Hay inquietud en los consumidores por las sostenidas alzas en los precios de las gasolinas, que han bordeado los 30 pesos por litro en las últimas semanas.

Expertos proyectan nuevas alzas del valor de los combustibles para las dos actualizaciones del próximo mes. Según los economistas, el 5 de octubre volverán a subir los precios de las gasolinas en torno a los 30 pesos y es probable que el 26 de octubre se registre una nueva alza, manteniéndose esta tendencia al menos hasta noviembre.

Los principales factores que inciden en el aumento de los precios son el valor del dólar, que ha oscilado entre los 800 y 900 pesos en septiembre, además del alza en el precio del barril de petróleo en el mercado mundial, debido a la baja producción de crudo en Arabia Saudita. Algunas autoridades dicen que si no estuviera operando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) las gasolinas estarían 130 pesos más arriba de los valores actuales.

Las alzas de precios no solo impactan en el bolsillo de los consumidores, sino que también tiene consecuencias en la inflación, porque los efectos, sobre todo en los vehículos de carga, se transmiten y se multiplican en la economía.

Rebajar o eliminar el impuesto específico, que nació como una medida transitoria hace casi cuatro décadas, es una idea que se ha planteado con fuerza en los últimos años a cada gobierno, e incluso hay proyectos que han presentado en ese sentido algunos parlamentarios, pero que se encuentran detenidos en el Congreso. El impuesto específico deteriora aún más la condición de desempleo y la caída de los ingresos de las familias, a la vez que se transforma en un generador de mayor inflación. Este es un problema que requiere de una solución definitiva.

En una radio argentina, el ex Presidente Piñera afirmó que el denominado "estallido social" fue un intento de "golpe de estado no tradicional". Luego reiteró sus dichos en una entrevista con un medio español y el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, salió en público apoyo de esta visión, sosteniendo entre otras cosas, que las acusaciones constitucionales que el hoy oficialismo intentó serían prueba de lo mismo.

Pero, jurídicamente hablando, ¿es posible sostener esto? Dentro de todo lo que caracteriza el quehacer de los abogados, destaca la capacidad de subsumir acontecimientos a normas jurídicas. O sea, nuestro trabajo pasa por ser capaces de traducir hechos a actos de relevancia jurídica. Para conseguirlo, nuestra principal herramienta es el lenguaje. De aquí, entonces, que el uso de las palabras sea un aspecto sensible en nuestra profesión.

Lamentablemente, nuestra discusión pública y política se ha relajado en el uso de las palabras. En los tiempos del "estallido social", todos los que teníamos críticas éramos tildados de "fachos". Hoy, con el péndulo en el otro extremo, da lo mismo llamar "delincuencial" a lo social, "enemigo" al adversario, o usar como prueba de un intento de golpe al uso de herramientas constitucionales.

Golpe de Estado no es un concepto jurídico, más bien, es propio de otras disciplinas. Así, si se sostiene que el "enemigo poderoso" era una potencia extranjera, estamos en presencia de los delitos de conspiración y traición de los artículos 106 y 108 del Código Penal. Luego, si se apuesta por un alzamiento armado para derrocar al gobierno o modificar la constitución mediante la fuerza, el delito se llama rebelión y está en el artículo 121 del mismo código. También allí se regulan los delitos de alzamiento y sublevación. Esto, sin considerar lo establecido en la Ley de Seguridad del Estado.

Pero, más allá de los tipos penales, lo que intento señalar es lo riesgoso de descafeinar términos al punto de que terminen siendo cualquier cosa. Y lo peor, es hacerlo sin haber ejercido las acciones legales o sin medios probatorios que la sustenten. En efecto, ¿cuántas querellas presentó el gobierno por rebelión? Al mismo tiempo, ¿sabe usted que la gran mayoría de querellas presentadas por ley de Seguridad del Estado terminaron sobreseídas o archivadas por falta de prueba?

Con todo esto, no quiero decir que las intenciones (si las hubiera) del estallido social están zanjadas. Es un tema abierto, sin duda. Pero, no a pretexto de aquello podemos acostumbrarnos a que se juegue así con el lenguaje o se afirmen como hechos imputaciones que, hasta hoy, siguen sin prueba. Tal vez aquí el Ministerio Público está al debe.