De capital importancia ha sido el fallo emitido por la Corte Suprema respecto de una toma ilegal de un terreno de Frutillar que se produjo en febrero de 2021 y donde a la fecha hay unas 20 construcciones finalizadas o en proceso, con 11 familias viviendo en el lugar. Yendo a contracorriente de un dictamen emitido por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el máximo tribunal del país acogió el recurso de protección de los dueños del terreno usurpado, ubicado al costado oriente de la Ruta 5 Sur, ordenando el desalojo y fijando una serie de medidas que deben adoptar los organismos gubernamentales, tanto para garantizar el derecho de propiedad de los recurrentes, como para cautelar la integridad de las familias que se asentaron en ese sitio.

Mientras la Corte de Apelaciones puertomontina optó por no acoger el recurso de los propietarios, la Corte Suprema dispuso todo lo contrario, en medio de cierta efervescencia que hay a nivel nacional en torno a las tomas ilegales y la respuesta que hay de parte del Gobierno para respetar el derecho de propiedad de quienes pudieran verse afectados. Es muy probable que el dictamen de la Suprema sirva de precedente para muchas situaciones similares que se están produciendo en todo el país, bajo el contexto, además, de la crónica falta de casas y la baja respuesta del Estado para responder a ella, junto a la desesperación que le asiste a muchísimas familias por la falta de vivienda. El Plan de Emergencia Habitacional en que se ha embarcado el Gobierno apunta precisamente a dar solución pronta a esta demanda creciente.

Quizás si el aspecto más llamativo de la resolución de la Suprema es el que le compete al Ministerio Público. En el texto, los magistrados le llaman la atención a la Fiscalía por no atender prontamente el reclamo de los dueños del terreno, cuya omisión permitió, por lo demás, que la ocupación del terreno se consolidara y, además, que los servicios gubernamentales no se hubieran visto compelidos a buscar una solución rápida y efectiva.

De todos los actores que algo tuvieron que ver en este caso de Frutillar, es la Fiscalía quien debe tomar una nota urgente. No es menor el reproche emitido desde la Corte Suprema a un órgano que se supone persigue los delitos.

El controversial artículo de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que excluía futuras actividades extractivas y de acuicultura, fue eliminado. Los voceros de la industria han declarado este hecho como un triunfo de la gente de mar y sus empleos. Tanto esta declaración como el proceso mismo de presión se suman al historial de conflictos socioambientales del sur austral.

Las imágenes de trabajadores del salmón protestando contra ambientalistas y el Gobierno no eran tan diferentes a las vistas en 2004 a propósito del caso Celco en Valdivia, o a las que comúnmente podemos ver de pescadores presionando en las calles por aumentar las cuotas de pesca. Sin ir más lejos, vimos algo similar con trabajadores de Codelco en 2022 tras el cierre de la fundición Ventanas.

Vemos una inercia institucional de parte del Estado, gremios empresariales y sindicatos basada en la idea de que la defensa del empleo se contrapone a la defensa del medio ambiente.

Si revisamos la historia de la salmonicultura en Chile, la principal amenaza de los empleos directos e indirectos son los problemas medioambientales y sanitarios de la industria misma. Esta preocupación también debe ser una por el empleo y por quiénes pagan las consecuencias de una industria que busca liderar el mercado internacional.

La industria ha contado con los seguros privados y salvatajes estatales para superar sus crisis, siendo los trabajadores los más afectados por brotes como el ISA, resistencia de los piojos de mar o la mortandad por florecimiento exacerbado de algas por condiciones anaeróbicas. El debate seguirá siendo superficial mientras no se hable acerca de la capacidad de carga de los ecosistemas del sur austral, de la incertidumbre respecto a los efectos de salmones escapados y de la desidia respecto al principio precautorio expresado en la propia Ley de Medioambiente.

Si hay una real preocupación por los puestos de trabajo de miles de personas y sus familias, cabe preguntarse en serio por estos asuntos, y sobre todo por qué la industria del salmón en Chile no ha podido revertir sus indicadores sanitarios y medioambientales en los últimos 15 años.