beneficios es que permite la entrega de recursos de emergencia. Aquí entran a actuar la distribución de agua a través de camiones aljibes, los cuales son financiados por las delegaciones presidenciales regionales o provinciales, una vez que ha sido autorizado por el Ministerio del Interior para que sean contratados directamente por los municipios.

La autorización para la entrega de agua a través de camiones aljibes requieren además de la declaración de escasez hídrica, que haya Decreto de Emergencia Agrícola por escasez hídrica del Ministerio de Agricultura, Declaración de Zona de Catástrofe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y un informe de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP que acredite la falta de recursos en un sector o sistema APR producto del déficit de precipitaciones.

Cuestionamientos

En la provincia las comunas afectadas son seis (excepto Puerto Octay, que sólo requiere recursos adicionales en verano) con un total cercano a 6 mil familias.

Bernardo Candia, alcalde de San Juan de la Costa, considera que la medida fue aplicada con premura considerando que entraría a regir a partir del 1 de octubre y con un retraso enorme en la información dada recién ayer.

"En La Costa están quedando sin agua potable 337 familias en este momento, cifra que aumenta en verano. Los fundamentos que presentan para tomar tamaña decisión son rebatibles, porque las mediciones de pluviometría y accesibilidad al agua no se realizaron en La Costa. La entrega de agua con camiones aljibes en esta comuna viene muchos años antes del 2021 con la declaración de crisis hídrica y siempre hemos contado con recursos para arriendo de camiones ya que nosotros no tenemos ninguna opción de asumir esa inversión", argumentó el jefe comunal.

Agregó que considera que esta decisión es más bien política por falta de recursos desde el nivel central, pues no responde a la realidad de los territorios y las dificultades para el acceso al agua potable de las familias más vulnerables en los campos.

Sebastián Cruzat, alcalde de Río Negro, coincide con la fuerte crítica a la decisión de terminar con el financiamiento de arriendo de camiones aljibes.

"Acá son más de 600 familias las afectadas y donde desde muchos años antes de la declaración de déficit hídrico había necesidad de entregar agua potable en camiones aljibes. No pueden avisar nueve días antes que no tendremos más recursos para camiones. ¿Qué le decimos a la gente que requiere del agua potable? Es una irresponsabilidad con un derecho vital como es el acceso al agua", comentó Cruzat.

María Jimena Nuñez, alcaldesa de Puyehue, considera un despropósito jugar con la entrega de agua potable a familias en sectores rurales: "acá los municipios hacemos nuestros trabajo, pero es el Gobierno el que está optando por negar el agua potable a la gente en los campos. No tenemos cómo asumir ese costo y menos a nueve días de iniciar esta medida que no fue informada ni socializada con los alcaldes o la comunidad. Es gravísimo este problema", precisó la alcaldesa.

Parlamentarios

Héctor Barría, diputado DC por el distrito 25, enfatizó que "determinar este tipo de medidas, inconsultas, no socializadas con los alcaldes, con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, comunidades indígenas (…) es urgente que sea reconsiderada a la brevedad. No pueden dejar a la gente sin agua, es faltar a un derecho básico, el derecho a vivir. Vamos a abordar este tema con urgencia en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados a la cual pertenezco", apuntó el parlamentario.

Emilia Nuyado, diputada PS por el distrito 25, comento que "es urgente que tanto la Subsecretaría de Interior y la Dirección General de Aguas resuelvan a la brevedad con informes que den cuenta de la realidad territorial de las provincias con la declaratoria de escasez hídrica, para que las diversas comunas puedan acceder a los presupuestos para entregar agua a las familias de la ruralidad".

Añadió que se trata de agua para el consumo humano, por lo que solicitó no burocratizar los procesos para atender a las familias que requieren con urgencia contar con este elemento vital, fundamentando con la realidad de cada comuna, detalló Nuyado.

Hasta el cierre de la edición, la Delegación Presidencial Regional presidida por Giovanna Moreira, no entregó respuesta a la solicitud realizada por este medio respecto a la medida.

6 mil familias aproximadamente Dependen del agua que reparten en camiones aljibes en la provincia durante todo el año, y que en verano aumenta a casi 8.000 familias.

2023 agosto se decretó zona De escasez hídrica sólo para la provincia de Palena, dejando sin efecto el documento de abril del 2021 que reconocía la crisis en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Osorno.

2017 la población estable de la Provincia estable llegaba a 234.122 habitantes. Se incrementó 36% en últimos cuatro años, hasta llegar a 318.413 durante el 2021.