La prestigiosa revista The Economist, que evalúa de forma anual los sistemas políticos de cada país, situó hace un tiempo a Chile como la tercera mejor democracia latinoamericana y número 23 a nivel mundial. Desde luego que es un reconocimiento relevante, considerando que el país cayó en una profunda crisis en la década del '70, que llevó a la interrupción del sistema democrático y a un paréntesis de diecisiete años bajo un régimen militar. Una vez retomado el proceso en 1990, nuestro país ha tratado de darse una nueva institucionalidad, pero muestra síntomas negativos que ya generan una fuerte desconfianza de la comunidad.

La ciudadanía estima que la clase política no ha sabido interpretar las expectativas de las personas. La desilusión se fundamenta en que no ven que sus problemas reales estén considerados en las agendas temáticas de los partidos.

La democracia es un proceso de permanente construcción humana, lo que quiere decir que sufre avances y retrocesos dependiendo de las mayorías, de su empoderamiento y de efectos externos que modifican los pensamientos y la cultura.

Cada vez es más difícil gobernar, por las presiones de una sociedad atomizada que se urge por el día a día, por lo que es cada vez más complejo delinear a largo plazo. Un detalle sorprendente de estos tiempos es la demanda por mayor autoridad y un rol más activo del Estado y sus potestades, porque parece que hay una sensación de que ciertos temas -como la delincuencia y el narcotráfico, por ejemplo- están fuera de control, lo que genera vacíos e incertidumbre, que muchos entienden como falla del sistema, o una ausencia del Estado.

E n 2016 fui de aquellos que organizó en un Encuentro Local Autoconvocado, especie de cabildo llamado por la entonces Presidenta Bachelet para definir la Constitución que anhelábamos. Por labores de docencia universitaria, decidimos realizarlo con estudiantes de enseñanza media. En la dinámica se nos exigía elegir un catálogo no muy amplio de derechos, desde la separación de poderes, independencia del Poder Judicial, salud, educación, etc. O sea, desde los derechos civiles y políticos hasta los sociales. Todos compitiendo por igual.

Estábamos en eso cuando los propios estudiantes advirtieron un problema: ¿cómo elegir entre la separación de poderes y un derecho social si una República y su consecuente Constitución no se entiende sino por la separación de poderes, el derecho a elegir autoridades, la independencia del Poder Judicial, entre otros? Así, decidimos agruparlos en un bloque de derechos políticos que catalogamos de "irrenunciables".

Esta vivencia reflotó hace unos días en mi memoria ante los dichos de un diputado singular quien, motivado por un triunfo electoral notable, pretendió desconocer las reglas del juego que si bien no redactó, asumió por adhesión. Enhorabuena, sus pares se encargaron de recordárselo. Y es que, como lo tenían más que claro mis alumnos aquel 2016, todo proceso constitucional se escribe sobre una hoja en blanco, pero aquella hoja no es blanca como la de una resma de oficio, sino cuadriculada, como aquellas hojas de un cuaderno sin inaugurar.

Desde hace dos siglos y medio, a esos renglones que orientan la redacción constituyente los conocemos como derechos humanos, por lo que desde ellos, toda la libertad para redactar. De hecho, los famosos doce bordes no son más que una repetición de estos aspectos, por lo que es llamativo su uso para desacreditar este proceso.

Pero, hacia diciembre, deben ser estos mismos renglones la vara con que medir si el Partido Republicano escribirá o no torcida la propuesta constitucional. Si diseña un mejor sistema político sin renunciar a las conquistas alcanzadas, conseguirán un avance cívico que debería convocar apoyo lúcido. En cambio, si termina concentrando poder, desprotegiendo al ciudadano frente al aparato estatal o retrocediendo en conquistas alcanzadas, la misma lucidez debería convocar oposición.