Estados Unidos emitió ayer sanciones contra siete individuos y cuatro empresas ubicadas en Irán, China, Rusia y Turquía por su conexión con el desarrollo de drones iraníes no tripulados y aeronaves militares. Esa red, según indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, ha facilitado envíos y transacciones financieras en apoyo de la producción, adquisición y mantenimiento de esos aparatos por parte del fabricante iraní de aeronaves HESA, sancionado por Estados Unidos desde 2008.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló en el comunicado que la "continua y deliberada proliferación de vehículos aéreos no tripulados por parte de Irán" permite a Rusia, sus contactos en Medio Oriente "y otros actores desestabilizadores socavar la estabilidad global". Las sanciones actualizan la lista existente hasta ahora para incluir el alias que HESA ha utilizado para evadir sus sanciones y las medidas de control a la exportación, Shahin.

Entre los sancionados este martes está su actual director gerente, Mehdi Gogerdchian, su antecesor y actual vicepresidente de la junta directiva, Hamidreza Noori, y el director de la fabricación de los drones, Husayn A'ini, todos ellos radicados en Irán. En China se sancionó entre otros a la empresa Shenzhen Jiasibo Technology, que facilita a HESA el suministro de altímetros, GPS, sensores y otros materiales, y en Rusia a las compañías Delta-Aero Technical Service Center, Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Aerosila y Joint Stock Company Star, de nuevo por sus conexiones con HESA.

Por su parte, Washington puso en su punto de mira en Turquía a Mehmet Tokdemir y Alaaddin Aykut por haber facilitado transacciones financieras en beneficio de HESA.

La India anunció ayer la expulsión de un alto cargo diplomático de Canadá, en respuesta a la acusación de las autoridades canadienses de que el país asiático estuvo implicado en el asesinato en su territorio de uno de sus ciudadanos, un líder separatista de origen indio y perteneciente a la comunidad sij. "El Alto Comisionado de Canadá en la India fue convocado hoy e informado sobre la decisión del Gobierno de la India de expulsar a un alto cargo diplomático canadiense", dijo el Ministerio de Exteriores del país asiático en un comunicado.

El diplomático deberá abandonar la India en los próximos días, en una medida que refleja "la creciente preocupación sobre la interferencia de diplomáticos canadienses en nuestros asuntos internos", según Exteriores. El asesinato de Hardeep Singh Nijjar el pasado junio en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá, ha desatado una crisis diplomática entre los países.

Nijjar fue tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, y había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por defender la creación del estado independiente de Khalistán para la minoría sij en el estado indio de Punjab. Este movimiento separatista pasó a una insurgencia armada en la década de los 80 que dejó decenas de miles de muertos a su paso.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó ayer que, según los servicios de inteligencia canadienses, la India estuvo implicada en el asesinato de Nijjar. Canadá expulsó además ayer a un diplomático indio, el responsable de la inteligencia de la nación asiática en el país.

Por su parte, el Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, rechazó ayer unas acusaciones que calificó de absurdas y motivadas. Según el Ministerio de Exteriores indio, las declaraciones de Trudeau buscan "desviar la atención de terroristas y extremistas khalistaníes".

El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia a partir de ayer martes en dos distritos de Lima y uno de la región norteña de Piura, los más golpeados por la criminalidad, para pedir la intervención de la Policía Nacional y las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad.

En una pausa, durante su viaje a Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Boluarte indicó al canal TVPerú que el objetivo es "poder enfrentar de manera firme y decidida esta lucha frontal contra la delincuencia y criminalidad organizada".

A su vez, el primer ministro Alberto Otárola explicó, en Lima, que "se hace necesaria una presencia inmediata y con emergencia de las fuerzas del orden en estas localidades, estamos hablando de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres (en Lima) y Sullana en Piura, que va a permitir el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional, pero con el apoyo estratégico y los activos críticos a cargo de las Fuerzas Armadas".

Crisis

La decisión del gobierno se tomó después de que durante la noche del pasado viernes una discoteca en San Juan de Lurigancho fuera atacada por desconocidos con un artefacto explosivo, en una acción que dejó diez personas heridas, según informó el Ministerio de Salud.

El ministro Alberto Otárola añadió que la declaración de emergencia en los tres distritos va a permitir "que se pueda ingresar a las reuniones donde se considera que existan sospechosos y dar golpes contundentes a quienes están delinquiendo, amenazando a la población y convirtiendo la alarma en un modo de vida".

"Eso es absolutamente inaceptable", enfatizó.

El primer ministro dijo que también se ha dispuesto que se realice una auditoría "a todo el material de guerra de las Fuerzas Armadas".

Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que la decisión se tomó luego de que en el ataque contra la discoteca se utilizó una granada de guerra, un hecho ante el que las autoridades "no pueden ser indiferentes".

Sostuvo que, por ese motivo, se va a incrementar el control migratorio y también del armamento, munición y explosivos "que entran y salen del país".

"Eso nos va a permitir tener una mejor seguridad en nuestro país", remarcó.

Apoyo en fronteras

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, comentó, por su parte, que las Fuerzas Armadas también apoyarán a la Policía Nacional de Perú en las zonas de frontera del país "no solo para el control del ingreso irregular de migrantes, sino también en un control específico sobre los ilícitos que se desarrollan en la zona de frontera, particularmente en lo que es armamento, munición y explosivos".

Tras el atentado ocurrido la noche de este viernes, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, reclamó la presencia de las Fuerzas Armadas.

Además, el jefe comunal pidió la declaración del estado de emergencia por esta ola de criminalidad que, según sus palabras, se ha cobrado las vidas de personas 80 en lo que va de año.