La Contraloría General de la República cuestionó la compra de inmuebles por parte de la Municipalidad de Las Condes para construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en el que "hemos detectado un alto sobreprecio en la compra del inmueble y se constató que no existe el proyecto de construcción del centro de salud" y apuntó que el organismo comunal no ajustó la adquisición a "los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos".

Este pronunciamiento responde a una denuncia de la concejala Catalina Ugarte (Republicanos), quien expuso que para esta operación la entidad comunal habría cometido una serie de irregularidades "constituidas por la omisión de información detallada, adulteración del acta de un acuerdo del concejo municipal, omisión de requerir el acuerdo del Concejo Municipal y compra de un inmueble por alrededor del doble del precio pagado por el vendedor solo un mes antes".

De acuerdo con el ente fiscalizador sobre la actuación del municipio encabezado por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), "no resulta posible emitir un pronunciamiento acerca de la consulta planteada sobre la viabilidad de un proyecto a ejecutar en los predios indicados, toda vez que de los antecedentes analizados no se aprecia la existencia de un proyecto".

Faltas a la probidad

El organismo encabezado por Jorge Bermúdez expresó así el hecho de que detectó faltas a la probidad en el proceso, por lo que se iniciará una instancia disciplinaria para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Además los antecedentes se remitirán al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En el pronunciamiento de la Contraloría se señala que a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes se le encomendó la búsqueda de terrenos. Tras eso, "el municipio suscribió un contrato de corretaje con Vulcon Asset Management SpA, fechado 13 de marzo de 2022, para la adquisición de 10 casas, individualizadas en su oferta de 28 de febrero de 2022".

El ente fiscalizador añade que "la regla general de contratación es la licitación pública, sin perjuicio de que existan situaciones determinadas en que corresponda recurrir a la licitación privada o trato directo". Sin embargo, añade que "no es posible verificar la regularidad en la tramitación del contrato de corretaje suscrito entre la Municipalidad de Las Condes y Vulcon Asset Management SpA y el decreto alcaldicio que lo aprueba".

Respuesta

La alcaldesa respondió a través de un video publicado en su cuenta de X, en el que sostuvo que este informe "ratifica que las medidas que hemos tomado como municipio, y yo como alcaldesa, van en la línea correcta. Tal como lo he mencionado a medida que fui conociendo con mayor profundidad los antecedentes, nos dimos cuenta que habían errores administrativos graves y por eso se han instruido sumarios y se han presentado querellas".

La jefa municipal añadió que "el informe de la Contraloría también nos entrega todas las esperanzas de que podemos seguir adelante con la construcción de este tercer Cesfam, que es tan anhelado por los vecinos de la comuna".

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) registró en septiembre un alza del 0,7%, mientras que a nivel internual se situó en un 5,1% continuando su moderación y manteniendo su menor nivel desde 2021, según informó ayerel Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"Destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y en transporte, y la disminución de bebidas alcohólicas y tabaco", detalló el organismo a través de un comunicado.

"En el noveno mes del año, siete de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cinco presentaron incidencias negativas", agregó.

Los alimentos y las bebidas alcohólicas registraron un aumento de precios del 1%, en tanto el transporte marcó un alza del 1,2 %. Las bebidas alcohólicas y el tabaco, en cambio, apuntaron un descenso del 0,9 % respecto al último mes.

Dentro del alza de alimentos, las hortalizas, legumbres y tubérculos llegaron al 7%, resaltando particularmente la papa que llegó a un 37,7% en el aumento de precios.

En tanto, productos lácteos, quesos y huevos marcaron un 0,8% de aumento.

Combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal subieron un 2,9%, seguidos por transporte de pasajeros por vías urbanas y carreteras con un 0,9%.

Marcel explica alza

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que "más de la mitad de esta cifra se explica por tres productos: por las gasolinas, por paquetes turísticos y por la papa".

"Esto indica que se trata de una variación que básicamente responde a precios volátiles, algunos ligados a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y el tipo de cambio, otros ligados a la situación climática", agregó.

Destacó que "la tendencia de la inflación continúa a la baja, quedamos a las puertas de pasar al rango de 4 % tres meses antes de lo señalado por el Banco Central cuando proyectó una inflación del 4,3 % para diciembre, así que tenemos tres meses para llegar hasta allá y, por lo tanto, la economía continúa en una trayectoria de reducción de la inflación, de estabilización de la economía, de inicio de la reactivación".

La Fiscalía añadió sospechas por un posible lavado de activos en el Caso Democracia Viva y se encuentra investigando tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco, motivos por los que decretó el secreto de la carpeta investigativa hasta 2024.

La Tercera reveló que el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, pidió en junio a la Unidad de Análisis Financiero remitir informes y a fin de ese mes se comunicó que existían documentos de Reportes de Operaciones en Efectivo de la diputada Catalina Pérez y la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, así como también antecedentes de Reportes de Operación Sospechosa relacionados al exseremi del Minvu Carlos Contreras y la fundación Democracia Viva.

Debido a la sospecha de este nuevo delito, el fiscal decretó la reserva de la investigación por seis meses, hasta febrero del próximo año, y los intervinientes, tanto querellantes como defensas, tendrán restringido acceder al expediente de la causa.

El representante de Republicanos como querellante, Sergio Rodríguez Oro, confirmó que ya les notificaron esta decisión y aseguró que "en la medida en que la reserva sea útil para cumplir alguna diligencia, nos parece correcto".

Por su parte, los defensores de la Fundación ProCultura, que participa como denunciante y es objeto de investigación en la causa, Felipe Barruse y Susana Bortzutzky, indicaron que buscarán "los mecanismos para poder reclamar los alcances y efectos de una medida de secreto como las que afectan todas las investigaciones".

Así, agregaron que "se debería separar la investigación y dejar sin efecto el secreto en las aristas que no existe presunción de lavado de activos".