Argentina pagará una cuota de US$ 2.700 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) que vence hoy utilizando Derechos Especiales de Giro del Tesoro (DEG) y yuanes, confirmó ayer la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Según Cerruti, para que Argentina pueda cumplir con este nuevo pago del préstamo de US$ 44.000 millones otorgado al país en 2018 se utilizará los DEG junto a yuanes de libre disponibilidad para "no usar o poner en riesgo las reservas del Banco Central" (BC).

La semana pasada, el Ministerio de Economía, que dirige Sergio Massa, ya había activado un "proceso de pago" de 1.900 de los 2.700 millones que vencen hoy, en un momento en el que el Gobierno renegocia con el FMI el acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo de 2022 por el cual se refinanció el crédito.

Según el acuerdo de 2022, el Fondo otorga desembolsos para que el país pueda pagar en tiempo y forma el crédito original, tras revisiones trimestrales de la economía con exigentes metas fiscales.

Pero Argentina busca modificar las condiciones vigentes para poder hacer frente a los desequilibrios fiscales y la escasez de dólares que arrastra, problemas agudizados por una fuerte sequía que impacta de lleno en el sector agropecuario, que explica el uso de la moneda china y evidencia la falta de liquidez de las reservas.

Estos yuanes provienen del "swap" de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) con China y le permitirá al Gobierno de Alberto Fernández atenuar las pérdidas del BC, aunque Cerruti no aclaró si se pagará al organismo con la divisa asiática o se cambiaría previamente a la moneda estadounidense.

El BC habilitó ayer la posibilidad de que los ciudadanos y empresas del país efectúen depósitos en yuanes en los bancos, medida que se suma a otras para fomentar el ahorro y las operaciones en moneda china.

El policía que el martes mató de un tiro en Nanterre, Francia, a un menor que trataba de escapar a un control en esa ciudad de la periferia de París, hecho que ha desencadenado disturbios en todo el país, fue imputado ayer por homicidio voluntario y quedó en prisión preventiva.

Los jueces instructores acataron la petición del fiscal de Nanterre, Pascal Prache, que horas antes había pedido la inculpación del brigadier de 38 años porque considera que el uso del arma contra el joven no se ajusta al marco legal.

Prache también solicitó el ingreso en prisión provisional del agente, que además fue suspendido de sus funciones por el ministro del Interior.

La noticia del encarcelamiento llegó mientras en Nanterre, municipio de las afueras de París, se producían disturbios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y algunos manifestantes que habían participado en una concentración organizada por la madre del joven de 17 años asesinado, Nahel.

El miércoles, la policía detuvo a más de 180 personas y hubo 170 heridos entre las fuerzas en ciudades de la periferia de París y en otras áreas urbanas. Los alborotadores incendiaron edificios públicos como municipalidades, escuelas, comisarías o tribunales, así como decenas de vehículos.

Para tratar de contener la situación, el ministro del Interior decidió ayer sacar a la calle a 40.000 policías y gendarmes por todo el país, cuatro veces más que el miércoles.

Esa noche en Nanterre, los agentes antidisturbios recurrieron a los gases lacrimógenos y cargaron contra los manifestantes cuando algunos de ellos trataron de superar las barreras de protección, en particular en las proximidades de la Prefectura (delegación del Gobierno).

La vocera del ministerio del Interior, Camille Chaize, indicó que la marcha había comenzado con tranquilidad, pero las cosas cambiaron una hora después, con el incendio de varios vehículos, contenedores y mobiliario urbano.

Según la Prefectura, 6.200 personas participaron en la revuelta, que había convocado la madre de Nahel, a la que se pudo ver con una pancarta con el lema: "La policía mata".

A la manifestación habían anunciado su presencia diferentes responsables del partido de la izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) como Raquel Garrido, Clémentine Autain, Alexis Corbière o Manon Aubry, pero también el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel.

El incidente

Según el fiscal de Nanterre, el martes por la mañana Nahel había llamado la atención por haber cometido varias infracciones de tránsito al volante de un auto que conducía sin tener licencia y empezó a ser perseguido por dos policías en motocicleta.

Cuando consiguieron detenerlo, al quedar entre otros automóviles, los efectivos le apuntaron con sus armas y le exigieron que apagara el motor. Pero en lugar de eso, el joven aceleró y fue entonces cuando uno de los dos policías le disparó en el pecho a quemarropa con un tiro que fue mortal.

Inicialmente, el policía afirmó que había utilizado su arma porque Nahel amenazaba su integridad y la de su compañero, pero las imágenes grabadas por testigos pusieron en evidencia que esa versión no se sostenía y que la huida del auto no puso en peligro a los dos policías.

Bolivia firmó ayer convenios con las empresas Citic Guoan de China y Uranium One Group de Rusia para que apliquen sus tecnologías de extracción directa del litio (EDL) en dos salares, con una inversión que en total alcanza los US$ 1.400 millones.

Estos dos convenios se suman al firmado en enero pasado con el consorcio chino CBC y que comprometió una inversión similar, destacó el Presidente Luis Arce en su discurso.

Arce indicó que la firma de los acuerdos "tiene una singular importancia" pues muestra que la economía boliviana "no puede parar" y "no puede depender de un solo producto", en alusión al gas natural que hasta hace unos años fue la base del crecimiento económico.

También sostuvo que por ahora son cuatro las empresas que trabajarán en los salares bolivianos, las tres extranjeras y la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), y remarcó que la reserva evaporítica nacional da para tener "muchas más firmas".

Los acuerdos prevén la construcción de dos plantas de procesamientos EDL en las localidades de Pastos Grandes y Uyuni norte, ambos en Potosí, donde se producirán unas 45 mil toneladas de litio al año.

La visión del Gobierno boliviano mediante estos convenios es llegar a 2025 con una producción de 100.000 toneladas de carbonato de litio.

Bolivia posee unas reservas calculadas en 21 millones de toneladas de litio, de las mayores del mundo. El país ya tiene en funcionamiento plantas de industrialización de sales, de cloruro de potasio, una piloto de carbonato de litio, con 99,5% de pureza, y está en construcción otra de mayor escala.

El Ejecutivo boliviano también quiere coordinarse con Chile, Argentina y Perú para potenciar el desarrollo regional a partir del litio.