Yenny Álvarez

A un segundo caso de trata de personas, con fines de explotación sexual, fue vinculada la ciudad de Puerto Montt, de acuerdo a información difundida ayer por la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Los antecedentes aportados por el ente persecutor del país cafetero señalan, que desde el año 2019, un "clan familiar" enviaba a mujeres jóvenes de escasos recursos a Chile, ofreciéndoles "tentadoras expectativas laborales", sin detallar sin entre ellas había menores de edad.

Desde Colombia, Hugo Tovar, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, explicó que las víctimas eran reclutadas en sectores vulnerables de la zona colombiana de Manizales.

Posteriormente, los integrantes del "clan" les tramitaban los pasaportes y les proporcionaban los pasajes aéreos para trasladarlas primero a Bogotá y luego a Chile.

Una vez llegadas a territorio nacional, les retenían los documentos y eran derivadas a prostíbulos ubicados en Puerto Montt, Osorno y Temuco. En estas ciudades se les imponía una deuda que iniciaba en 5 millones de pesos colombianos (unos 900 mil pesos chilenos), monto que aumentaba si las jóvenes no accedían a ejercer las prestaciones sexuales que exigían los clientes.

27 víctimas acreditadas

El modo de operar de esta banda criminal quedó en evidencia gracias a la recopilación de 350 audios, y en el curso del proceso se acreditó a 27 víctimas, de las cuales cuatro entregaron sus testimonios.

Detallaron que sus captores las mantenían encerradas y hacinadas en pequeñas habitaciones, en medio de precarias condiciones de salubridad.

En esos mismos lenocinios habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web.

También les exigían grabar videos con contenido explícito, mostrando sus rostros. Dichos registros eran utilizados como método de extorsión para que no escaparan.

De manera adicional, se "estableció que la organización habría girado de Chile a Colombia los dineros que recibía por los actos de explotación sexual y así cubrir los gastos para ubicar a más jóvenes", indicó el director Tovar.

Finalmente, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN de Colombia, en coordinación con la PDI, detuvieron a siete personas de esta red, quienes fueron imputadas -de acuerdo a su legislación- por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Además, a una de las detenidas, también se le formuló el cargo de tortura. Todos los procesados quedaron en prisión preventiva en centros carcelarios de Colombia.

"recibieron asistencia"

Consultada por este caso, la delegada presidencial, Giovanna Moreira, destacó en primer lugar "la labor que realizan policías de otros países contra la explotación de personas" y en ese marco anunció que se contribuirá a todas las diligencias que el Ministerio Público estime convenientes.

Por otra parte, confirmó que el Ministerio del Interior está analizando los antecedentes aportados por la Fiscalía colombiana, ya que este caso estaría vinculado con una causa chilena de 2019, donde hubo ocho imputados (ver nota lateral). Sobre las víctimas, dijo Moreira, en esa oportunidad "recibieron asistencia" y que "algunas retornaron a su país de origen y otras se quedaron en Chile".

Control migratorio

Preocupación generó esta noticia en diputados del distrito 26. Esto debido a que se trata del segundo caso de tales características descubierto en funcionamiento en la zona. En marzo de 2022 se develó que en un inmueble del centro de Puerto Montt, mujeres provenientes de Venezuela y Colombia, ingresadas de manera irregular al país, eran forzadas a ejercer el comercio sexual.

Al respecto, el diputado RN, Mauro González, manifestó que "son muy grave los hechos relatados y se reafirma que nuestro país y región están enfrentando bandas criminales de una magnitud sin precedentes".

Por ello expuso la necesidad de "redoblar los esfuerzos" en medidas de prevención y seguridad ciudadana; mayor respaldo y dotación a las policías; además de armamento, tecnología y facultades de control migratorio.

En relación a este último punto, González espera que "la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva a los extranjeros indocumentados, y que hayan sido detenidos, se concrete en la Región de Los Lagos".

Además, en el ámbito legislativo, manifestó su "compromiso de seguir impulsando normas vinculadas a la seguridad", como la Ley Nain-Retamal de la cual fue coautor.

Por su parte, para el diputado liberal, Alejandro Bernales, el arresto del mencionado clan colombiano "es una noticia positiva, que demuestra que la coordinación internacional de las policías está funcionando para poder justamente detener a este tipo de bandas".

350 audios permitieron esclarecer el entramado utilizado por la banda para ejercer la trata de personas, con fines de explotación sexual.

5 millones de pesos colombianos era la deuda que le imponía el "clan" a las víctimas una vez en Chile.

La Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones detuvo, a fines de marzo de 2022, a cinco integrantes de una banda dedicada al delito de trata de personas con fines de explotación sexual en distintas ciudades del sur de Chile, entre ellas Puerto Montt. En esa oportunidad, y tras una investigación de seis meses, se estableció, además, que dichas personas mantenían vínculos con una de las organizaciones criminales más grandes de Venezuela: el conocido "Tren de Aragua". Respecto a la víctimas, se sindicaron en un inicio entre seis y ocho, pero meses después el número aumentó a más de 10.

A raíz de los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país, el diputado por el distrito 25, Daniel Lilayú (UDI), presentó un proyecto de ley que impone a todos los propietarios de plantaciones forestales la obligación de construir y mantener cortafuegos en sus terrenos, con el fin de proteger a la población que se encuentre viviendo en los sectores colindantes.

En el detalle, la iniciativa legal establece que "los propietarios de predios forestales colindantes a zonas urbanas y residenciales tendrán la obligación de construir y mantener cortafuegos", los que a su vez se entenderán como "aquella porción de terreno desprovista de vegetación combustible", aunque en su defecto también se permitirán "construcciones u otros elementos destinados a contener y detener la propagación del fuego" en caso de alguna emergencia forestal.

"Hemos presentado este proyecto de ley con el claro objetivo de contribuir en el combate de los incendios forestales. Lo hacemos estableciendo una clara disposición para todos los propietarios de plantaciones forestales", manifestó el diputado Daniel Lilayú.