Vicente Pereira

A la Corte Suprema, si fuese necesario, recurrirá el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate (Independiente), para frenar el desarrollo de parcelaciones que carecen de "regulación".

Esto, luego que el Juzgado de Policía Local de esa ciudad dejara sin efecto un decreto, mediante el cual la Dirección de Obras Municipales (DOM) paralizaba las faenas de los proyectos parceleros "Huillín" y "Parque Bosques Inundados", de propiedad de la empresa "Los Hualves Spa".

Al respecto, Gárate dijo estar tranquilo, ya que la facultad de determinar la legalidad de "nuestras acciones respecto a la paralización de estas iniciativas no radica en el Juzgado de Policía Local", sino que en la Corte de Apelaciones, o incluso en la Suprema. Por lo tanto, dicha decisión respecto al origen de la denuncia sobre urbanizaciones rurales que determina que no debe surgir desde la DOM, sino que desde la Seremi de Vivienda, no sería la correcta.

Además, justifica su actuar basado en el mandato que faculta a los municipios de cautelar la normativa urbanística, tanto dentro como fuera de la ciudad.

De ahí su tranquilidad. Más cuando señala que el proceso se está evaluando en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por lo que está a la espera de que esta materia sea resuelta.

Sobre los decretos de paralización, el alcalde indica que es el tribunal de alzada el estamento que tiene que "pronunciarse respecto a la legalidad de los actos. Pero nosotros estamos convencidos de que estamos actuando conforme a lo establecido en la ley y al mandato que nos establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, sobre cautelar que las construcciones dentro y fuera de la ciudad se efectúen con sus permisos de edificación".

Por lo demás, subraya que se trata de una situación "tan crítica que otros organismos, en la misma línea que la nuestra, han efectuado denuncias penales de otro tipo, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), acusando urbanizaciones irregulares. Y en los casos que han presentado daños ambientales graves, el Consejo de Defensa del Estado presentó demandas por daño ambiental al Tribunal Ambiental".

Consultado sobre cómo enfrentará un escenario de revés en la Corte de Apelaciones, respecto a los costos que ello pudiese involucrar para el municipio, como lo plantea el concejal Marcelo Salazar (UDI). coloca el acento en que "estamos concentrados en aplicar la ley, para lo cual hemos trabajando en compañía de otros organismos públicos que cautelan que la normativa urbanística se efectúe de manera regulada, que es nuestra visión".

En todo caso, establece que "no estamos por prohibir, sino que por aumentar los estándares para que el desarrollo habitacional fuera de la ciudad se ejecute, pero con normas, que es lo que no está funcionando. Y en caso de tener un pronunciamiento negativo, recurriremos a la Corte Suprema porque tenemos un mandato legal. No es acción circunstancial".

"Paso al lado"

Sobre esta materia, el senador Fidel Espinoza plantea que la determinación del Juzgado de Policía Local les otorga la razón respecto a que no es legal lo que están efectuando algunos municipios, no solo el de Puerto Varas, sino que también el de Valdivia, que "quieren impedir que una familia se traslade a vivir a un sector rural, ya que conciben la parcelación como un aspecto negativo para el desarrollo de las comunas. Yo creo que es todo lo contrario: cuando en el mundo se va hacia un sistema de ruralización, aquí los alcaldes pretenden impedirlo y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ha estado empeñado en obstaculizarlo de manera contraria a los principios básicos que otorga la Constitución, como lo es la libertad de elegir el lugar para vivir libre sanamente".

En su análisis, añadió que esta situación significa que el ministro de Agricultura debiese dar un paso al lado, porque ha estado concentrado en temáticas que no forman parte de la contingencia del Chile real y de lo que le interesa a la pequeña y mediana agricultura. "Nos ha tenido desprotegidos como ministro y ha estado preocupado de las parcelaciones, del impuesto específico de los combustibles, de las aves silvestres, pero no en los problemas que afectan en el día a día, y en especial para la gente del sur que espera que esta cartera sea un soporte importante para el desarrollo de sus actividades".

Asimismo, destaca que "tenemos pensado realizar una buena ley que regule las parcelaciones, como se lo dijimos a los ministros de Vivienda y de Agricultura, respecto a que el que exista una mayor regulación no significa que exista la prohibición absoluta, como la quiere este gobierno, porque ello significa que el día de mañana solo la gente con dinero podrá vivir en el campo, lo que no corresponde, ni es justo".

2022 el 15 de julio, el SAG decretó la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos.

Jorge Marín Villalobos, de 32 años, fue declarado culpable por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, del delito de incendio, tras quemar maquinarias en un contexto de violencia rural en el sector Cutipay Alto de la capital de Los Ríos, además del delito de receptación, ambos cometidos en junio de 2020.

Durante la audiencia, el fiscal Jaime Calfil presentó una serie de pruebas con las que acreditó que el acusado cometió este delito junto a un grupo de personas, en una parcelación ubicada en el sector costero.

Según antecedentes de la Fiscalía, el acusado y sus acompañantes llegaron al lugar a las 20.30 horas del 28 de junio de 2020, premunidos de armas aparentemente de fuego con la intención de incendiar maquinarias, lo que concretaron vertiendo líquidos acelerantes sobre un rodillo compactado, dos retroexcavadoras, un camión y dos container, para luego prenderles fuego. Los daños fueron valorados en $200 millones.

El acusado fue condenado además por el Tribunal como autor de un delito de receptación de especies que fueron encontradas en el interior de su casa ubicada en el Lof Antillanca, en el sector Las Minas.

Durante el juicio oral, el tribunal absolvió al acusado por el delito de cultivo de marihuana, ya que no se pudo acreditar si las plantas que tenía en su casa eran suyas o de su pareja. El tribunal también lo absolvió de un delito de robo con intimidación contra los guardias del predio, cometido el mismo día del incendio, debido a que no fue posible acreditar que el autor del robo fue el acusado y no uno de sus acompañantes.

La Fiscalía solicitó que Marín sea sentenciado a cumplir una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y el pago de una multa de 15 UTM como autor del delito de incendio; y a 3 años y un día de presidio menor en su grado medio, además del pago de una multa de 50 UTM, como autor del delito de receptación.

La audiencia de lectura de sentencia fue programa por el tribunal para las 14 horas del viernes 21 de abril.

Delegación

Desde la Delegación Presidencial Regional, a través de un comunicado, expresaron: "Reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad, tal como hemos enfatizado en múltiples ocasiones. Cualquier acto que atente contra la vida de las personas y el orden público merece sin duda el rechazo de todos".