Nos encontramos a exactos cinco meses del plebiscito de diciembre y la opción "A favor" sigue en caída libre. Esto es preocupante si consideramos que el año pasado el Rechazo pasó arriba en las encuestas cuando quedaban seis meses para el 4 de septiembre. En otras palabras, el destino de la Convención Constitucional, a estas alturas del proceso, ya se empezaba a definir.
Por otro lado, también se debe mantener a la vista que, según Cadem, la opción que finalmente se impuso en las urnas ni en sus peores semanas bajó del 32%. Actualmente, según la misma encuesta, el "A favor" ronda el 25% y con tendencia a la baja. Otro dato: antes del cambio de tendencia, el Apruebo nunca superó al Rechazo por 30 puntos, que es precisamente la diferencia que hoy existe entre las dos alternativas disponibles.
Asimismo, no se puede desconocer la dimensión "destituyente" que han tomado las últimas elecciones. El sólo hecho de estar "en contra" de la política institucionalizada ofrece ventajas innegables a la hora de hacer campaña. Y -qué duda cabe- los últimos escándalos de corrupción sólo abonan a este fenómeno.
Lo cierto es que hoy el proceso sólo entusiasma a las élites políticas, al mundo académico y poco más. Esto no sólo es lamentable porque podría seguir abierto el capítulo constitucional, sino también porque -hasta ahora- el trabajo ha sido serio, profesional y con sentido de futuro. Muestra de ello es que en el anteproyecto se han abordado diversos y acuciantes problemas, tales como la fragmentación parlamentaria, el activismo judicial, el centralismo, la politización en los nombramientos de altas autoridades, y la excesiva presentación de acusaciones constitucionales, entre otros.
¿Qué hacer, entonces, para revivir el proceso? Según los analistas, el punto de inflexión del proceso anterior fue provocado, principalmente, por el despliegue mediático en torno a tres puntos específicos: la incertidumbre sobre los fondos de pensiones, la plurinacionalidad y el aborto. Estos tres temas se convirtieron en el combustible del rechazo, a tal punto que en sólo una semana lograron posicionarlo como la alternativa ganadora.
Así pues, una buena forma de revitalizar lo que queda de proceso constitucional -aunque no la única- consiste en la difusión masiva de normas que aborden problemas sensibles para la ciudadanía. Por ejemplo, si todos los sondeos muestran que la gente quiere tener libertad para elegir entre distintos prestadores de servicios de salud, educación o pensiones, junto con una mejora sustantiva de los servicios públicos, entonces vale la pena redactar y difundir cláusulas que acometan seriamente esta tarea. Por otro lado, si nueve de cada diez chilenos temen perder sus fondos previsionales a manos del Estado, conviene pues disponer de algún inciso que otorgue ciertas seguridades en este sentido. Por último, todo indica que la población también espera respuestas más directas sobre asuntos como el crimen organizado, la inmigración ilegal, la corrupción, el déficit habitacional, y la excesiva burocracia estatal.
Aunque nada de lo anterior garantiza el éxito en diciembre, si tales contenidos son acompañados de buena prensa, la alternativa "A favor" podría volverse, al menos, competitiva. En todo caso, lo que sí parece seguro es que la inercia llevará este barco al naufragio, y sólo un golpe de timón podría evitarnos un nuevo fracaso.
En conclusión, el panorama de hoy no es el más alentador para los que deseamos superar el momento constitucional. Las cifras son lapidarias y los vaivenes políticos que corren en paralelo tampoco ayudan mucho. Sin embargo, la experiencia reciente nos ilustra sobre la importancia de conectar con los problemas reales de la población y de comunicar sus soluciones adecuadamente. Demás está decir que una Constitución no debe redactarse para resolver contingencias propias de la política pública, no obstante, ello no implica hacer oídos sordos a los anhelos populares más sentidos. Ambas cosas han de ir de la mano: una perspectiva transversal y de futuro, junto con una conexión con las verdaderas necesidades ciudadanas.
Profesor de Derecho Constitucional e Investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes
