de esta situación, pero poco pueden hacer ellos. Pero esto demuestra que usan la tecnología para cometer sus actos incendiarios".

Sobre este punto, la fiscal De Miguel indicó que "creemos que en algunas causas que investigamos, han usado tecnología, como es el sobrevuelo de drones. El uso de ello, favorecido en todo hecho delictual, obviamente los modos de operar van cambiando, se van renovando y van usando la tecnología. Hay declaraciones que hemos tomado en las empresas forestales que se han visto el paso de drones en los días que trabajan y, por lo tanto, creemos que si se están usando para ver en qué parte están las faenas forestales y dónde quedan las maquinarias. Obviamente, también para reconocer el terreno que tienen que hacer para llegar a ellas", comentó.

La persecutora llamó a las empresas forestales a aplicar medidas de protección disuasivas o cámaras, que nos puedan llevar a obtener más antecedentes de lo que está pasando. "Estamos bastante al debe digamos, y en el sentido que las propias empresas forestales grandes, proporcionen a contratistas estas protecciones, se podría trabajar en estos sectores sin ser afectados por estos tipos de ataques".

Oit

En paralelo, hace unos días una noticia alentadora recibieron los contratistas forestales de la zona sur del país. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acogió la solicitud de reclamación presentada por ellos, donde acusan al Estado de Chile por el incumplimiento en las condiciones de seguridad en la Macrozona Sur. Se fundamenta con cerca de 500 ataques incendiarios que han sufrido en la última década. Esta instancia fue presentada argumentando una flagrante violación del Convenio 187 (Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo), que fue ratificado por Chile en 2011. El organismo internacional propuso al Gobierno la creación de un comité tripartito para discutir el asunto.

En nuestra zona hay varios contratistas afectados por quema de sus maquinarias en predios forestales. Ismael Hermosilla, gerente de una firma, sostuvo que desde 2018 a la fecha, la empresa en la que es gerente general, ha enfrentado pérdidas millonarias al verse afectados en seis atentados incendiarios, tres en la provincia de Osorno, uno en la zona de Fresia, además de dos en La Unión (Región de Los Ríos).

"Con este tema de los atentados, imagínate cómo lo es para la gente que trabaja con nosotros. Hay familias detrás de todas esas personas ligadas al predio forestal donde se levanta el campamento, las que quedan con el alma en un hilo. Nosotros estamos arriesgando nuestras vidas, generamos ingresos para el Estado y no se nos dan las garantías y seguridad, ya que tampoco nos podemos defender", añadió Hermosilla.

René Muñoz, gerente de Acoforag, valoró la determinación y señaló que "nosotros esperamos que el Gobierno entienda que esto es urgente, tal como hoy día se está tratando el problema de seguridad en Santiago, porque hoy día están apurados, les llegó y les reventó en la cara el tema seguridad. Esto nosotros lo venimos viviendo desde hace ya más de 10 años".

Misma visión tiene Álvaro Santibáñez, dueño de la empresa de servicios forestales Arborist de Osorno, quien ve con mucho optimismo este respaldo internacional que reciben. Confirma que han sido víctimas de dos atentados en predios de San Juan de la Costa, sin que se hayan tenido resultado favorable hasta la fecha.

20 son los ataques Incendiarios que han ocurrido en la zona, especialmente la provincia de Osorno, en la última década.

9 ataques suma San Juan Firmó con la OIT, que busca un marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.