Amador Barrientos

Con ocasión de conmemorarse el 144 aniversario de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, eventos que constituyen el contexto de las Glorias Navales de Chile, resulta oportuno relevar a un hijo de Osorno, el capitán de corbeta Amador Barrientos Adriazola, héroe naval que tuvo destacada participación en el primer desembarco anfibio de la historia naval contemporánea, acaecido en noviembre de 1879.

Gonzalo E. Arias Salas

El problema de la casa

La idea de estipular la mayor cantidad de "derechos sociales" posibles en la nueva constitución aún sigue en pie y vigente: sucedió en la convención pasada y en el actual el anteproyecto, donde se sigue con esa lógica debido a que en el actual proceso constitucional se consagran treinta y un nuevos derechos sociales, cinco nuevos derechos que nuestra actual constitución consagra en su capítulo tercero. Entre esos nuevos derechos del anteproyecto de este nuevo proceso constituyente encontramos el "derecho a la vivienda", sin duda un derecho anhelado por muchos y con una significancia preponderante en la historia constitucional chilena, viendo un gran avance para nuestro país, porque nunca se había estipulado un derecho de esta envergadura en nuestro país. Entonces ¿cuál sería el problema de este derecho y el motivo de este artículo de opinión?, el eventual problema que se podría presentar es un probable colapso en el sistema fiscal. Lo primero que debemos analizar es que el "Estado social y democrático de derecho" el cual está estipulado en el anteproyecto (artículo 3) nos plantea el cambio de paradigma del Estado subsidiario, y por ende ahora será el Estado el encargado de propulsar este tipo de derechos sociales y no los privados de preferencia. Y será misión del fisco construir casa para las casi 650 mil personas que no tienen viviendas. De aquí nacerá la exigencia del cumplimiento a este derecho, forjando así un segundo problema: la judicialización del derecho a la vivienda. Esto es, el asidero legal que permitirá a las personas, a través de recursos de protección, plantear la exigencia al Estado por el cumplimiento de esta garantía constitucional. Ante esto, los tribunales fallarán a favor -porque es un mandato constitucional- y obligarán al Estado de Chile a construir viviendas dignas, a costas de las arcas fiscales.

Para nadie es sorpresa el mal manejo de dineros públicos que ejerce el fisco, donde un dato rápido, como lo es la deuda de Codelco: 18 mil millones de dólares, aún siendo la empresa estatal que más recauda año a año. ¿Qué más quedará para una actividad sin fines de lucro, como lo será la entrega masiva de viviendas sociales?.

Es positivo avanzar en derechos sociales, como lo es el mismo derecho a la vivienda, entre otros que garanticen una mayor calidad de vida a los chilenos y que permitan avanzar en el desarrollo humano de nuestro país, pero el mecanismo que se está planteando en la actual propuesta constitucional podría ser eventualmente una promesa de campaña y una catástrofe fiscal.

Felipe Jara S.

Direcciones de tránsito

En nuestro país y en el mundo, una de las principales externalidades negativas que trae el mal uso del espacio vial (urbano y rural), son los accidentes de tránsito y las víctimas mortales (o lesionados). En el mundo, 1,3 millones de personas mueren anualmente a causa de accidentes de tránsito y en nuestro país alrededor de dos mil personas, esta última cifra lleva 30 años estancada (y sigue estancada, a la fecha 671 personas han perdido la vida a consecuencia de accidentes de tránsito, el año pasado a igual fecha fueron 676 personas).

En Chile, de acuerdo a datos del Anuario de Tránsito publicado por Carabineros de Chile, 8 de las 10 principales causas de los accidentes de tránsito con víctimas mortales tiene como causa de base una imprudencia del conductor (las otras 2 son por imprudencia del peatón), es decir, la mayor parte de las muertes anuales son causadas por una falla o imprudencia humana. Una primera conclusión que se puede obtener es que los conductores en Chile no cuentan con la educación, habilidades ni conocimientos suficientes para ser responsables en la operación de un vehículo a motor y el potencial riesgo hacia la vida humana que una imprudencia puede provocar.

¿Qué estamos haciendo al respecto? tal vez se toman acciones, pero claramente éstas no permean a la sociedad en general ni a los conductores en particular, y tampoco a las Direcciones de Tránsito de los municipios cuyo deber es otorgar los permisos para conducir o validarlos periódicamente como estipula la ley, al parecer les provoca "sólo un problema administrativo" y extienden los permisos para conducir un vehículo (con la venia de los legisladores) sin pasar por el proceso de "renovación de la licencia de conducir".

Si las autoridades siguen dando este tipo de señales a la sociedad, difícilmente nos haremos cargo como país de disminuir el número de víctimas mortales, con las pérdidas millonarias que traen al país (2% del PIB en el año 2020) pero, sobre todo, el dolor que provoca la pérdida de un ser querido a dos mil familias anualmente.

Alejandro Torres Flores, académico Escuela de Ingeniería, U. de Central