Un fuerte llamado a recapacitar expresó el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, en respuesta a una nueva normativa del Ministerio del Interior que consiste en el término de la entrega de fondos para el arriendo de camiones aljibes que reparten agua en las zonas rurales. Dicha medida, que comenzará a regir el 1 de octubre, afectará restrictivamente a 735 familias de la comuna.
El anuncio, que se hizo a través de un oficio enviado por la delegada presidencial regional -Giovanna Moreira- el 21 de septiembre, ha generado indignación en la comunidad costeña. "Primero, este comunicado que hacen a través de un oficio a las diferentes comunas que estamos entregando agua de hace más de ocho años, afecta directamente uno de los derechos fundamentales que este gobierno tanto pregona, que es el derecho humano al agua. Aquí se le está privando en San Juan de la Costa a 735 familias de este derecho", recalcó el jefe comunal.
La nueva normativa, que entra en vigencia el 1 de octubre, dejará a estas familias sin suministro de agua debido a una decisión que se basa en supuestos déficit hídricos en los cuales sólo la provincia de Palena se encontraría en esta situación. "Me parece que los fundamentos que esgrime en este caso la institucionalidad del Gobierno, carecen de fundamentos porque todas las estaciones pluviométricas están instaladas en zonas del valle central, no del litoral. En consecuencia, en el litoral es donde más hoy afecta el cambio climático", cuestionó Candia.
Además de criticar la falta de fundamento, el alcalde destacó la falta de sensibilidad en el manejo de la situación: "Anunciar este tipo de medidas con una semana y media de ejecución de tal acción me parece que es absolutamente improcedente, de poca sensibilidad humana para aquellas familias que esperan los recorridos de los camiones aljibe".
