En esta época la búsqueda y compra de uniformes escolares es una de las principales preocupaciones de los padres y apoderados. Arraigado fuertemente en nuestro sistema educativo, el uso del uniforme escolar, ha sido objeto de atención por parte de la normativa educativa, expresada en leyes, decretos y circulares dictadas por las autoridades competentes.

El marco general para las materias de convivencia escolar y reglamentos internos está dado, en primer lugar, por los cuerpos normativos de aplicación general, como son la Ley General de Educación (20.370) y la Ley de Inclusión Escolar (20.845). Sin perjuicio de ello, el detalle aplicado a la regulación de uniformes escolares se encuentra principalmente en normas reglamentarias, dictadas al alero de esta legislación.

Principalmente, encontramos aquí el Decreto 215 de 2009 del Ministerio de Educación, que reglamenta el uso de uniformes escolares y la Circular sobre Reglamentos Internos de la Superintendencia de Educación del año 2018.

En ellos, según plantea Rodrigo Castillo, académico de Derecho de la Universidad de Las Américas Sede Concepción, se detalla que el uso obligatorio del uniforme escolar debe estar señalado expresamente en el Reglamento Interno de cada establecimiento, junto con las normas sobre su uso. En caso de que un establecimiento decida el cambio de uniforme que utilizarán los estudiantes, deberá comunicarse a más tardar en el mes de marzo de cada año, y con a lo menos 120 días de anticipación a la fecha en la cual el cambio se hará efectivo.

El incumplimiento del uso del uniforme escolar en ningún caso puede significar que se sancione con la prohibición de ingreso al establecimiento escolar.

Todas estas consideraciones deben tomarse en cuenta al momento de aplicar el uso de los uniformes escolares, el cual debe atenerse, como señaláramos, al respectivo reglamento interno; pero también, en el marco de una normativa más amplia orientada, en lo pertinente, por el Ministerio y la Superintendencia de Educación.

A lo largo del año 2022, la población Camilo Henríquez de la ciudad de Castro vivió en carne propia el drama, primero, y la alegría, luego, de lo que significa una reconstrucción de viviendas como respuesta a una catástrofe. Desde la empresa osornina Avifel, tuvimos el privilegio de ser parte de este proceso, en donde en tiempo récord se conformó una alianza público-privada de financiamiento mixto, con un aporte mayoritario de la industria salmonera presente en Chiloé, y articulada socialmente por "Desafío Levantemos Chile".

Tan solo 11 meses después del incendio, 68 familias ocupaban sus casas completamente terminadas y amobladas.

A pesar del modelo exitoso ya probado en Castro, que con correcciones menores podría ser aún más efectivo, con estupor me percato de que no está siendo considerado para los megaincendios de la zona centro-sur. Al contrario, a estas alturas ya resulta evidente que el gobierno central intenta asumir el rol protagónico, y quitar espacio a las organizaciones privadas que, por un lado, interactúan directamente con las comunidades y que, por otro, pueden financiar rápidamente la reconstrucción.

Las consecuencias de este modelo público-centrista de reconstrucción son predecibles. La burocracia faraónica se apoderará rápidamente del proceso, con la proliferación de resoluciones mediocremente formuladas, recursos que no llegan a los hacedores en terreno, licitaciones generadoras de polémica, comunidades desinformadas del proceso y numerosos funcionarios con onerosos estipendios cuyas revisiones se requerirán para avanzar hacia la reconstrucción real.

A estas alturas es posible afirmar que este año 2023 perderemos en la zona centro-sur la oportunidad de instalar un modelo de reconstrucción de viviendas implementable en cualquier lugar del país, y en donde las soluciones rápidas, ágiles y participativas con la comunidad, sean también definitivas, de calidad y de alto estándar. Si una medida ha logrado ser exitosa, ¿por qué no seguirla cada vez que resulte necesario?

Son las iniciativas como la reconstrucción en Chiloé, que requieren del trabajo mancomunado de todos los sectores, aquellas que entregan soluciones efectivas a las familias que lo necesitan. Es la alianza público-privada aquella que impulsa el desarrollo de los países a través del principio de colaboración, y que como CChC, promovemos.

Ignacio Ávila, presidente Comité de Vivienda, CChC Osorno