La Contraloría General de la República (CGR) le notificó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la formulación de cargos en el marco del sumario abierto en noviembre del año pasado por presuntas faltas a la probidad en su gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), lo que podría incluso llevar a la destitución del jefe municipal y excandidato presidencial.

"La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. A partir de un informe de auditoría que también había hecho Contraloría, efectivamente hay irregularidades que son relevantes: falta de control, hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión del punto de vista jerárquico", confirmó el contralor Jorge Bermúdez.

"En este momento lo que se abre en un periodo de descargos por parte de los inculpados, uno de ellos el alcalde, y luego se tiene que proceder a determinar cuál es la responsabilidad", añadió el fiscalizador.

Según publicó Emol, el pasado 6 de julio ocurrió la notificación a Jadue en el propio municipio y que incluye a otras 10 personas, entre ellas, a la administradora municipal de Recoleta, el director de Control y una ex directora de Asesoría Jurídica. También fueron notificados dos funcionarios de la Municipalidad de Paillaco, cuatro en Macul y una en el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), confirmó Bermúdez.

El sábado recién pasado, el alcalde Jadue se refirió a la arista judicial del caso, y según lo expuesto por el contralor Bermúdez ya estaba en conocimiento de la notificación de Contraloría. En esa oportunidad, el jefe comunal acusó de un intento de "dañar a partir de una nueva arremetida comunicacional", y no se refirió a la notificación en la arista administrativa.

Más de un año

El sumario se abrió a partir de un informe con fecha 6 de abril de 2022, auditoría que buscaba determinar si los recursos que administra la Achifarp se utilizaban en cumplimiento de sus finalidades; establecer la regularidad de sus operaciones; y verificar si existían procedimientos de control para velar por el resguardo de los recursos, entre otros aspectos, y donde se detectaron una serie de irregularidades que originaron un sumario.

En la oportunidad, a Jadue se le imputaron tres cargos: uno por la suscripción y aprobación de dos convenios que eluden la ley 19.886 y por falta de control, es decir, por la inexistencia de un mecanismo de seguimiento para los gastos. En tanto, el seguimiento de la auditoría (con fecha 2 de junio de 2023) mantuvo las observaciones del primer informe: "Compras realizadas fuera del sistema de compras públicas por parte de municipios que cuentan con Departamento de Salud; carencia de un sistema de información contable; registros desactualizados; falta de elaboración de informes de rendición de cuentas; falta de elaboración de estados financiero-contables", entre otros. Esto quiere decir que no se subsanaron las irregularidades advertidas en el informe anterior.

Desde la notificación, se abrió el periodo de defensa para el alcalde Jadue y el resto de notificados, el que comprende 10 días hábiles; es decir, termina mañana 20 de julio.

Se trata de un proceso que puede ser extenso, incluso durar varios meses, pues la respuesta es revisada por Contraloría, la que a su vez puede hacer observaciones. De todas formas, es el concejo municipal el que está a cargo de iniciar los procesos correspondientes para levantar las sanciones contra el jefe comunal, o solicitar su destitución.

Ayer se inició el juicio oral contra Francisco Solar y Mónica Caballero, quienes están en prisión preventiva desde 2020, imputados por varios delitos de envío y colocación de artefactos explosivos, en el "Caso bombas".

Tras un año de investigación, la Fiscalía Metropolitana Sur imputó a Solar por tres hechos: el frustrado atentado dirigido al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien recibió una bomba con dinamita en su oficina de Quiñenco en Las Condes, la cual fue interceptada por el GOPE de Carabineros el 25 de julio del 2019; la detonación de un artefacto explosivo enviado a la 54ª Comisaría de Huechuraba ese mismo día, que provocó lesiones a ocho uniformados; y la colocación de dos explosivos en el edificio Tánica (ex-Transoceánica), en Vitacura, en febrero del 2020.

En este último hecho está acusada también Caballero, quien según la Fiscalía ayudó a Solar a caracterizarse y con el recorrido, así como la difusión del ataque de manera anónima.

Quienes fueran absueltos a inicios de la década pasada por el "Caso bombas I", además fueron condenados y expulsados de España tras instalar y detonar una bomba en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Después se radicaron en la Región del Maule antes de retomar los ataques, reveló Solar.

De acuerdo al jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Álex Cortés, "se trata de una importante cantidad de delitos que les fueron imputados, y por lo tanto, para Francisco Solar la pena está sobre los 150 años de privación de libertad, por cuanto participa en un número mayor de delitos, y en relación con Mónica Caballero, su participación está circunscrita a sólo un hecho. Es evidente que la pena es menor y está cerca de los 20 años".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que entre hoy y el 6 de septiembre estarán abiertas las postulaciones al concurso 2023 del Programa para Pequeñas Localidades, a través del cual se busca mejorar la calidad de vida en territorios de menos de 20 mil habitantes, donde la oferta urbana y habitacional, y del Estado en general, presenta mayores rezagos.

El concurso, cuyas bases se publicaron ayer en el Diario Oficial, contempla la selección de 20 nuevas localidades en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Aysén, y Magallanes. Además de esta convocatoria, en las regiones restantes el ministerio sumará otras 10 localidades vía concursos regionales o selección especial por catástrofes naturales o zonas rezagadas.

La inversión total en las 30 localidades será de 49.507 millones de pesos, 1.597 millones de pesos en promedio por cada una de ellas, recursos que beneficiarán a 60.500 personas.

"Este programa nos permite llegar a localidades rezagadas desde el punto de vista de la inversión pública y contribuir a mejorar su calidad de vida, tal como lo hacemos hoy en más de 70 localidades del país de menos de 20 mil habitantes. Para alcanzar este objetivo, es fundamental la participación ciudadana, por ello, este programa promueve que el municipio y sus habitantes definan en conjunto un plan de desarrollo, es decir, una visión común", dijo el ministro Carlos Montes.

El Programa para Pequeñas Localidades del Minvu, creado hace ocho años, está presente en 73 localidades, las que se encuentran en distintas etapas de implementación: 32 en fase de diagnóstico; 18 en plan de desarrollo; y 23 en obras. Suman hasta ahora 227 proyectos en cartera.

Entre algunas de las obras más emblemáticas figuran La Tirana, Paihuano, Pomaire, Horcón, Cumpeo, Santa Olga, San Rosendo, Lonquimay-Icalma, Bahía Mansa, Villa O'Higgins y Porvenir.