Redacción

A la medianoche del lunes expiró el plazo para que las fuerzas políticas entregaran las enmiendas que buscan modificar el anteproyecto de nueva Constitución emanado de la Comisión Experta, sobre la cual debe trabajar el Consejo Constitucional, y el balance fue que se ingresaron 1.099 propuestas de cambios al documento, de las cuales más de 380 fueron hechas por el Partido Republicano, que tiene la mayoría en el organismo.

El bloque Renovación Nacional-Evópoli presentó en conjunto cerca de 200 enmiendas y la UDI otro tanto, mientras que el resto llegó de sectores oficialistas o de centro. Además se agregaron las 31 iniciativas populares de norma que reunieron más de las 10 mil firmas requeridas.

Ante esta avalancha de indicaciones, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, reconoció en radio Cooperativa que "lo que a mí me importa no es juzgar ahora, lo que a mí me importa es señalar cuál es el objetivo y qué esperamos que no se pierda. Por supuesto que hay señales de preocupación, yo tendría que estar muy ciega para no verlas, pero a mí lo que me interesa es resaltar, recordar, hacer un llamado a cuál es nuestro propósito".

Agregó que "cuando uno tiene una postura que no es compartida por el resto de la sociedad, hay que tener mucho cuidado con dejarla clavada en la Constitución, porque hay personas que quedan fuera de ese marco que debiera unirnos en vez de separarnos".

Propuestas opositoras

Algo que llamó la atención fue el acuerdo al que llegaron Chile Vamos con Republicano en ciertos temas que trabajarán en conjunto desde el 1 de agosto, cuando comience el debate de estas posibles modificaciones al texto.

El jefe de la bancada republicana, Luis Silva, sostuvo que "hemos presentado cientos de indicaciones para complementar el texto de los expertos, que fue un buen punto de partida, pero que requiere de ajustes".

Añadió que "quisimos ir en esos tres temas -seguridad social, salud y educación- con las bancadas de Chile Vamos porque creemos que son tres puntos que caracterizan al amplio registro que hoy día tiene la derecha chilena, caracterizados particularmente por la libertad de elección, centradas en la persona. Es decir, el cotizante -en el caso de la salud y de las pensiones- y de los padres en el caso de la educación".

El dirigente también expuso que hay enmiendas "para sancionar más ejemplarmente" los delitos de corrupción y delitos terroristas. Junto con ello planteó que buscarán disminuir el número de parlamentarios.

A este último punto se suma la UDI. El consejero gremialista Edmundo Eluchans comentó que buscarán hacer un redistritaje y reducir el número de diputados, velando por que los parlamentarios "sean personas que estén cerca de su gente. Eso requiere distritos más pequeños, donde sea menor el número de diputados que se elijan".

La bancada RN-Evópoli no considera necesario reducir la cantidad de parlamentarios, pero sí consagrar la norma del umbral del 5% como mínimo de votos para la existencia de partidos políticos, incorporar la paridad de género de entrada en las elecciones parlamentarias y aumentar la edad requerida para ser electo Presidente de la República de 35 a 40 años.

Oficialismo

Desde el oficialismo, el bloque Unidad para Chile y el representante de pueblos originarios presentaron enmiendas conjuntas y acotadas, con el objetivo de resguardar los acuerdos logrados en la Comisión Experta y que habilitaron un anteproyecto transversal.

Se incluyeron indicaciones sobre derecho al cuidado, derechos de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, escaños reservados, paridad, listas electorales cerradas, gratuidad en la educación superior, normas sobre seguridad y anticorrupción.

En derechos humanos, el oficialismo apuesta por la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, las reglas de uso de la fuerza, el derecho a la verdad justicia y reparación y una Defensoría de los DD.HH.

Yerko Ljubetic (CS) planteó que "(estas enmiendas) tienden al fortalecimiento, al perfeccionamiento, a la profundización de aspectos recogidos en el anteproyecto de la Comisión Experta, pues el anteproyecto es una muy buena base de acuerdo".

Alejandro Köhler (PS) lamentó "un verdadero bombardeo de iniciativas, de enmiendas de parte de la derecha, que, a nuestro juicio, dañan, hieren y distorsionan profundamente el anteproyecto elaborado con tanto esfuerzo por la Comisión de Expertos".

Sin acuerdo a la vista se desarrolló ayer la primera reunión técnica entre Gobierno, parlamentarios y expertos nombrados por partidos políticos para despejar el camino de la reforma previsional en el Congreso.

La cita tuvo lugar en el ministerio del Trabajo y tuvo como eje la discusión de propuestas para la reorganización de la industria, mientras que el 6% de cotización adicional que propone la reforma quedó para la segunda reunión, que se realizará este viernes.

Ayer la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, expuso a los asistentes el contenido del proyecto de ley y luego presentó una nueva propuesta.

"Hoy se realizó la primera reunión de los expertos que representan a los partidos políticos, en la búsqueda de un acuerdo por la reforma a las pensiones, y queremos valorar su asistencia y el compromiso con esta instancia, en la cual se presentaron los contenidos de lo que se denomina la reorganización industrial y que tiene como objetivo que las comisiones del sistema de pensiones bajen en beneficio de los afiliados", destacó la secretaria de Estado.

Diálogo

De cara a la nueva reunión, Jara espera "que los partidos políticos también puedan traer sus propuestas (este viernes) y, si bien estas discusiones tanto técnicas como políticamente no son fáciles, lo cierto es que aquí se ha demostrado que con un buen diálogo no son imposibles de abordar. Esperamos poder construir prontamente un acuerdo para el país".

Antes de la reunión de ayer, el diputado de la UDI, Cristián Labbé, quien fue uno de los cinco parlamentarios en la mesa, escribió en Twitter dirigiéndose a la ministra Jara que "así no se comienza una mañana de diálogo. A diferencia de Ud. y su sector q si son de extrema izq, a nostros no nos importa la ideología, y si mejorar las pensiones escuchando lo quieren los chilenos: 6% a capitalización individual y no monopolio estatal".

Tras el encuentro, el legislador gremialista admitió que las posiciones de la oposición y la nueva propuesta del Gobierno, de la cual se pidieron bajadas más claras, aún están lejos de encontrarse.

Luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconociera ayer en Radio Universo que "es posible" que los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Vivienda, Carlos Montes, "tengan que declarar" en el Caso Convenios, el jefe de cartera de Revolución Democrática aseguró que "no hay ningún antecedente que nos vincule como ministros".

Valencia dijo en la emisora que ambos secretarios de Estado podrían ser llamados a prestar declaración "y en su momento se determinará la calidad. Hoy día, de momento, no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación. Sobre eso no quisiera especular".

El ministro Jackson explicó que "nosotros estamos en la misma línea en todos los ministerios, que se esclarezca toda la verdad, que todas las sanciones lleguen a las personas que han sido responsables y por cierto, hoy día, tal como lo declaraba el fiscal Ángel Valencia, no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros".

En la Región de Los Ríos, donde estaba de gira ayer, agregó que "si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear absolutamente en ningún momento.

Valencia señaló además que los contratos investigados suman $14 mil millones.