Carlos Ilabaca

Luego de escuchar durante dos horas los alegatos del abogado defensor, querellantes y fiscal en la causa del Caso Convenios en la Región de Los Lagos, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Diego Ancalao Gavilán, quien está formalizado por delitos de estafa, lavado de activos y apropiación indebida de fondos provenientes de órganos del Estado.

La decisión recayó ayer en la segunda sala del tribunal de alzada, que estuvo integrada por las ministras Ivonne Avendaño, Claudia Cárdenas y la fiscal judicial Mirta Zurita Gajardo. La audiencia, que se extendió desde el mediodía hasta las 14 horas, se centró en la solicitud de la defensa de Diego Ancalao -que ayer estuvo representada por el abogado Patricio Soto- para que se consideren medidas cautelares de menor gravedad que la actualmente impuesta, por ejemplo, el arresto domiciliario, tal como se determinó para el coimputado en la causa, Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün, luego de ser formalizado por los mismos delitos el 14 de agosto.

En oposición a dicho argumento alegaron ante las ministras de la Segunda Sala el fiscal Marco Muñoz y los abogados querellantes en la causa, Eduardo Montecinos, en representación del Consejo de Defensa del Estado, y Sergio Coronado.

Al término de la audiencia, se conoció que la decisión del tribunal fue unánime en cuanto a mantener la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva, confirmando de esta manera la resolución que emanó del juez de Garantía de Puerto Montt, Francisco Almonacid Faúndez, el pasado 4 de septiembre.

"El mérito de los antecedentes y de lo expuesto en la audiencia por los intervinientes, estimando estos sentenciadores que en el presente estadio procesal existen elementos suficientes para estimar concurrentes los presupuestos materiales de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal y, con respecto a la necesidad de cautela prevista en la letra c) del mismo artículo, se aprecia que los fines del procedimiento sólo pueden verse satisfechos con la medida cautelar de prisión preventiva, que además la libertad del imputado constituye un peligro de fuga, atendido el carácter de los delitos por los cuales se ha formalizado la investigación, las penas asignadas a los ilícitos y su eventual forma de cumplimiento (…)", consigna la resolución.

La Apelación

Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre, al cumplirse un mes de la detención del ex candidato presidencial por la Lista del Pueblo, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt mantuvo la prisión preventiva de Ancalao, por considerar que existía riesgo de fuga. Frente a esta determinación, los abogados Ramón Sepúlveda, José Díaz y Patricio Soto interpusieron un recurso de apelación que fue declarado admisible por el tribunal de Garantía.

Respecto a lo esgrimido ante la corte, el fiscal del Ministerio Público a cargo de la indagatoria, Marco Muñoz, manifestó que "en la audiencia se sostuvieron todos los argumentos que han sido planteados anteriormente en la audiencia de revisión de cautelares en el Juzgado de Garantía y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió mantener la medida cautelar por subsistir todos los supuestos que indican que la libertad del imputado constituye un riesgo o peligro de fuga en atención a la cantidad de delitos y a la gravedad de los mismos", recalcó.

Por su parte, el abogado Sergio Coronado, quien patrocina la querella que interpuso de manera particular el senador Fidel Espinoza (PS), expresó su conformidad en cuanto a que la Corte de Apelaciones, de manera unánime, ratificó lo resuelto por el magistrado de Garantía, "en el sentido que no hay una medida distinta a la prisión preventiva que permita garantizar la comparecencia del señor Ancalao y la ejecución de las eventuales penas que se le apliquen que no sea la prisión preventiva", dijo.

En ese contexto, Coronado añadió que "la investigación sigue avanzando, así lo expuso el fiscal, y lo que corresponde es avanzar con las diligencias que están pendientes, ir abordando cada uno de los elementos o aristas de la investigación, especialmente en relación al Gobierno Regional", se explayó.

La génesis

Diego Ancalao fue detenido por efectivos de la PDI el 4 de agosto en la ciudad de Osorno, mientras participaba de una actividad pública que se llevó a cabo en el IP Los Lagos.

Su aprehensión se produjo en virtud de una orden emanada del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, luego que se conociera públicamente la compra del CFT e IP Los Lagos por parte de la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), que preside el propio Ancalao, a la Corporación Kimün, en la suma de $144 millones.

Dicha transacción se realizó el 7 de julio ante el notario público y conservador de Bienes Raíces de Purén y Los Sauces, Roberto Cooper Aguilera, y fue publicada el 17 de julio en el Diario Oficial. De acuerdo a dicha publicación, la venta del 100% de las acciones de ambas instituciones fue realizada por Jaime Huincahue y Rosalía Currimil, presidente y tesorera de la Corporación Kimün, respectivamente.

Sin embargo, lo que alertó al Ministerio Público -que desde el 29 de junio abrió una investigación de oficio para indagar las transferencias de recursos entre el Gobierno Regional de Los Lagos y tres fundaciones (Kimün, Chinquihue y Participa)-, fueron los dichos realizado por el vicepresidente de la corporación a El Llanquihue. Arnoldo Ñanculef afirmó que "como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó la corporación", en alusión a los $1.200 millones que en enero de este año les transfirió el Gore Los Lagos para la ejecución del programa "Saneamiento Tenencia Irregular de la Propiedad Región de Los Lagos", destinado a que familias vulnerables pudieran regularizar sus títulos de dominio. Acto seguido, Ñanculef recordó que "este señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado 900 millones de pesos al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo, para pago de deudas".

2 horas se extendieron los alegatos en la Corte de Apelaciones, tras lo cual se confirmó por unanimidad la decisión del juez de Garantía.

4 de septiembre