Cascabel al gato
Marcos Emilfork , abogado y ex fiscal regional
Recientes allanamientos por delitos de corrupción en la municipalidad de Puerto Montt y en domicilios de funcionarios municipales terminaron, por hallazgo casual, con el ex administrador municipal y actual director de concesiones detenido y formalizado por microtráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. Fueron a su casa por evidencia informática y se encontraron con marihuana dosificada, un revólver calibre 38 y una buena cantidad de billetes de 10 y 20 mil pesos.
Este hecho trae a la memoria el caso de la municipalidad de San Ramón y los nexos entre el poder político y el narco, tema que más allá de discursos de buena crianza debiera ser hoy una de las prioritarias preocupaciones de las autoridades, atendido el desarrollo del crimen organizado, agravado por el asentamiento en nuestro suelo de organizaciones criminales extranjeras que, en sus países de origen, han probado su capacidad de permear el aparato público. ¿Hay leyes específicas para atacar este fenómeno? No. ¿Hay una política pública consistente en esta área? Tampoco.
Otro tanto sucede con el objeto principal de esta investigación que son los delitos de corrupción. La idea de que basta con mejorar algunas leyes penales para frenarla -como sucedió después del escándalo de las platas políticas- es tan utópica como ingenua, o derechamente falaz. A la par de cambios normativos que en serio eleven el costo delictual deben existir herramientas eficaces de prevención, detección y control, en manos de organismos capaces de realizar esa tarea y que estén verdaderamente coordinados entre sí. ¿Hay alguna política pública específica para diseñar una institucionalidad en estos términos para enfrentar la corrupción? No.
Seguir descansando en el sistema penal como la exclusiva o principal fórmula para solucionar estos problemas no logrará terminar con los fenómenos de raíz, ya que siempre llegará tarde, es decir, después de los hechos y sólo en aquellos casos que lograron detectarse.
No puede olvidarse que se trata además de ámbitos donde el silencio y la coparticipación "leal" reinan, dificultándose en extremo las posibilidades de develación. Ello sin mencionar las complejidades que de por si tiene el proceso criminal, cuyos resultados siempre son inciertos.
La represión penal eficaz por cierto que es clave, pero sigue siendo solo una de las aristas que queda coja si no se fortalece la institucionalidad preventiva y de control administrativo, en el marco de un diseño institucional que se haga cargo de todos aquellos aspectos que en definitiva hacen posible la corrupción y la penetración del narcotráfico en el Estado. Esto, claro está, en el entendido que se le quiera poner de una vez por todas el cascabel al gato.