Carlos Ilabaca

Lejos de aplacarse está la polémica que ha gatillado la millonaria entrega de asignaciones por parte del Ministerio de la Vivienda a distintas fundaciones, que en la Región de Los Lagos ha tenido como una de sus principales beneficiarias a Urbanismo Social, entidad sin fines de lucro que entre 2021 y 2023 ha recibido más de $991 millones en aportes directos.

Desde el mundo político, las reacciones han ido en aumento, lo mismo que las peticiones que apuntan a transparentar el uso de estos fondos.

Este martes, el senador Fidel Espinoza (PS) acudió hasta las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo en Puerto Montt para solicitar, a través de un oficio, el detalle de las boletas y rendiciones realizadas por la mencionada fundación entre enero de 2021 y mayo de este año, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de esta cartera. Lo anterior, según explicó, "con el objetivo de que sepamos en qué se han gastado esos miles de millones de pesos, cuánto porcentaje han ido a parar al pago de honorarios y cuánto le ha llegado verdaderamente a la gente".

Pero esta no fue la única gestión del parlamentario, quien aseguró haber conversado telefónicamente con el fiscal nacional Ángel Valencia, para requerir una exhaustiva fiscalización de los aportes recibidos por las fundaciones Urbanismo Social y la cuestionada Democracia Viva, ligada a la pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. "Creemos que Democracia Viva es la puerta de entrada para investigar algo mucho más profundo, que son otras fundaciones que han recibido miles de millones de pesos. Democracia Viva sólo ha recibido $426 millones, que ya es un escándalo nacional. Pero Urbanismo Social ha recibido sólo en Antofagasta $1.100 millones. A eso se suman $534 millones recibidos en la Región del Biobío sólo en este último año, trescientos y algo en la Región del Maule y casi mil millones en la Región de Los Lagos; o sea, son súper dotados, es una verdadera fundación que tiene sus tentáculos en todos lados, con muchos militantes de este mismo partido", argumentó el legislador.

Vínculos en la región

La semana pasada fue el diputado (Ind. UDI), Fernando Bóquez, quien ofició al Ministerio de la Vivienda para solicitar un desglose región por región de todos los aportes efectuados a fundaciones, corporaciones y otras entidades sin fines de lucro a la fecha, así como los convenios y decretos asociados a las respectivas transferencias.

Esta semana el turno fue del diputado RN Mauro González, quien pidió que se investigue cuántas ONG, fundaciones, corporaciones o agrupaciones han recibido recursos públicos vía trato directo, y particularmente, si existe o ha existido algún convenio, entre las Seremis de Los Lagos y sus servicios dependientes con la Fundación Democracia Viva.

Fidel Espinoza, en tanto, apuntó a sus vínculos en la zona. "Todas estas personas que eran fundadores de Democracia Viva hoy día se vinieron a esconder a esta región, a las oficinas parlamentarias y a las seremías. Aquí tenemos, y sólo en la región, casi mil millones de pesos en el último año. Yo me preguntó: ¿no hay más fundaciones que puedan trabajar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si esta sola fundación (Urbanismo Social) se lleva más del 90% de los $1.200 millones destinados para trabajar con fundaciones? Es un caso bastante inédito", reflexionó.

Evaluación vecinal

La Fundación Urbanismo Social ha trabajado desde el año 2016 en el barrio Puerta Sur de Puerto Montt. Lo ha hecho a través de un contrato con la inmobiliaria EBCO Avellaneda Sur, por lo tanto se trata de un proyecto encomendado por un ente privado y no público. Según sostienen desde la entidad, su labor se ha centrado aquí en fortalecer a las organizaciones sociales nuevas y ya existentes, para desarrollar las capacidades de administrar y gestionar su propio barrio.

El Llanquihue tomó contacto con diversos representantes de organizaciones vecinales que participaron de la mesa de trabajo que se conformó para conocer su impresión acerca de sus alcances.

Al respecto, Noemí Allendes, presidenta de la Junta de Vecinos de Puerta Sur, fue crítica del resultado.

"Nos dijeron que habían platas que les entregaba Ebco Avellaneda Sur para que a nosotros se nos pudieran financiar ciertos proyectos que teníamos en mente. Por ejemplo, un proyecto que teníamos era hacer murales, queríamos comprar muebles para la sede. Planteamos problemas como la falta de Carabineros, la necesidad de contar con un cajero automático, un banco, supermercado, bomberos, ampliar el Cecosf y varias aristas más. Nunca hubo solución frente a esta cuestión, jamás se hizo lobby o tuvimos acceso al alcalde, alguna autoridad en realidad", expresó. Más aún, cuestionó que se utilizaran algunas reuniones de la mesa para hacer campaña. "Cuando se empezó a hablar del Apruebo, yo dije que acá la política no va en este momento porque nosotros somos dirigentes y los dirigentes no podemos tener color político frente a los problemas en nuestro sector", dijo.

Ivette Vargas Burdiles, presidenta de la Asociación Indígena Rayen Foye de Puerta Sur, afirma que sólo alcanzó a asistir a dos reuniones, dado que luego decidieron retirarse por lo que calificó como "discriminación" hacia los miembros de su agrupación mapuche huilliche. "Nosotros participamos en las primeras reuniones, cuando recién comenzó la mesa de trabajo de Urbanismo Social y allí sufrimos una discriminación muy grande hacia nuestra asociación y sus socios".

El impasse, que se produjo mientras se organizaba una feria navideña con emprendedores del sector Puerta Sur, derivó en la presentación de una denuncia ante la Conadi por discriminación arbitraria en contra de todos los integrantes de la mesa. "Nosotros enviamos oficios a Claudio Segura, que es el abogado de la Conadi, haciendo mención de lo sucedido en la mesa de trabajo y que fue un tema que nunca se arregló. Ahora estamos en espera de saber qué acciones tomará Conadi a raíz de nuestra denuncia", se explayó.

Una visión muy distinta fue la planteada por Karla Yáñez, quien preside el Comité de Emprendedoras Feriantes de Puerta Sur. La dirigenta sostuvo que ellos llevan trabajando desde hace 3 años con la fundación Urbanismo Social, quienes han apoyado el proyecto de construcción de la feria definitiva para Puerta Sur, que se gestiona con recursos municipales. "Desde la fundación nos han apoyado con las capacitaciones para que nosotros postulemos a ciertos proyectos, capacitaciones de Sercotec. Todo el tema de la imagen corporativa lo logramos a través de la fundación, trabajamos con su diseñador porque no teníamos nada. Ni siquiera estábamos formalizadas y gracias a la fundación nos pudimos formalizar", comentó.

Valeria Mansilla, presidenta del Comité de Trabajo Viento Sur, participó en otra mesa de trabajo que se conformó en el sector, también con fondos privados. No obstante, aseguró, pese a las múltiples reuniones con autoridades persisten los mismos problemas como falta de acceso a locomoción colectiva y pavimentación de algunas calles, dijo.