, es lamentable porque al final del día quien pierde es la comunidad, porque si uno revisa cada uno de los programas, tenían un tremendo impacto social. ¿Quién va a estar en contra de un programa que tenía por objeto entregar asistencia dental a los vecinos y vecinas?, ¿o la compra de catres clínicos, la ayuda a los niños TEA?, ¿o la ayuda a adultos mayores, donde el Estado y la Municipalidad no es capaz de llegar?", se preguntó.

"Mi temor es que estamos avalando un acto administrativo, pero sin la certeza que Contraloría nos vaya a decir que es correcto. El gobernador nos explicó ayer que es un riesgo que iba a correr él personalmente", comentó el core de Llanquihue, Rodrigo Arismendi (Ind.), respecto a la rendición de los recursos gastados durante la ejecución de los programas por parte de las fundaciones.

Según recalcó, una vez que se produzca el cierre el 31 de noviembre, "seguramente habrá programas que van a estar más ejecutados que otros y se va a hacer en base a lo que ellos puedan rendir. Esa rendición va a ser importante, porque va a marcar el porcentaje que avanzó cada uno. Los recursos que sobren, son los que se tienen que devolver", explicó.

La misma preocupación expresó el presidente de la Comisión de Régimen Interno del Core, Ricardo Kuschel (RN), en especial luego que la mañana de este miércoles sostuviera junto a los jefes de bancada del Consejo Regional una reunión con la contralora regional, Paula Martínez Zelaya.

"En realidad, todo lo que se está haciendo es ilegal. El gobernador tomó un camino, cerrar los proyectos, pero la Contraloría dice ¿qué programa?, si los programas no existen. ¿En qué se han gastado la plata los programas?, ¿cómo me van a rendir a mi un programa del cual yo no tengo idea lo que se está ejecutando, porque no hay toma de razón?. Entonces, todo viene muy difícil. Yo creo que fue buena nuestra visita. Nos queda absolutamente claro que estamos caminando un terreno muy peligroso", manifestó el core.

Manuel Rivera (PS) afirmó que hoy se está pagando caro por los errores administrativos. Agregó que toda esta situación deja una enseñanza: "De todos los programas, siempre ha tomado razón la Contraloría", sostuvo.